"No podíamos atender a mi madre, pero teníamos el dinero justo para sobrevivir, así que nos quitábamos gastos, no solo para caprichos sino hasta de comida, para pagar su residencia", relata la hija de una anciana dependiente interna en el centro sociosanitario Villa de Agüimes, denunciante junto a otras seis familias de los cobros indebidos facturados durante dos años y medio al disfrutar de una plaza pública con subvención autonómica.

Precisamente, la recurrente prefiere no desvelar su nombre y apellidos tanto para impedir la identificación de su progenitora, todavía usuaria en la residencia de mayores, como para evitar alguna injerencia en el proceso, aún pendiente de resolución en la vía judicial. No obstante, Lucía, nombre ficticio, muestra su "satisfacción" por la primera condena contra el Ayuntamiento de Agüimes, firmada a principios de septiembre pero difundida el pasado lunes, y confía en la próxima emisión de otras sentencias favorables al reintegro de las cuotas excesivas percibidas entre principios de 2014 y principios de 2016 por la corporación municipal, entonces presidida por Antonio Morales y ahora dirigida por Óscar Hernández.

De hecho, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 5 de la capital grancanaria obligó al municipio del sureste grancanario a devolver a una anciana dependiente casi 30.000 euros por los cobros indebidos, además del pago de las costas procesales. No en vano, resulta "patente que las cantidades abonadas (...) lo eran por los servicios recibidos y que las subvenciones recibidas por el Ayuntamiento estaban dirigidas a la financiación, de carácter finalista, de determinadas plazas ocupadas por personas identificadas por la propia corporación municipal, las cuales debieron ver minorada la aportación inicial exigida por las subvenciones que a esa plaza se destinaban y se destinan por el IASS [Instituto de Atención Social y Sociosanitaria, dependiente del Cabildo de Gran Canaria] y que percibió y percibe la administración municipal", argumenta el magistrado-juez en su sentencia firma, sin posibilidad de recurso.

Una vez se resuelvan los procesos civiles en tramitación por diversos juzgados, entre finales de año y principios de 2019, las familias valorarán la posible denuncia de los cobros indebidos por la vía penal, según avanzaron esta semana las propias víctimas. "Entendemos que alguien tiene ser responsable de todo esto porque robaban a mi suegra, el Ayuntamiento del señor Antonio Morales se quedaba con el dinero de la Ley de Dependencia", argumentó el pasado martes Candelaria Pérez, vecina de Valsequillo y primera denunciante del caso junto a su marido, en referencia al actual presidente del Cabildo de Gran Canaria y dirigente de Nueva Canarias.

Desempleada durante los últimos 18 años y madre de tres hijos, Candelaria Pérez recordó los esfuerzos económicos realizados por una familia de "gente normal y corriente" para abonar durante un lustro las cuotas mensuales de 1.200 euros a la residencia de mayores hasta el fallecimiento de su suegra en noviembre de 2016 a los 98 años, gastos asumidos gracias a los ahorros de la anciana dependiente.

Informada de la práctica irregular por la vecina de Valsequillo durante sus visitas al centro sociosanitario, Lucía interpuso también un recurso contencioso administrativo después de atravesar apuros monetarios aún mayores porque, como hija única, debió ayudar en solitario a su madre para pagar desde 2012 su plaza residencial, con un coste superior a la pensión de la nonagenaria dependiente. Vecina de un municipio colindante con Agüimes y ama de casa durante su vida laboral, la septuagenaria solo contó con la jubilación de su marido ante las dificultades económicas también sufridas por la descendencia del matrimonio, varios jóvenes en proceso de emancipación familiar.

"Eso sí, lo cortés no quita lo valiente, mi madre está muy bien atendida ahí", destaca Lucía sobre la residencia de mayores Villa de Agüimes, otra vez centro de la polémica esta semana tras la primera condena por los cobros indebidos a mayores dependientes.