Los vecinos del barrio de El Salobre en San Bartolomé de Tirajana han presenciado uno de los peores días de la vida de Miguel Ángel Álvarez, a pesar de sus intentos por ayudarle. Durante la mañana de este miércoles, 28 de noviembre, un dispositivo de demolición de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural del Gobierno de Canarias, ordenado por una sentencia, ha derribado la vivienda de Miguel Ángel y destruido por el camino parte del invernadero colindante que forma parte de los 10.000 metros cuadrados de su propiedad.

Mientras tanto, este agricultor de 49 años y vecino de El Salobre se encuentra en la cárcel cumpliendo desde hace una semana una condena de dos años. Según su familia solo amplió su vivienda en 40 metros cuadrados de una parcela de 10.000 metros, aunque las pruebas practicadas sostienen que se trata de la reconstrucción de una vivienda en la que se ha suplantado la anterior edificicación por otra diferente.

Miguel Ángel entró en prisión el pasado 20 de noviembre para cumplir una condena de dos años impuesta por el Juzgado de lo Penal número 2 de Las Palmas de Gran Canaria por cometer un delito sobre la ordenación del territorio. Su familia pide el indulto. Este miércoles, decenas de personas se concentraron ante su vivienda para mostrarle su apoyo.

La sentencia, fechada el 8 de julio de 2014, condena a este vecino de El Salobre a la pena de dos años de prisión y una multa de 5.400 euros por haber promovido entre febrero de 2011 y mayo de 2012 unas obras de ampliación de su vivienda en suelo categorizado como potencialmente productivo agrícola, además de la demolición de la totalidad de la vivienda. En concreto, Miguel Ángel añadió un salón cocina a un módulo de dos habitaciones construido por su familia en 1986.

Según explicó su familia, el ahora preso reconoce que desarrolló las obras sin autorización e intentó legalizar su situación de todas las formas posibles. Sin embargo, tal y como recoge la sentencia, en ningún momento habría obtenido la licencia para ello. "Cualquier intervención en la pieza de suelo objeto de las obras promovidas por el acusado requiere por su protección al enclavarse en un terreno categorizado como rústico el otorgamiento de licencia municipal de obra y calificación territorial, que devienen vinculantes y que en ningún caso se hubieran podido obtener al ser las obras prohibidas expresamente por el Plan General de Ordenación de San Bartolomé de Tirajana y el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria, estando prohibido expresamente el uso residencial fuera de los asentamientos rurales o asentamiento agrícolas", señala el documento.

En un auto con fecha del 5 de marzo de 2015, el Juzgado de lo Penal número 2 acordó la suspensión de la condena por un plazo de dos años y medio con la condición de que no volviese a delinquir durante ese período. Sin embargo, la imposibilidad de Miguel Ángel de cumplir la condena, derribando lo construido de forma ilegal, le ha llevado a prisión.

Desde primera hora de este miércoles, más de cien personas se encontraban junto a la vivienda de Miguel Ángel con la intención de impedir el paso de los operarios y excavadoras que acudían, parapetados por la Policía canaria, al número 3 de la calle Islas Malvinas del barrio de El Salobre, con la intención de demoler el inmueble. No lo han conseguido. A pesar de las protestas, la tensión entre los vecinos y la Policía y las escenas dramáticas que se han vivido, la vivienda ha sido derruida en menos de tres horas, junto a una pequeña parte del invernadero que forma parte de la propiedad, en donde Miguel Ángel plantaba millo, judías y tomates, entre otras hortalizas.

Durante la mañana se vivieron momentos de tensión y angustia. La crispación del momento ha llegado hasta tal punto que incluso a la madre del agricultor, Concepción Correa, ha sido trasladada al centro hospitalario con un ataque de ansiedad. A su vez, algunos vecinos mostraron su disconformidad con enfrentamientos con la Policía. De hecho, varios vecinos pincharon las ruedas de varios furgones policiales.

Ese es el coste que ha supuesto para Miguel Ángel la ampliación de su vivienda en 2011 sin permiso en suelo de su propiedad, pero calificado como rústico, y en un barrio donde la mayoría de los inmuebles son de autoconstrucción.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) fue el organismo que le llevó a los juzgados en donde fue condenado en 2014 a pagar una multa de 5.400 euros y a demoler la construcción ilegal. Miguel Ángel cumplió con la multa, pero se declaró insolvente para asumir el coste del derribo que suponía 25.000 euros.

En estos cuatro años, este caso ha soportado una sentencia y dos autos que determinan el grado de delito penal llevado a cabo por el vecino de San Bartolomé de Tirajana, así como el tipo de sanción. Una de estas resoluciones judiciales, fechada en marzo de 2015, suspendía la pena de dos años de prisión que se le había impuesto a Miguel Ángel Álvarez, pero por un nuevo incumplimiento el beneficio fue revocado el 29 de junio de 2018.

Otro auto del 26 de julio de 2018 acuerda "oficiar a la Agencia de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, para que proceda a la demolición del inmueble, dando con ello cumplimiento a la sentencia dictada en 2014 teniendo en cuenta que ninguna responsabilidad penal cabe atribuir ahora al investigado por delito de quebrantamiento de condena".

Finalmente, Miguel Ángel Álvarez ingresó en prisión el pasado martes 20 de noviembre, cumpliendo así la primera sentencia ratificada por el segundo auto; mientras que su casa y parte de su invernadero han sido destruidos durante la mañana de este miércoles por la Agencia de Medio Ambiente del Gobierno.