El Cabildo de Gran Canaria y ocho ayuntamientos alcanzaron ayer un acuerdo para intentar resolver el hacinamiento en el albergue insular de animales de Bañaderos y poner freno al abandono y sacrificio de perros y gatos en la Isla, según informó el consejero de Medio Ambiente y Emergencias, Miguel Ángel Ramírez, tras reunirse con concejales y técnicos de los municipios de Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Arucas, Santa Lucía de Tirajana, Ingenio, Valsequillo, Mogán y Moya. En el encuentro también participaron representantes del Colegio de Veterinarios, de la Federación de Protectoras y de la Asociación de Abogados por el Bienestar Animal.

Pese a la ausencia de once municipios, de los que solo se excusaron San Bartolomé y La Aldea, Rodríguez se mostró satisfecho por el compromiso de los cuatro primeros ayuntamientos de ese listado, pues son los que más perros y gatos entregan cada año en Bañaderos y los que necesitan más ayuda para crear centros de estancia temporal, pues el Cabildo mantiene el ultimátum de no aceptar más animales para el sacrificio a partir del 1 de enero de 2019.

Entre otras medidas, los gobiernos municipales acordaron entregar antes de fin de mes un cuestionario con la situación real de los animales abandonados y con los proyectos que el Cabildo podría financiar, como construcción de albergues municipales, campañas de esterilización o controles de los chip de identificación.

Con toda esa información, el próximo 4 de diciembre se hará un diagnóstico para, a principios de enero, firmar en pacto de alcaldes en el que todos acepten acabar "de forma activa" con los abandonos y los sacrificios, explicó el consejero, quien precisó que el Cabildo ayudará a todos los municipios que se impliquen. En el caso de que haya ayuntamientos que no se sumen a ese pacto, se les cobrará una tasa de 217 euros por cada animal entregado al albergue de Bañaderos y solo se aceptarán si existen plazas disponibles.

Otro punto abordado ayer es la creación de una ordenanza igual para los 21 municipios. El Cabildo entregó una propuesta de normativa, que según Rodríguez actualiza las sanciones contra aquellos propietarios que abandonan y maltratan a sus mascotas.

En la misma linea, se revisarán los convenios que se firmaron en el año 1995, por los que el Cabildo se hacía cargo de animales maltratados aunque no tuviera competencias para ello. De hecho, el albergue de Bañaderos siempre estuvo gestionado por una protectora, hasta que al principio de este mandato se cedió esa labor a la empresa Gesplan para intentar reducir las eutanasias.

Ante las diferencias aún existentes, la Federación Canaria de Municipios (Fecam) ha convocado el martes a su Comisionado Insular para analizar estas propuestas.