El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 3 de Las Palmas de Gran Canaria ha dictado una providencia en la que requiere al presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, que cumpla la sentencia que le obliga a designar a un secretario de la corporación insular y, por tercera vez, le apercibe con multas y responsabilidades penales si en el plazo de diez días no remite al Juzgado una resolución definitiva con el nombramiento de uno de los tres aspirantes a esa plaza.

Tras desestimar el último intento de Morales de eludir la elección de un secretario, consistente en un escrito a título personal en el que solicitaba al Juzgado que declarara "la imposibilidad material o legal para ejecutar la sentencia", la magistrada María Olimpia del Rosario Palenzuela emitió el pasado 27 de noviembre una resolución judicial en la que ordena que se requiera "de forma personal y por el plazo de diez días al presidente del Cabildo de Gran Canaria a fin de que proceda a la ejecución de la sentencia firme" del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), del año 2016, que anuló el nombramiento de Antonio Muñecas y obliga a Morales a designar a un secretario en base a los criterios de "igualdad, mérito y capacidad".

En dicha providencia, la magistrada vuelve a apercibir al presidente del Cabildo con aplicar el Artículo 112 de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, que contempla "la imposición de multas coercitivas a las autoridades, funcionarios o agentes que incumplan los requerimientos del Juzgado o la Sala y deducción del oportuno testimonio de particulares para exigir responsabilidades penales".

Informes jurídicos

Contra esta providencia del Juzgado cabe un recurso de reposición en el plazo de cinco días desde su notificación y es previsible que Morales utilice esa última oportunidad de retrasar el nombramiento. En el último Pleno del Cabildo, a preguntas de los grupos opositores de CC y PP, anunció que ha pedido nuevos informes para ejecutar la sentencia, uno de ellos a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Sin embargo, las fuentes jurídicas consultadas ayer explicaron que este procedimiento judicial "ya no tiene mucho más recorrido" y auguraron que el presidente del Cabildo se tendrá que decantar en las próximas semanas por uno de los tres candidatos al puesto: Antonio Muñecas, Dolores Ruiz San Román o Marcelino López Peraza.

Según las mismas fuentes, Morales, Muñecas y los Servicios Jurídicos del Cabildo han utilizado todos los subterfugios legales a su alcance desde el año 2016 para impedir y retrasar el nombramiento de alguno de los otros dos aspirantes, pero a partir de ahora el presidente del Cabildo se arriesga a una denuncia por la vía penal por parte de los afectados. De hecho, la letrada-asesora de la corporación ya hizo constar en uno de sus documentos al Juzgado que su intervención en este pleito es "exclusivamente como representante procesal" del Cabildo.

A juicio de López Peraza, actual secretario del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, ese hecho lleva a deducir que dicha letrada del Cabildo "no comparte los argumentos y consideraciones" que se exponen en los escritos personales del presidente y de la consejera de Recursos Humanos, María Isabel Santana. Así lo hace notar López Peraza en las alegaciones que presentó al Juzgado para oponerse a la pretensión de Morales de no ejecutar la sentencia por imposibilidad material o legal.

En esas alegaciones, López Peraza recuerda que la sentencia del TSJC y posteriores resoluciones judiciales ya establecen que "el señor Muñecas es el candidato que menos experiencia tiene en la materia de régimen local". También precisa que en el año 2008 compitió con Dolores Ruiz San Román en un concurso público para obtener el puesto de vicesecretario del Cabildo y lo ganó, "lo que evidencia la notable diferencia de méritos entre ambos candidatos".

"En el baremo de méritos generales de la escala de funcionarios con habilitación de carácter nacional", recalca López Peraza al Juzgado, "esta parte tiene la mayor puntuación de los funcionarios de tal clase destinados en el Archipiélago, incluidos los que ocupan puestos de trabajo en entes locales denominados de gran población, a lo que habría que añadir los puestos docentes (profesor universitario) logrados por concurso de méritos".