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San Bartolomé de Tirajana

Gordillo cobrará 2,5 millones más por una inundación de hace 18 años

El Ayuntamiento abonó el pasado ejercicio 3,4 millones como responsable patrimonial

Gordillo cobrará 2,5 millones más por una inundación de hace 18 años

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana tendrá que pagar a la cadena de supermercados Comercial Gordillo y sus asociados, Domingo Gordillo Cedrés, Explotur S. L. , y Samare S. L. otros 2.551.300 euros por las pérdidas ocasionadas por las inundaciones provocadas en sus almacenes como consecuencia de las fuertes lluvias de enero del año 2000, según ha dictaminado la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en un auto hecho público ayer. El Consistorio sureño tendrá que abonar esta cifra en concepto de intereses de demora así como la actualización conforme al Índice de Precios de Consumo (IPC) hasta el mes de diciembre de 2016, fecha en la que el Ayuntamiento pagó a Comercial Gordillo, por sentencia del Tribunal Supremo, 3,4 millones de euros por los daños causados en sus instalaciones de Bellavista, en San Fernando de Maspalomas, como órgano responsable patrimonial de los daños ocasionados.

Previsible

La demanda interpuesta por el empresario y sus asociados se remonta al año 2000, cuando el almacén del que disponen en la urbanización de Bellavista se inundó a raíz del desbordamiento del barranco de El Veril a su paso por San Fernando, provocando grandes daños sobre la mercancía almacenada en estas instalaciones, en su mayoría de alimentación. En 2001, el empresario registró un escrito en el Ayuntamiento en el que exigió una compensación por los daños sufridos, solicitud que fue denegada el 26 de abril de 2003, motivo por el cual Gordillo interpuso un recurso.

Cinco años después, el 3 de octubre de 2008, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias dictó una sentencia que dio parcialmente la razón a Comercial Gordillo y obligó al Ayuntamiento a hacerse cargo de los gastos derivados de los destrozos por las inundaciones. El coste de los daños supera los 4,5 millones de euros, pero el TSJC solo responsabiliza al Ayuntamiento del 75% del perjuicio, y del otro 25% al Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, causante de la falta de mantenimiento y limpieza del barranco.

Así, el Consistorio tirajanero solo tuvo que pagar 3,4 millones de euros de los 29,5 millones calculados en un informe solicitado por el alto tribunal de Canarias para determinar su responsabilidad patrimonial.

Las empresas afectadas exigieron una indemnización que alcanzaba los 29,5 millones de euros, pero el TSJC determinó que las compensaciones solo estimarían el daño emergente, esto es, la mercancía perdida, y no el lucro cesante, es decir, los beneficios dejados de ganar, porque los hechos no sucedieron con un establecimiento abierto al público que tuviese que paralizar su actividad, según recogió el auto emitido a principios del año 2016.

Las fuertes lluvias de principios de enero del año 2000 provocaron graves destrozos en Bellavista, ocasionando daños en sótanos y semisótanos de los edificios de la calle Alcalde Enrique Jorge, donde la empresa tiene sus instalaciones. El edificio se anegó por la ausencia de canalización de un tramo del barranco y el desbordamiento del área que sí estaba encauzada.

Varios informes técnicos de diferentes administraciones ratificaron que el inmueble se encuentra sobre el cauce de un barranco modificado artificialmente donde, al urbanizarse, se desarrollaron canalizaciones indebidas que ocasionaron el taponamiento de los objetos arrastrados por el agua durante las lluvias, y por tanto su desbordamiento. Otro informe meteorológico señaló que las precipitaciones registraron entonces 53 litros por metros cuadrado y que este fenómeno no es nuevo en el archipiélago canario, sino que lo considera un fenómeno previsible, por lo que se condena el mal funcionamiento de los servicios públicos.

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha incorporado el pago de esta indemnización de 2,5 millones de euros entre los asuntos de urgencia que eleva a la Corporación para su aprobación en el Pleno que se celebra hoy en las Casas Consistoriales de Tunte.

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