La diputada y portavoz del Partido Popular en Asuntos Sociales en el Parlamento de Canarias, Pepa Luzardo, denunció ayer a través de su cuenta de Twitter que el Cabildo de Gran Canaria no le permitía asistir como invitada a la comisión de Asuntos Sociales en la que se abordaba el tema los cobros indebidos de la residencia de Agüimes. En ese mismo tuit, Luzardo se preguntaba "qué esconden", y anunciaba que defendería en el Parlamento de Canarias a los dependientes en el próximo pleno, donde tiene previsto presentar una pregunta sobre el asunto. Tras consultar a los servicios jurídicos del Cabildo sobre si era posible la presencia de una diputada en este encuentro, la comisión permitió el acceso a la popular.
Su compañero de partido y portavoz del PP la institución insular, Carlos Ester, preguntó a la consejera de Política Social y Accesibilidad, Carmen Luz Vargas, sobre las acciones que han llevado a cabo y las que podrán en marcha desde el Cabildo de Gran Canaria tras conocerse la primera sentencia en firme, emitida por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, sobre el cobro indebido de prestaciones de dependencia por las plazas de la residencia de Agüimes. A través de la misma red social, Luzardo relató que "la consejera ha dejado claro que no hará nada", con el objetivo de proteger al presidente del Cabildo insular y dirigente de Nueva Canarias, Antonio Morales, a lo que añadió que "esto traerá cola". Del mismo modo, Pepa Luzardo explicó que la consejera socialista, a pesar de que ya hay una sentencia en firme, "no va requerir al Ayuntamiento de Agüimes que abone el importe a todos los afectados por el cobro indebido y que el Cabildo solamente fiscaliza el convenio que firma con el Consistorio".
El próximo martes, el Grupo Popular trasladará al Parlamento de Canarias la misma cuestión formulada ayer en el Cabildo insular sobre las medidas que tomarán ante las irregularidades de la residencia de Agüimes. Luzardo recordó que ya han preguntado anteriormente por este asunto a la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, y a su predecesora en el cargo, Patricia Hernández, pero "hasta ahora, que se ha conocido la sentencia, no sé cuáles son los pasos que se han dado. El único movimiento que hubo fue que, a través de Hernández, se le impuso al Ayuntamiento de Agüimes que los usuarios solo tenían que pagar 230 euros mensuales como copago". A esto, Luzardo añadió que "no es normal que un ciudadano tenga que recurrir por la vía judicial, porque la Administración no le ha hecho caso".
Cobros indebidos
La diputada popular detalló que los catorce afectados por este caso desembolsaban 14.000 euros anuales por cada plaza, a pesar de que con el copago debía abonar tan solo 2.760 euros al año. Además, estos usuarios contaban con otros 23.000 euros, asignados por el Programa Individual de Atención (PIA) del Gobierno de Canarias, alcanzando cada plaza el importe total de 37.000 euros. "Nadie dice nada, a pesar de que estamos hablando de dinero público y de personas dependientes", apuntó Pepa Luzardo. "Estamos hablando de un caso denunciado en julio de 2016, han pasado dos años desde que se desveló este escándalo, y me consta que el Ayuntamiento de Agüimes está buscando abogados para presentar un recurso de casación en el Tribunal Supremo, con el objetivo de dilatar el caso", afirmó Luzardo. Quien, en ese sentido, explicó que entiende que "lo que busca el consistorio, y supongo que Antonio Morales, es atrasar la resolución para que no salte en pleno proceso electoral".
Como primera medida, Luzardo detalló que hace meses solicitaron a la Comisión de Hacienda que la Audiencia de Cuentas fiscalizara los números del Ayuntamiento de Agüimes, del año 2013, siendo alcalde Antonio Morales. Esta solicitud terminó con la recomendación por parte del órgano de elaborar un organigrama para regular las relaciones entre servicios y coordinar las diferentes áreas, además de reforzar el control y supervisión de las actuaciones realizadas, para mejorar los procedimientos y evitar deficiencias. Ahora, para ahondar más en el asunto, el Grupo Popular requerirá la fiscalización de las cuentas de la residencia de Agüimes, "porque queremos saber quiénes pagaban, cuánto pagaban, por qué pagaban y cómo se justificaban esos pagos", concluyó la diputada popular.
Pepa Luzardo afirmó que su objetivo es defender a los dependientes, "ya que nos parece injusto que los ciudadanos tengan que ir a defender sus derechos por la vía judicial, cuando hay una administración que, presuntamente, actuaba mal a sabiendas". A esto añadió que "ningún abogado, ni ningún funcionario de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Agüimes, le podría haber dicho al alcalde en ese momento el actual presidente del Cabildo de Gran Canaria, que el importe asignado por el Programa Individual de Atención no era individual y nominativo".
