"Cuando terminé de hacer el trabajo y vieron que el lago estaba funcionando, Santiago Santana Cazorla y Antonio González empezaron a tratarme como a un estropajo, como un bobo, como un desperdicio y se reían de mi". Así se expresó este martes el empresario teldense José Domingo Pérez Báez durante la primera sesión del juicio que se sigue esta semana contra el constructor Santiago Santana Cazorla en la Audiencia Provincial de Las Palmas, acusado de la presunta comisión de los delitos de estafa, apropiación indebida e insolvencia punible por la quiebra, en 1991, de Promociones Islas Verdes S. A. (Proivesa), la empresa promotora de Taurito que compró a Banesto los terrenos. Por su bancarrota José Pérez Báez reclama más de 76 millones de euros (12.600 millones de pesetas), cuando el activo de la sociedad era entonces de 1.200 millones de pesetas.

"A través de una serie de artimañas, Pérez Baéz fue expulsado de una sociedad de gran valor patrimonial y Santana Cazorla maquinó una serie de actuaciones para que el patrimonio saliera de Proivesa y acabase en otras sociedades interpuestas", explicó el abogado de la acusación, Rafael Entrena, "se pidieron créditos que no aparecen en la sociedad".

El empresario, que interpuso la querella en 1996, reclama esta cantidad, el valor que tendría hoy la sociedad, tras marcharse de la empresa. "Manifesté mi desacuerdo con cosas que pasaban en la sociedad; si se hubieran hecho las cosas bien, hoy sería beneficiosa, pero solo es un negocio especulativo", relató Pérez Báez, quien aseguró que se desvinculó de la compañía porque lo echaron "y cambiaron la cerradura de la oficina". Por todo ello, y por la quiebra, Pérez Báez interpuso anteriormente una querella, de la que desistió, explicó, aconsejado por su abogado, porque había recibido "una lluvia de amenazas y recaditos" y se enfrentaba a "gente muy peligrosa".

Proivesa, propiedad en un 50% del empresario suizo Walter Tomaschett (a través de su representante Antonio González), un 25% de Santiago Santana Cazorla y otro 25% de José Domingo Pérez Báez, según explicó el acusado, Santana Cazorla, se dedicaba a la adquisición de suelo y la promoción de espacios turísticos; compras que hacía a través de letras aplazadas. Así, añadió, una vez urbanizaban y vendían una parcela, empleaban el dinero obtenido para adquirir la siguiente y volver a construir. "Proivesa debía al banco 72 millones de pesetas, y Pérez Báez no quiso firmar una nueva remesa de letras, lo que provocó que la deuda se elevara hasta los 600-700 millones, con intereses del 28%. Arruinó la empresa por no renovarme los 600 millones", sentenció Santana Cazorla.

El acusado explicó además que Pérez Baéz fue quien terminó el lago, construyó los aparcamientos y los locales comerciales de Taurito, obras por las que se embolsó entre 500 y 600 millones de pesetas, y que cobró en efectivo. "Él cobraba en efectivo todos los meses, no con letras", sostuvo durante el juicio, una afirmación que negó Pérez Báez, quien rebajó esa cantidad a tan solo 80 millones de pesetas. "Pérez Báez me presentó una suspensión de pagos, y me dijo que si le daba 1.000 millones de pesetas se retiraba", aseguró Santana Cazorla, "pero no acepté el chantaje; cuando la empresa entró en quiebra fue porque él se negó a entregar documentación, que tenía custodiada en su casa".

El abogado de la defensa, el exmagistrado de la Audiencia Nacional José Antonio Choclán, explicó que Pérez Báez no dice en ningún documento, ni en el escrito de acusación, que emitiera facturas a favor de Proivesa. Así, no aparece con ningún derecho en la quiebra porque cobró en efectivo.

De hecho, en sus cuestiones previas, Choclán planteó la nulidad del escrito de acusación al considerar que se vulneraba el principio de legalidad penal al aplicarse una ley penal que no estaba vigente cuando sucedieron los hechos. "Basta con atender qué delitos son objeto de aplicación por Pérez Báez: delitos societarios introducidos por la reforma del Código Penal en 1995 sin que existiera equivalencia con el régimen aplicado con anterioridad, el Código Penal de 1973", señaló el abogado, "parece ser que la acusación se refiere a unos hechos sucedidos en el año1989".

En sus consideraciones, Choclán criticó también la "falta de legitimidad" de Pérez Báez por su condición de acusación particular. "Es curioso que reclame 76 millones para él pero no para la sociedad, que es la perjudicada", sostuvo. En esta causa no existe tampoco acusación por parte del Ministerio Fiscal, que se adhirió a todas las cuestiones planteadas por el abogado de la defensa al entender que no hay delito. Durante la sesión de este martes también estaban citados a declarar en calidad de testigos José Juan y Manuel Santana Cazorla, hermanos del acusado, quienes se acogieron a su derecho a no declarar. El juicio continúa mañana miércoles en la Sección II de la Audiencia Provincial de Las Palmas, donde se tomará declaración a varios testigos.