El presidente del Cabildo de Gran canaria, Antonio Morales, achacó ayer a la falta de personal que sufre la corporación la nota de 6,5 puntos que obtuvo el pasado año esta institución en la evaluación sobre el cumplimiento de la Ley de Transparencia en Canarias. Según el informe realizado por el Comisionado de Transparencia, con esa calificación, el Cabildo grancanario ocupó el quinto puesto de las corporaciones insulares, ranking que lideró el Cabildo de Tenerife

El segundo lugar de esta evaluación realizada por el Gobierno canario lo ocupó El Hierro, que consiguió 8,21 puntos, mientras que Fuerteventura logró el tercer puesto con 7,58, y La Gomera la cuarta posición con 6,87. Detrás de Gran Canaria se colocaron sólo el Cabildo de La Palma con 6,41 puntos y el de Lanzarote con 4,52.

En la presentación de la Ordenanza de Transparencia, Morales aclaró que cuando el Gobierno realizó el citado informe, el Cabildo no había aprobado esta normativa, que ahora si obliga a las distintas áreas de gobierno insular a cumplirla de "forma rigurosa" , y a facilitar la información que reclaman los ciudadanos.

A pesar de la falta de recursos humanos de la entidad, y de que solo tres personas de una plantilla de cuatro, se encargan de hacer el seguimiento al Portal de Transparencia, el presidente aseguró que se va a hacer un "mayor esfuerzo" para cumplir con la obligación de difundir a través de su web o sede electrónica la información de mayor relevancia de la gestión de gobierno para garantizar el derecho que tiene el ciudadano a estar al tanto de la actuación pública.

Con todo, el presidente insular incidió en que la corporación grancanaria ha mejoradoen este último año la puntuación sobre esta materia al pasar de los 5,49, que obtuvo en 2016 , a los 6,5 de 2017, nota que valoró como " un notable".

Por su parte, el consejero de Transparencia, Gilberto Díaz, que puso de relieve "los pocos recursos humanos y las muchas prisas" que han marcado la puesta en marcha de la Transparencia, anunció que el grupo de gobierno tiene previsto poner en marcha, antes de un año, un protocolo para proteger a los empleados que denuncien ante la corporación un caso de corrupción. Según, explicó, se pretende así proteger al personal y evitar que pueda sufrir algún perjuicio por denunciar esos casos.

El consejero destacó que también se va a redactar un reglamento en el que se establecerán las diversas sanciones que se les aplicarán a aquellos empleados que no cumplan con esta normativa que regula el acceso de los ciudadanos a la información pública.

Díaz comentó que otra de las obligaciones que establece la citada ordenanza que sólo han puesto en marcha Gran Canaria y Fuerteventura es que cada año se hay que celebra un pleno para que la Dirección de Transparencia pueda dar cuenta del grado de cumplimiento de la misma.

También se ha comprometido la corporación ha actualizar todos los datos sobre la Memoria Histórica, y para ello se va apublicar el mapa de las fosas de Gran Canaria, así como un catálogo de los vestigios referentes a la Guerra Civil y la dictadura franquista, así como un censo de las edificaciones y obras realizadas en Gran Canaria mediante trabajos forzosos.