Román Rodríguez, líder de Nueva Canarias (NC) y exvicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, afirmó ayer que no tenido "nada que ver" en el proceso emprendido por el gobierno insular de Antonio Morales para adquirir tres fincas pertenecientes a su esposa, sus cinco cuñados y otros 16 beneficiarios de una herencias de su suegro y otros familiares.

El máximo dirigente de NC, que fue vicepresidente del Cabildo en el mandato 2007-2011 y consejero en la oposición en el periodo 2011-2015, rompió su silencio con un comunicado emitido en la tarde de ayer viernes en el que se desmarca de la operación de compra-venta emprendida por su cuñado, José Vicente González Rodríguez, e incluso sugiere que puede haber personas que se sientan afectadas y recurran a los tribunales de justicia, algo que no han planteado ni los grupos de la oposición.

En un tono totalmente apuesto al de Morales, que ayer al ser preguntado acusó a este periódico de intentar manipular la realidad para dañar a su gobierno (cuando la información fue ofrecida o confirmada por el propio ejecutivo insular), Román Rodríguez inició su comunicado mostrando su "profundo respeto" por la labor de los medios de comunicación y aclarando cuál es el proceso que ha culminado en esta polémica política.

Tras reconocer que los terrenos son propiedad de un grupo de 22 personas, entre ellas su esposa, señala que se trata de suelo rústico que el Cabildo pretende adquirir con el fin de proceder a su reforestación y a la conservación medioambiental de la isla.

La adquisición de las tierras de sus familiares, añade Rodríguez, se realiza por una convocatoria púbica en la que el Cabildo fija las condiciones y el precio, pudiendo participar en la misma todos aquellos propietarios o empresas que acepten las condiciones.

"No he tenido, por supuesto, nada que ver en ninguna fase de ese proceso, realizado por los técnicos de la Administración insular, con toda seguridad, cumpliendo con lo establecido en la normativa vigente", insiste el líder de los nacionalistas, que ha quedado en el centro de la tormenta política y social pese a que las críticas de los grupos de la oposición del Cabildo recaen más en la actuación del gobierno de Antonio Morales. De hecho, los portavoces de PP, Unidos, Podemos y CC han evitado referirse a Rodríguez y han centrado sus denuncias en el pacto insular entre NC, el PSOE y dos escindidos de Podemos, entre ellos el consejero de Medio Ambiente.

Los detalles del expediente de la compra-venta de Amurga, según el dirigente de NC, "corresponde a la corporación insular y a ella deben dirigirse quienes deseen legítimamente ampliar los datos sobre el procedimiento adoptado y sus decisiones, como corresponde legalmente".

Por último, y sin mostrar su opinión sobre si estos hechos son susceptibles de algún tipo de rechazo ético o político, señala que "quienes entiendan sentirse perjudicados pueden y deben recurrir en los tribunales".

Según la información contenida en el expediente de Amurga, aprobado por consejo de gobierno extraordinario y urgente del Cabildo el pasado 28 de diciembre, la esposa de Rodríguez, al igual que los otros cinco hermanos, recibirá 339.053 euros cuando se formalice la operación ante notario. El resto del dinero, hasta un total de 4.068.640 euros, se repartirán entre los otros 16 propietarios, con cantidades que oscilan entre los 370.839 y los 37.672 euros.