El Cabildo de Gran Canaria como el proyecto de un trazado bajo la montaña entre El Altillo y El Pagador, que defiende el Ayuntamiento de Moya, para liberar en ambos casos suelo para actividades de ocio. Los tres instituciones siguen inamovibles en sus respectivas ideas para reordenar el litoral, tras una nueva reunión celebrada ayer con el fin de desbloquear el nuevo Plan Territorial Parcial (PTP-15).
Las posturas siguen enrocadas, mientras las partes permanecen a la espera del informe de la consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias que ponga sobre la mesa su modelo viario para el litoral grancanario. El Cabildo volvió a convocar a los ayuntamientos de Arucas, Moya, Guía y Gáldar para intentar limar posturas y definir el trazado definitivo de la nueva autovía del Norte, que evite las travesías por los núcleos residenciales de San Andrés (Arucas) y El Altillo-Pagador (Moya), que obligan a reducir la velocidad a los conductores a 50 kilómetros por hora, y conseguir de esta forma que se convierta tras décadas de espera en una auténtica autovía. Y, sobre todo, que ponga remedio al varapalo judicial que supuso en 2011 que el Tribunal Supremo tumbara la Variante de Bañaderos, aquella propuesta inicial del Gobierno de Canarias que arrasaba fincas agrícolas en explotación por el interior del pueblo aruquense.
Como se recordará, tanto Arucas como Moya se han mostrado en contra del trazado viario diseñado por el Cabildo de Gran Canaria a través del nuevo Plan Territorial Parcial, que ha estado en fase de alegaciones. En este documento se plantea un puente de 190 metros en El Puertillo, así como reforzar el trazado actual entre San Andrés y El Pagador, que son los puntos más conflictivos. Unas ideas que no gustan a sus respectivos alcaldes, que optan por otras opciones que eviten tanto consumo de suelo.
De momento, el Cabildo mantuvo ayer su negativa a las alternativas planteadas por Arucas y Moya en el periodo de alegaciones del Plan Territorial, aunque algunas fuentes mantienen sus expectativas de que sean aceptadas en este debate, porque benefician el desarrollo costero a largo plazo, aunque eso supondría un mayor desembolso económico inicial.
Los ayuntamientos afectados han defendido que el nuevo Plan está en una fase en la que se pueden introducir estos cambios, ya que todavía no existe presupuesto para su ejecución. Y, a su vez, porque quien debe materializar la obra es el Gobierno de Canarias, con financiación del Estado.
El Plan Territorial lleva en el aire desde que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo anuló el Plan Insular de Ordenación, correspondiente al corredor viario estructurante del litoral de alta capacidad desdoblamiento de la GC-2.
En estos momentos, el documento del Cabildo que debe poner remedio a este revés judicial está pendiente de una respuesta a las alegaciones, después de permanecer en exposición pública.
