Varios vecinos de los barrios de Juan Grande, Castillo del Romeral, Salinas del Matorral y Los Rodeos han presentado partes médicos de lesiones en los que manifiestan los daños provocados por las tormentas de arena y polvo generadas por la extracción de áridos por parte de las machacadoras situadas en el barranco de Tirajana, entre la autopista GC-1 y la central térmica de Juan Grande, según ha informado su abogado, Antonio Hernández. Los problemas de arena y polvo afectan a unas 5.000 personas, sin incluir a la población del centro penitenciario.
Por ese motivo, han vuelto a reclamar la clausura de las machacadoras de Horcasa y Pedro Mendoza, esta última aún operativa porque mantiene un proceso de litispendencia que impide que el Ayuntamiento pueda actuar, mientras que sobre la primera, recuerda el abogado, pesa una orden de cierre desde hace un año, refrendada por el Juzgado de lo Contencioso número 4 de Las Palmas de Gran Canaria. "Existe un escrito administrativo y otro judicial que manifiestan que Horcasa no tiene licencia municipal para ejercer la actividad", apuntó Antonio Hernández, "por eso no entendemos por qué continúa operando; debería aclarar esa situación".
Según explica el letrado, el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana "respondió recientemente que la empresa no tiene licencia de actividad" y en el documento "dice que esa ausencia de licencia municipal equivale a la clandestinidad". A este respecto, el consejero delegado de Horcasa, José Luis Brito ya afirmó hace unos meses que la compañía cuenta con todos los permisos expedidos por Industria. "Desde 1983 contamos con un título habilitante y todos los permisos necesarios por parte de Industria", apuntó.
Los vecinos afectados residentes en el Castillo del Romeral, Salinas del Matorral, Juan Grande y Los Rodeos interpusieron hace dos meses una nueva denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Las Palmas de Gran Canaria contra la compañía al entender que existe un posible delito de desobediencia. "Queremos saber si nosotros tenemos razón, o la tiene la empresa", manifestó Hernández, "será la Justicia la que deba pronunciarse sobre esta situación".
Decreto de cierre vigente
"No entendemos cómo no teniendo ningún instrumento administrativo o judicial que le permita estar abierta, la empresa sigue trabajando", agregó el abogado, "si no hay ninguna resolución que lo permita y sigue abierta, existe una desobediencia, motivo por el cual debería cesar en sus actividades". Hernández añade que a sus representados sólo se les ha notificado que el decreto de cierre dictado por el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana hace un año continúa aún vigente.
Por otro lado, el representante de los vecinos afectados afirma que en una reunión ayer con técnicos del Gobierno de Canarias corroboró que ninguna de las empresas de extracción de áridos que aún permanecen activas en la zona cuenta con el APCA, la autorización para la producción de contaminantes atmosféricos. "No están autorizados, y los vecinos están pasando un verano horroroso con una tormenta de polvo tras otra", puntualizó.
A este respecto, Hernández criticó el desinterés por parte del Ejecutivo regional. "El Gobierno sabe perfectamente que las empresas carecen de APCA, pero a día de hoy no ha tomado decisiones al respecto, a pesar de que los vecinos lo han denunciado en numerosas ocasiones", lamentó el letrado. "Parece que no importa que los vecinos estén sufriendo las consecuencias de la inhalación de la arena y el polvo que se genera".
Aunque las empresas están instaladas en la zona desde hace más de dos y tres décadas, los vecinos están sufriendo esta situación desde hace aproximadamente seis años. "Las machacadoras llevan ahí treinta años, pero los problemas han surgido a raíz de la construcción del Centro Penitenciario Las Palmas II, pues el edificio ha provocado que los vientos se redireccionen", matizó Hernández.
Los ciudadanos afectados se concentraron hace unos días a las puertas de los ayuntamientos de San Bartolomé de Tirajana y Santa Lucía de Tirajana para exigir el cumplimiento de la ley y el cierre inmediato de las instalaciones.
