Los nueve bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria que están nombrados como funcionarios en prácticas desde el pasado mes de mayo permanecen en sus casas, y cobrando el salario base, pese a la falta de personal en los siete parques repartidos por la isla. Esta situación se prolongará, como mínimo, hasta el próximo mes de enero, cuando se reajusten los presupuestos del ente, según reconoce Pedro Justo, consejero de Hacienda del Cabildo y presidente del Consorcio.

Estos trabajadores, que a principios de noviembre completaron más de 600 horas de formación teórica y desde entonces están a la espera de realizar las 40 horas de prácticas, aseguran que casi todos los días acuden a las oficinas para que alguien les aclare su situación. Hasta ahora, declaran, solo han conseguido que el presidente del Consorcio les prometa que les recibirá después de las vacaciones navideñas. Pedro Justo, por su parte, sostiene que no le han solicitado tal reunión.

Los nueve bomberos denuncian que están "viviendo una pesadilla", pues tras superar las oposiciones tuvieron que dejar sus anteriores trabajos para poder jurar el cargo como empleados del Consorcio. Ahora se ven en sus domicilios, esperando una llamada que no llega y cobrando 622 euros brutos al mes, por lo que algunos han tenido que pedir préstamos o ayudas familiares para poder pagar los gastos familiares y las hipotecas pendientes.

Los afectados confiesan que las propias oposiciones a bombero del Consorcio "ya fueron un despropósito", pues desde el primer examen hasta el último pasaron casi ocho años y tres gobiernos distintos en el Cabildo. De hecho, muchos de los cientos de aspirantes tiraron la toalla entre medias.

El 31 de mayo de 2018, cuando les convocaron para tomar posesión como funcionarios en prácticas y el propio Pedro Justo les pidió perdón por los sucesivos retrasos en las pruebas selectivas, estos nueve bomberos creyeron que por fin se acababa su incertidumbre personal y laboral. El 11 de junio se inició el curso de formación, pero el día previsto para su finalización, el 9 de octubre, por sorpresa, los responsables del Consorcio les comunicaron que se ampliaba el curso de formación hasta el 2 de noviembre, con tres módulos más de enseñanza teórica.

Ampliación

Llegada esa fecha, por otro decreto del presidente del organismo, se les informó de una nueva ampliación del curso, con otro módulo que se prolongó hasta el 9 de noviembre. Desde ese día, y pese a la insistencia ante los distintos altos cargos del Consorcio, no han obtenido ninguna respuesta sobre cuándo realizarán las 40 horas de prácticas en los parques de bomberos y, sobre todo, cuando empezarán a trabajar y a cobrar el sueldo estipulado para todos los trabajadores de la entidad.

Ahora mismo, afirman, son los primeros bomberos de Canarias que han realizado el Certificado de Profesionalidad de Extinción de Incendios y Salvamento. "No se entiende que con las grandes carencias de personal que tienen a día hoy los parques de bomberos, unos cerrados y otros con un solo trabajador, no estemos realizando ya las prácticas que son fundamentales para obtener el grado de profesionalidad que se requiere en el puesto de trabajo que vamos a desempeñar", comenta un portavoz de los nueve afectados.

La situación de algunos, sobre todo los que tienen hijos, "comienza a ser dramática", se quejan. Habían hecho cálculos para subsistir con 560 euros netos durante los cuatro meses de las prácticas, pero ahora ni siquiera saben cuándo empezarán a trabajar y a cobrar el sueldo regular, en torno a los 30.000 euros anuales. Al haber tomado posesión como funcionarios, tampoco pueden realizar otros trabajos ocasionales mientras se aclara su situación.

También les extraña que todavía, siete meses después de tomar posesión, no les hayan entregado ningún material para realizar las prácticas, como botas o cascos de su talla, ni siquiera el uniforme reglamentario de los bomberos.

Para el resto de los trabajadores de ese cuerpo de emergencia, la situación de estos nueve bomberos "es solo otra muestra de la deriva y del disparate que se ha instaurado en el Consorcio, según José María Monzón, presidente de la Junta de Personal, quien afirma que actualmente "no hay nadie que se atreva a tomar decisiones".

A día de hoy no hay gerente y el jefe de servicio lleva meses de baja, por lo que el mando operativo y las incidencias de emergencia son resueltas por los cabos y los bomberos que están de guardia ese día. La parte administrativa, según Monzón, "es un limbo del que nadie se responsabiliza". A su juicio, la situación de estos nueve agentes en prácticas "la podría solucionar el propio Pedro Justo, simplemente comunicando a cada uno de ellos que tal día y a tal hora tienen que presentarse en tal parque de bomberos".

