La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural del Gobierno de Canarias demolió ayer una vivienda en El Salobre, en San Bartolomé de Gobierno de CanariasTirajana en 2011 por edificar en suelo calificado como rústico. Tanto el acusado como su familia aseguraron que solo ocupó 40 metros cuadrados de una parcela de 10.000 metros, aunque las pruebas practicadas sostienen que se trata de la reconstrucción de una vivienda en la que se ha suplantado la anterior edificación por otra diferente.

Miguel Ángel, un agricultor que trabajaba en los invernaderos aledaños a la vivienda, entró en prisión el pasado 20 de noviembre para cumplir una condena de dos años impuesta por el Juzgado de lo Penal número 2 de Las Palmas de Gran Canaria por cometer un delito sobre la ordenación del territorio. Su familia pide el indulto. Ayer, decenas de personas se concentraron ante su vivienda para mostrarle su apoyo.

La sentencia, fechada el 8 de julio de 2014, condena a este vecino de El Salobre a la pena de dos años de prisión y una multa de 5.400 euros por haber promovido entre febrero de 2011 y mayo de 2012 unas obras de ampliación de su vivienda en suelo categorizado como potencialmente productivo agrícola, además de la demolición de la totalidad de la vivienda. En concreto, Miguel Ángel añadió un salón cocina a un módulo de dos habitaciones construido por su familia en 1986, según su versión.

Según explicó ayer su familia, el ahora preso reconoce que desarrolló las obras sin autorización e intentó legalizar su situación de todas las formas posibles. Sin embargo, tal y como recoge la sentencia, en ningún momento habría obtenido la licencia para ello. "Cualquier intervención en la pieza de suelo objeto de las obras promovidas por el acusado requiere por su protección al enclavarse en un terreno categorizado como rústico el otorgamiento de licencia municipal de obra y calificación territorial que devienen vinculantes y que en ningún caso se hubieran podido obtener al ser las obras prohibidas expresamente por el Plan General de Ordenación de San Bartolomé de Tirajana y el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria, estando prohibido expresamente el uso residencial fuera de los asentamientos rurales o asentamiento agrícolas", señala el documento.

En un auto con fecha del 5 de marzo de 2015, el Juzgado de lo Penal número 2 acordó la suspensión de la condena por un plazo de dos años y medio con la condición de que no volviese a delinquir durante ese período y que demoliese la vivienda. Sin embargo, aunque Miguel Ángel no delinquió, tampoco demolió la vivienda en el plazo establecido, motivo por el cual se revocó el beneficio y se ha aplicado la condena.

Indulto

Sus familiares explicaron ayer que al reo abonó la multa de 5.400 euros, al tiempo que se declaró insolvente para asumir el pago de los casi 25.000 euros que costaba demoler la vivienda. Por ello, en una providencia de noviembre de 2016, el juzgado acordó oficiar a la Agencia Canaria de Medio Ambiente para que procediera a la demolición del inmueble, trabajos que se llevaron a cabo durante la jornada de ayer.

A las puertas de la vivienda de la calle Islas Barbados número 3 de El Salobre se concentraron más de un centenar de personas para impedir el paso de la Policía y de la excavadora, sin éxito. Al filo de las 12.00 del mediodía la excavadora comenzó la demolición del inmueble, ante la indignación de los vecinos y familiares, que temen ser los siguientes en perder su vivienda ya que en la zona existen más de 500 casas en la misma situación, creadas como cuartos por antiguos aperos.

Durante la mañana se vivieron momentos de tensión y angustia. Su madre, Concepción Correa, necesitó asistencia sanitaria, mientras que algunos vecinos mostraron su disconformidad con enfrentamientos con la Policía. De hecho, varios vecinos pincharon las ruedas de varios furgones policiales.

Su familia ha iniciado una recogida de firmas para solicitar un indulto al Gobierno, una petición que se registró en el Ministerio de Justicia el pasado 28 de octubre.