Los afectados por las expropiaciones que se deberían de acometer en la franja costera de la Villa de Moya con el Plan Territorial Parcial del Litoral del Norte: Arucas-Moya-Guía (PTP-15), planteado inicialmente por el Cabildo de Gran Canaria, han formado un frente común para defender sus viviendas y tratar de paralizar el proyecto.

En el plazo de exposición pública del documento, los vecinos presentaron más de 300 alegaciones por registro de entrada de la Corporación insular a la que, además, solicitan más consenso, información y transparencia. En total, entre los tres municipios norteños incluidos en el plan suman 282 viviendas que, según los planos y referencias catastrales, tendrían que ser realojadas y, en el caso concreto de Moya, los técnicos municipales aseguran que el espacio que se contempla en el PTP-15 para la reubicación de las residencias resulta insuficiente.

Por este motivo, Iván Navarro, abogado residente en El Pagador y portavoz de los vecinos afectados, denunció que el Cabildo de Gran Canaria "en un tema tan delicado y que afecta a lo más íntimo como es que podamos perder nuestras viviendas, no nos ha dado información" y aseguró que "solo el Ayuntamiento de Moya nos ha informado sobre el proyecto y sobre las alternativas que han planteado".

En este sentido, Navarro reclamó, al menos, una reunión "de cortesía" con la Consejería de Política Territorial para que expliquen "un tema tan duro como es el urbanismo y más teniendo en cuenta que muchos de los afectados en la costa de Moya son personas mayores". Del mismo modo, este periódico trató de ponerse en contacto sin éxito con la consejera insular de Política Territorial, Inés Miranda.

El portavoz de los vecinos explicó que los afectados se han movilizado de forma individual para formalizar alegaciones, "la mayoría han seguido un modelo estándar, pero otros lo han adaptado a la situación de sus viviendas, porque unos están en zona de dominio público y otros en zona de servidumbre de paso". Estas alegaciones agotan la vía administrativa, por lo que si la respuesta por parte del Cabildo es seguir adelante con el proyecto del PTP-15, el siguiente paso que darán los vecinos será un recurso por lo contencioso. "Para defender nuestras casas llegaremos a donde tengamos que llegar", aseveró Navarro.

Los vecinos ven con buenos ojos la alternativa que presenta el Ayuntamiento de Moya de resolver el trazado de la Vía de Alta Capacidad mediante la ejecución de un túnel, y que fue propuesta por el propio Cabildo antes de la aprobación inicial del documento, pero retirada finalmente del proyecto expuesto públicamente. De esta manera, además de muchas de las expropiaciones, se evitaría que el litoral moyense quede plagado de muros de hormigón para la contención de los ocho carriles con los que contaría la vía, dos en dirección a Las Palmas de Gran Canaria y dos en dirección norte, que se añadirían a los otros cuatro que existen en la actualidad y que se convertirían en un eje verde estructurante.

Además, la creación del túnel "evitaría consumir más terreno y habría más espacio para la reubicación de los vecinos", afirmó Navarro. Quien añadió que "resulta curioso que en Arucas y Guía se prevea una zona para el realojo, pero no esté definido en el caso de Moya, por lo que no sabemos ni siquiera dónde nos van a reubicar". El portavoz vecinal considera que es "un trato discriminatorio" y que la reubicación de El Pagador se convertiría en "un éxodo como el de los judíos". Navarro explicó también que el barrio se construyó en la costa porque su origen data de la época en la que las fincas de plataneras se extendían hasta el litoral, por lo que los trabajadores construían sus viviendas pegadas al mar.

"Yo no me puedo meter en la cabeza de Antonio Morales, pero como espectador, si analizo el PTP-15 y veo que trata de forma diferente a la costa de Moya que a la de Arucas y a la de Guía, municipios donde gobiernan colores políticos afines a la corporación del Cabildo, me puedo imaginar por qué nos discriminan de esa forma", aseveró Iván Navarro.

"No se trata solo del trazado de la carretera o el atropello que se comete con Moya, lo más grave y lo que más nos duele al Ayuntamiento es cómo afecta a tantas y tantas familias con las que no se está teniendo ninguna sensibilidad", manifestó el alcalde moyense, Poli Suárez, sobre la propuesta del Cabildo. En este sentido, Suárez también recalcó que paralizar el PTP-15 "no es ningún capricho del Ayuntamiento y los vecinos de Moya para perjudicar al Norte, es una cuestión muy delicada porque hablamos de personas y sus bienes más preciados". Asimismo, subrayó el edil, "tampoco es un conflicto de siglas políticas ni una persecución a esta Corporación insular", pues recordó que diferentes gobiernos locales han venido mostrando el rechazo a este planteamiento desde los años 90 y "en la legislatura pasada, con un presidente del PP, ya logramos paralizarlo por lo dañino que resulta para la Villa de Moya".