La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) tumba el Plan Territorial Parcial (PTP-15) del Cabildo de Gran Canaria, que ordena el suelo del litoral del norte desde Arucas hasta Guía, incluida la nueva autovía que acaba con los límites de velocidad a 50 kilómetros por hora. Este documento insular ha estado envuelto en las últimas semanas en una gran polémica, entre otros motivos, por el rechazo del ayuntamiento de Arucas a la construcción de un puente para el tramo situado en la desembocadura de Bañaderos con la playa de El Puertillo y reivindica, como alternativa, soterrar 906 metros. Así como desde Moya, que propone habilitar túneles entre el barranco de San Andrés (Arucas)-El Altillo y El Pagador, con un fin similar de liberar suelo de ocio y esparcimiento.
El documento de la consejería de Política Territorial establece que la institución insular entra en propuestas urbanísticas que no le corresponden, como incorporar un gran equipamiento turístico en San Felipe de Guía. Y, sobre todo, le insta a que se limite a definir el trazado que debe seguir la nueva carretera, ya que la redacción de la obra y su ejecución es de su competencia. Y señala que el coste de la obra que fija será muy superior, porque no recoge enlaces y otros añadidos. También le cuestiona la destrucción de fincas agrícolas de gran rendimiento, el uso de documentación anticuada y de baja calidad, y el incumplimiento de la Ley del Suelo de Canarias, entre otras consideraciones.
El documento de 27 páginas es "único, preceptivo y vinculante, sobre las cuestiones sectoriales relativas a las competencias de carácter autonómico", y fue aprobado el 29 de octubre (este lunes). La Cotmac resuelve con un informe único "desfavorable" a la aprobación inicial del Plan territorial parcial de ordenación del litoral norte: Arucas-Moya y Santa María de Guía "por incurrir... en una manifiesta infracción del ordenamiento jurídico". Para ello valoró hasta siete informes individuales de cada uno de los departamentos autonómicos cuyas competencias se han podido ver afectadas, si bien Presidencia se quedó luego al margen. La resolución fue aprobada por unanimidad de los integrantes de la Cotmac. Estas son las conclusiones de los departamentos autonómicos implicados:
Infraestructuras
La Viceconsejería regional le deja claro que la propuesta viaria del Cabildo es meramente indicativa, y se debe limitar a reflejar únicamente "una franja de terrenos que determine cuál será el corredor viario de reserva o la zonificación que avale la ejecución de la futura infraestructura viaria". Y que esta solo se desarrollará con proyectos de construcción que apruebe la Comunidad Autónoma de Canarias. En este sentido, se indica que el plan insular no puede alcanzar en ningún caso "el grado de desarrollo de un proyecto de trazado y/o de construcción, ni los bienes ni derechos que se podrían ver afectados". Los técnicos piden, eso sí, aumentar la anchura del corredor viario en el tramo Bañaderos-El Pagador en "aproximadamente otros 10 metros en el lado de tierra, para habilitar un camino que recoja todos los accesos a las fincas colindantes para llevarlos a extremos "en donde no pueda cruzar la autovía o conectar con la vía de servicio del lado mar". En el enlace de Bañaderos, propone reducir si hace falta la glorieta (donde está la fuente diseñada por Pepe Dámaso), para facilitar el acceso al barrio de San Andrés. La propuesta obligaría a desplazar el tronco de la vía hacia tierra. También se propone estudiar la conveniente de un enlace en el barranco de Azuaje (como se estudió en 1996), o reservar suelo para hacerlo en un futuro. El plan insular, añade, no recoge los terrenos ya expropiados hace al menos 40 años adyacentes a la actual carretera GC-2 "y que en buena parte no van a ser utilizados por la nueva infraestructura de carreteras, en cuyo caso había que compensar a los mismos (más cercanos al mar) con los necesarios para le ejecución de la nueva autovía". El Cabildo fija el coste de la ejecución de la nueva autovía en 59.222.500 euros, pero "faltan conexiones, vías de servicios, caminos, y servicios eléctricos afectados muy importantes", por lo que se considera que el presupuesto será muy superior. Le pide, a su vez, desplazar el tronco de la autovía hacia el lado de tierra para conectar la nueva carretera con la desembocadura de la cuarta fase de la circunvalación (en ejecución) en la granja del Cabildo (Arucas), en la confluencia de la GC-2 y GC-20. Infraestructura Viaria le recrimina que hable de "obligar" al Ejecutivo regional a desarrollar las actuaciones allí recogidas, puesto que debe ser el Gobierno de Canarias quien "marque los tiempos de su propia financiación". Y todo ello será a partir de que se firme el convenio de carreteras con el Estado, que todavía está en punto muerto. A su vez, cuestiona a la institución insular que el estudio del volumen de tráfico date de 2010, y está "bastante desfasado".