Nuevo gerente

El rocambolesco nombramiento del gerente tampoco hace albergar esperanzas a los afectados. El 27 de marzo de este año dimitió como presidente del Consorcio el consejero de Medio Ambiente y Emergencias, Miguel Ángel Rodríguez, después de que la Junta General, a instancias de los alcaldes, desautorizara su acuerdo con los trabajadores sobre las condiciones laborales. Rodríguez fue sustituido de forma provisional por el alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, hasta la designación del consejero insular de Hacienda.

Semanas después renunció el entonces gerente, Juan Francisco Pérez, lo que obligó al Consorcio a buscar un nuevo responsable operativo del organismo. El 2 de julio se inició un procedimiento abierto de selección para el cargo de gerente, al que se presentaron 14 candidatos. Según informó en esas fechas el gobierno insular, tras un proceso de análisis se preseleccionaron 11 aspirantes y resultó elegido Emilio Duch Ramos. El 10 de agosto, el comité ejecutivo del Consorcio aprobó su nombramiento por unanimidad. En el comunicado del Cabildo se aseguraba textualmente: "Emilio Duch se incorporará en los próximos días para hacerse cargo de la dirección del Consorcio".

Cinco meses después, el gerente aún no se ha incorporado al puesto, lo que a juicio de los sindicatos y de los otros candidatos "ya sería suficiente" para anular su designación, pues las bases del concurso público estipulaban un plazo de tres días desde su nombramiento. Sin embargo, nadie ha impugnado esa elección "para no complicar más las cosas".

Emilio Duch es capitán de ingenieros del ejercito de Tierra y ya ocupó la gerencia del Consorcio entre mayo de 2012 y diciembre de 2015, durante el mandato de José Miguel Bravo de Laguna (PP) y los primeros meses del gobierno de Antonio Morales (NC-PSOE). Según fuentes del Consorcio, sigue pendiente de que el Ministerio de Defensa le conceda una excedencia, sin que se sepa con certeza si finalmente podrá hacerse cargo de esa responsabilidad.

Pedro Justo sí confía en que Emilio Duch obtenga la excedencia a finales de este año y pueda incorporarse en el mes de enero. Será entonces cuando se podrá resolver la situación de los nueve bomberos que ya están nombrados como funcionarios y también la de las otras 31 personas que aprobaron las oposiciones.

Al respecto, el consejero de Hacienda explica que los Presupuestos del Consorcio para 2019 se han tenido que prorrogar, pero a partir de enero se podrá modificar el Capítulo 1 de Personal para crear una lista de reserva con los candidatos que no han logrado plaza. Cuando llegue el nuevo gerente, adelanta Pedro Justo, "se empezarán a resolver todas estas incidencias".

Presupuestos

Frente a esa explicación, los nueve bomberos afectados recuerdan que la ley obliga a dotar presupuestariamente todas las plazas que se sacan a concurso público, por lo que entienden que el dinero para sus sueldos ya debió estar consignado en las Cuentas del Consorcio del año 2018.

Por su parte, el presidente de la Junta de Personal asegura que los fondos para ampliar la plantilla de los bomberos están consignados desde el año 2012. Luego se retiraron al paralizarse las oposiciones, pero desde 2016 vuelven a incluirse, porque en caso contrario no se podría culminar el proceso de oposiciones.

Monzón considera que "todos estos desatinos en la gestión del Consorcio de Emergencias, en el que nadie se atreve a tomar decisiones, se deben a un plan premeditado del actual gobierno insular de Antonio Morales para dejarlo morir y, si ganan las elecciones de mayo, cambiar el modelo o privatizar el servicio".

"La actuación del gabinete de Morales en los últimos meses", según Monzón, "es un ataque frontal a los derechos de los bomberos para intentar hacerles responsables del deterioro de Consorcio, pero la situación de estos nueve trabajadores es el mejor ejemplo de la ineptitud de los responsables políticos que lo dirigen".

Es "paradójico", insistió el representante de los trabajadores, que los parques de bomberos tengan que cerrar por falta de personal, como ha ocurrido esta semana en Arucas, mientras estas nueve personas están esperando en sus casas a que les llamen. Los otros 31 opositores con el examen aprobado también se han ofrecido como solución a la escasez de agentes.

"Le quiero preguntar a los políticos si creen que con los 560 euros que voy a ganar este mes de diciembre podré pagar la hipoteca de la casa, alimentar a la familia y comprar los regalos de Reyes de mis hijos", se lamenta uno de los nueve bomberos.