El expediente se aprobó a prisa y corriendo, sin el preceptivo informe jurídico que lo avalara, sin un análisis detallado por los responsables políticos y funcionarios y, de paso, el misterio de la presencia o ausencia de dos ediles en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajanaque aprobó el 11 de enero de 2005 el convenio para la adquisición de parcelas privadas para crear un parque eólico en El Doctoral, en Santa Lucía.
Y que, según las acusaciones, favoreció presuntamente al esposo de una concejala del grupo de gobierno de esa etapa, gerente de una de las empresas con las que se acordó una permuta de suelo por participaciones en la entidad mixta que gestionaría el parque eólico. Un trueque, en opinión de Fiscalía, que permitiría a esa empresa obtener 3,6 millones durante la vida del parque, mientras que el valor de la parcela era de 120.202,42 euros.
Éste es el escenario, por lo escuchado en la primera jornada del caso Palmera, que juzga desde este lunes la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas, la presunta comisión de los delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y cohecho sienta en el banquillo al exalcalde de Santa Lucía en 2005 Silverio Matos y al concejal de Urbanismo, Antonio Miguel Ruiz, para los que la fiscal solicita una pena de ocho años de inhabilitación especial para el ejercicio de empleo y cargo público, además del abono de las costas del juicio. El ministerio público propone el sobreseimiento provisional de dos particulares.
Más exige la acusación popular ejercida por Rufino Pérez, exconcejal de Santa Lucía en la época de los hechos denunciados, quien además de a ambos políticos, reclama condenas también para los dos particulares eximidos por la fical y que eran representantes de una entidad mercantil en ese tiempo. Para Matos y Ruiz, a quienes acusa de prevaricación administrativa, cohecho y tráfico de influencias, pide 10 años de inhabilitación especial, el abono de las costas del proceso, seis años de cárcel por cohecho y junto a los dos particulares, un año de prisión por tráfico de influencias. A estos dos últimos, además, les pide una multa de 765.023,51 euros.
La primera de las cinco sesiones previstas en la Sección Primera, presidida por el magistrado Miguel Ángel Parramón, se inició con el acuerdo de dar por leídas los escritos de Fiscalía y acusación popular para agilizar el juicio. José María Guerra, abogado de la defensa, propuso la inclusión de varias pruebas documentales para mostrar que era pùblica y notoria la decisión del Ayuntamiento de crear un parque de aerogeneradores.
A este argumento respondieron la fiscal recordando que ya en el Boletín Oficial de Canarias de 2003 se publicaba las bases del concurso eólico y no solo en los periódicos que aportaba, mientras que el abogado de la acusación popular pidió que se rechazaran por ser extratemporales, ya que se presentan en 2018. El presidente de la Sala, no obstante, estimó las pruebas como procedentes para su inclusión en el procedimiento.
Pedro Medina Hernández, arquitecto municipal y responsable de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Santa Lucía desde 1972 a 2006, fue el encargado de redactar el informe de calificación urbanística sobre las parcelas públicas y privadas donde se pretendía ubicar el parque eólico.
El exfuncionario negó cualquier presión de los concejales y expuso que en la elaboración del informe no sabía de quién era propiedad las parcelas privadas ni su valor porque no vio el expediente elaborado por Intervención. Recordó que el 10 de enero le pidieron su dictamen técnico "y se nos dio prisa por la urgencia para aprobar el convenio". La fiscal pidió que le explicara quién había determinado que esas parcelas eran las adecuadas, a lo que contestó que se había redactado el Plan General hacía poco tiempo y que esa zona era la más idónea para la instalación de un parque eólico.
El segundo testigo fue José Victoriano González, interventor desde 1980 a 2013 en Santa Lucía. Afirmó a preguntas de la representante del ministerio público que no recordaba haber visto el convenio con la empresa dueña de los terrenos, cuyo gerente es familiar de la concejala del grupo de gobierno en aquella etapa Inmaculada Ramírez. Solo había visto el informe del arquitecto municipal, una práctica que sorprendió a la acusaciónn.
El abogado de la defensa de Silverio Matos describió que el proyecto surgió de la Mancomunidad del Sureste, que Santa Lucía se planteó la permuta con los dueños de los terrenos porque no tenía consignación presupuestaria para pagarlo y que el Ayuntamiento defendió el interés general, ya que se quedó con el 51% de la entidad mixta frente al 49% de la parte privada, a la que se le dio participaciones del 9 por ciento a dos de ellos y del 31 por ciento a otra, según la superficie aportada en el convenio.
El gerente de la entidad supramunicipal, ingeniero municipal y redactor del proyecto, Rafael Sánchez, admitió que se hizo para el Ayuntamiento de Santa Lucía, negó conocer en esa época la titularidad de las parcelas. Reiteró que ese proyecto surgió para ganar la concesión y que esos terrenos particulares eran necesarios porque solo con los públicos no se podría.