Planeamiento Territorial
"Se evidencia un incumplimiento de los objetivos generales del PTP en relación con la protección del paisaje en lo que atañe a su integridad morfológica como consecuencia de la propuesta de trazado seleccionado para la variante de Bañaderos y Pagador, junto con la transformación territorial que introduce el gran equipamiento turístico de San Felipe". El departamento de Planeamiento Territorial apunta que el Plan Territorial Parcial "es incompetente para la ordenación urbanística estructural (determinación de la clasificación del suelo) o pormenorizada, cuya exclusiva recae en la Administración local municipal". En este sentido, pone como ejemplo que el Cabildo amplíe el suelo residencial en El Puertillo en 17.680 metros cuadrados, cuando el Plan General de Arucas lo califica como suelo rústico de protección costera y litoral, y agraria de moderada productividad. En el caso de San Andrés, señala que es "inoportuno" justificar la reserva de fincas para reubicar a los afectados por ocupar suelo público de costa, "sin los adecuados compromisos de las administraciones implicadas", desconociéndose el número de viviendas que harán falta.
Agricultura
Los técnicos de Agricultura emiten su particular voto desfavorable, porque el 65,62% de la superficie agraria no está bien zonificada. Y porque se van a destruir 22,77 hectáreas de suelo agrario de alta capacidad. "Lo lógico es establecer este tipo de infraestructuras en zonas que no alberguen suelos como estos". Y que en algún caso se está poniendo en peligro el mantenimiento del suelo productivo.
Planeamiento urbanístico
El informe del servicio técnico de Planeamiento Urbanístico de la dirección general de Ordenación Territorio concluye que la propuesta del Cabildo propone cambios de clasificación y categorización de suelo que superan sus competencias, y entran en las de ámbito municipal. Así, contempla áreas residenciales en San Felipe, cuando Guía le da en su plan municipal categoría de protección territorial. Lo mismo sucede al sur de San Andrés, que el municipio recoge como suelo rústico de protección agraria. O que se defienda como "invariante" arbolar los márgenes de la carretera GC-2 y GC-207, cuando lo importante es la visión del mar.
Ordenación del suelo rústico
Critica "la ausencia de calidad de la documentación ambiental que acompaña al PTP15", señalan los redactores, y que contenga un análisis que no se corresponde con su ámbito competencial, ni con los objetivos fijados por el Plan Insular". Además, apunta en sus conclusiones particulares que el Plan afecta al lindero norte del Parque Rural de Doramas, y aclara que en esa zona no se puede firmar valores económicos, al existir otros requisitos ambientales.
Litoral oriental
"El Plan Territorial Parcial ha quedado desfasado. De hecho, la gran mayor de las determinaciones son nulas de acuerdo con la nueva ley del Suelo de Canarias". A pesar de todo, entiende que es trascendental para el Noroeste de Gran Canaria solucionar el trazado de la GC-2 y el diseño del paseo marítimo como vertebración de la ordenación de toda la fachada marítima. Y recalca que el Plan no puede dimensionar las bolsas de suelo o la edificabilidad turística.
Contra la propuesta no cabe recurso, y obliga al Cabildo a corregir los defectos si quiere sacar adelante la aprobación del Plan Territorial PTP-15.
