Silverio Matos, alcalde de Santa Lucía entre 2000 y 2013, expresó ayer su deseo porque acabe por fin el caso Palmera, "ya que durante estos años se nos ha acusado injustamente por una decisión que era beneficiosa para los ciudadanos y el Ayuntamiento". Matos, quien fue el único de los cuatro acusados que usó el turno de palabra en la última sesión del juicio que desde el lunes se ha celebrado en la Sección Primera de la Audiencia Provincial, declaró que "en la misma situación, volvería a hacer lo mismo porque era un proyecto bueno para el municipio".
Finalizada dos días antes de lo inicialmente previsto, el presidente de la Sala, Miguel Ángel Parramón, dejó vista para sentencia la causa sin que hubiera sorpresas en las conclusiones definitivas presentadas por las acusaciones y las defensas, quienes optaron por mantener las peticiones iniciales. El proceso ha juzgado la comisión de los presuntos delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y cohecho en torno a las permutas aprobadas por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santa Lucía celebrada el 11 de enero de 2005 para adquirir parcelas privadas para un parque eólico.
La última jornada del juicio se inició con el testimonio de Matos, quien anunció que no contestaría las preguntas de la acusación popular, defendió la legalidad del acuerdo adoptado para recibir las parcelas particulares necesarias para construir un parque eólico de 15 megawatios que les permitiera ganar el concurso eólico convocado en 2004 por el Gobierno canario. Reiteró, a preguntas de la fiscal, que la permuta era la opción mejor para el Ayuntamiento porque garantizaba que sería el titular del 51% de las participaciones de la futura entidad mixta, mientras que los propietarios del suelo se repartirían en la proporción del 9% cada una para dos mercantiles y del 31 por ciento para la que cedió la mayor superficie, ya que ese fue el criterio seguido para la distribución societaria.
Aseguró, además, que volvería a hacer lo mismo porque es un proyecto beneficioso para los ciudadanos de Santa Lucía y el Ayuntamiento y lamentó que durante estos años se les haya acusado injustamente por una decisión que buscaba ventajas para el interés general. Matos derivó en los técnicos la decisión de la elección de las parcelas y su necesidad de compra, en este caso la Doctoral 13, propiedad de la empresa en la que era administrador el marido de una concejala.
Sin embargo, no lo entendía así la representante del ministerio público, quien recordó que el exalcalde santalucense había casado a ambos un mes antes, al tiempo que insistió, como ocurrió en la sesión del martes, que ese suelo no era necesario para el parque eólico o, en todo caso, solo un centenar de metros cuadrado. Alegó que la empresa hacía un gran negocio porque podía ganar unos 3,6 millones frente a los 120.202, 42 euros con una permuta que no se ajustaba a la ley.
Antonio Miguel Ruiz, quien tampoco respondió a la acusación popular, señaló que la compra de las parcelas aprobadas en la Junta de Gobierno se realizó porque no había consignación presupuestaria, la expropiación forzosa podría demorar hasta dos años el proyecto, que debía presentarse el 12 de enero de 2005, último día de plazo. Ratificó ante la fiscal que se adquirió la Doctoral 13 porque no se podía segregar una finca por menos de 10.000 metros cuadrados, afirmación que rebatió la acusación pública.
Marcial Sánchez Franco y José Luis Alemán, los otros dos acusados, indicaron que el objeto social de su empresa desde 2000 era la energía eólica y que por eso compraron al propietario de las parcelas 9 y 13 para participar en el concurso eólico. De hecho, alegaron que iban a presentar un parque con cinco aerogeneradores, pero al ver que tenían más posibilidades con el acuerdo con el Ayuntamiento, le cedieron los terrenos a cambio del 9% de participaciones.
Rufino Pérez, denunciante del caso Palmera, afirmó ayer que él y su familia habían pasado un calvario en el municipio por su denuncia.
