La exhumación durante casi nueve horas del cadáver del Policía Nacional de Gáldar José Tacoronte, fallecido en extrañas circunstancias hace 23 años tras salir a montar en bicicleta, desvela tras la realización de la autopsia la existencia de tres golpes que fueron mortales de necesidad. Los expertos, que ahora realizarán estudios detallados de los huesos y analizarán unas rocas encontradas entre los restos, mantienen abierta la opción de que fuera asesinado, como sospecha la familia, al verse rodeado de una trama policial vinculada al tráfico de drogas cuando estaba destinado al Aeropuerto de Gran Canaria. El estado del cuerpo, que se encontraba en buenas condiciones pese al tiempo transcurrido, corrobora que en su momento no se le practicó la necropsia, pese a las circunstancias del fallecimiento, y que tampoco fue atropellado, a la vez que se descarta el suicidio.

José Tacoronte Díaz (Gáldar, 1969) desapareció en el verano de 1995 y su cuerpo fue hallado el 23 de agosto de ese año, 33 días después, en la costa de San Felipe de Guía. La bicicleta apareció a 70 metros del cuerpo y no se encontraron algunas de sus pertenencias. La tesis oficial es que se despeñó. Pero el presentimiento de que pudo ser víctima de una trama por drogas rodea este caso. Además de las dudas técnicas de cómo se llevó a cabo la investigación y de quienes intervinieron, los parientes creen que sabía demasiado sobre el proceder de algunos de sus jefes y compañeros policías en el Aeropuerto de Gran Canaria, que años después serían condenados por el llamado 'caso Jara,' que alcanzó una gran repercusión en esa época.

La familia ha luchado desde entonces por conocer la verdad. Y el gran paso llegó en septiembre de este año, cuando la Audiencia Provincial dictó un acto que le permitía recuperar el cuerpo para aclara las causas de su muerte, tal y como publicó este periódico.

La exhumación tuvo lugar el viernes de la semana pasada en el cementerio de San Isidro de Gáldar, y se prolongó durante casi nueve horas. Entre los expertos contratados por la familia se encontraban el médico forense Aitor Curiel, la especialista en microbiología Marta Domínguez; los criminólogos Félix Ríos y Óscar Díaz, y los abogados, Alberto Navarro y Alfredo Estupiñán, que ha llevado el litigio para la familia. Así como distintos familiares, personal municipal y el notario Roberto Baltar, para dar validez al proceso, ante la ausencia de una representación del juzgado de Guía.

El trámite se inició con la retirada de la lápida a las 8.14 minutos. El féretro se encontraba totalmente deteriorado, pero el cuerpo pesaba bastante, pese a los 23 años transcurridos. La razón es que los restos aparecen parcialmente momificados, lo que permitió que la putrefacción se ralentizara y tuviera una mejor conservación. Y la autopsia se realizó en la sala principal del tanatorio de San Isidro, a pocos metros del camposanto.

El cuerpo conservaba la misma posición que indican las fotos realizadas al izarlo a un helicóptero para su traslado tras su descubrimiento, y hasta los plásticos usados en aquel momento. Esto indica que apenas fue movido luego y que el reconocimiento forense fue externo, como venía sosteniendo la familia.

La autopsia revela tres golpes mortales en el cuerpo, que pudieron ser compatibles con una caída antes de morir, pero también abre otras hipótesis. El cráneo presentaba una fractura de unos 20 centímetros, con un "politraumatismo encefálico severo, mortal de necesidad", según los datos provisionales. El segundo fue cervical y el último golpe en las vértebras. Y, a su vez, sufrió una fractura de clavícula, que está rota en tres trozos. Aunque no fue mortal, también deja abierta cualquier teoría. En este caso, y a pesar del tiempo transcurrido, quedaron restos de sangre por las hemorragias. Esto indica que estuvo con vida tras sufrir esa lesión.

Tras el estudio detallado, el cuerpo fue recompuesto en su totalidad.

A las 15 horas se procedió a la inhumación de José Tacoronte. Salvo dos cajas que contenían 18 muestras, que serán ahora enviadas a través de funerarias hasta Valladolid, para un estudio mucho más profundo por el reputado forense Aitor Curiel, que deberá aclarar si las lesiones de los huesos fueron producidas antes de su muerte, o bien fueron posteriores. Esas arcas separadas del resto contienen restos óseos de las costillas, cráneo, vértebras, cervicales y de otros huesos, que presentaban algún tipo de lesión, y que determinará las posibles causas del fallecimiento del policía.

A su vez, también se apartaron unas piedras que se encontraban junto a los restos del agente. Las rocas serán estudiadas por geólogos, muy posiblemente en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. El objetivo es comprobar si forman parte de la zona en la que se halló el cadáver en 1995, o bien son ajenas. Esto desvelará si estuvo en otro sitio antes y fue arrojado al lugar.

Además, se recurrirá a un dron para intentar ver desde el aire si existe alguna gran roca que causó el golpe mortal en la caída, ya que la loma está formada por gravilla. "Debía ser una piedra muy grande, por el tipo de lesión", según el criminólogo Óscar Díaz.

Una de las conclusiones alcanzadas es que no se hizo autopsia tras su muerte, y tan solo se realizó un reconocimiento externo. Entre otras razones, porque presentaba la misma posición de rana que reflejan las fotos que se sacaron tras izarlo en un helicóptero, ya que inicialmente estaba semiextendido. Si se hubiera realizado el análisis se le hubiera estirado en la mesa de trabajo.

El análisis preliminar descarta un atropello, ya que los huesos más alargados no presentaban fracturas. Y también se excluye el suicido, porque el agente no reunía el perfil, ni la zona, porque a 15 metros había un precipicio donde podía haberse arrojado.

La familia, que se ha gastado miles de euros en la exhumación y en contar con reputados expertos, baraja presentar una denuncia porque entiende que la Administración debió practicarle una autopsia tras aparecer el cuerpo. "Todo el mundo tiene derecho a saber las causas de la muerte. No solo ahora, sino hace 23 años. Es un derecho constitucional, y es la familia la que está gastándose el dinero para saberlo", según el criminólogo.