El informe técnico de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria para justificar la compra de tres fincas en Amurga a la familia de Román Rodríguez, líder de Nueva Canarias (NC), está firmado 18 días después de que se aprobara la adquisición de esos terrenos por cuatro millones de euros, lo que ha sembrado nuevas dudas entre los grupos de la oposición. En concreto, respecto a que los miembros del gobierno insular de Antonio Morales desconocieran que las tierras pertenecían a la esposa y los cuñados del máximo dirigente de ese partido.
El pasado viernes, después de sostener que se había enterado por las informaciones de este periódico de quienes eran los propietarios de las fincas, el presidente Antonio Morales entregó a los medios de comunicación y a los grupos políticos del Cabildo un informe técnico del Servicio de Medio de Ambiente que, a su juicio, justifica "el carácter prioritario" de la adquisición de terrenos en el Macizo de Amurga, un espacio natural protegido y situado en los municipios de San Bartolomé y Santa Lucía de Tirajana.
El informe, denominado Adquisición de varias parcelas en Amurga, incluye tres fechas. La del encabezado es del 10 de enero, la firma electrónica de los técnicos es del 14 de enero y la del registro en el Servicio de Patrimonio es del 17 de enero, el mismo día que LA PROVINCIA preguntó al consejero de Hacienda y Presidencia, Pedro Justo, si era cierto que los terrenos fueron comprados a los familiares de Román Rodríguez, a lo que éste contestó que lo desconocía.
El consejo de gobierno del Cabildo, formado por representantes de NC, el PSOE y los No Adscritos, aprobó la compra de las fincas el 28 de diciembre, en una sesión urgente y extraordinaria antes de que acabara el año para incluir varias partidas en el ejercicio presupuestario de 2018.
Ante la evidencia de que ese informe técnico se realizó con posterioridad al acuerdo de adquisición, los cuatro grupos de la oposición del Cabildo están solicitando el acceso al expediente completo -Podemos exige que antes del Pleno del próximo viernes-, y ayer volvieron a mostrar su incredulidad respecto a que el presidente Morales y otros consejeros de NC y del PSOE desconocieran que el representante de los vendedores, José Victoriano González Rodríguez, es cuñado de Román Rodríguez. El propio Morales coincidió con ese familiar del líder de su partido en varios órganos de la Mancomunidad del Sureste, donde José Victoriano González fue interventor.
Los grupos del PP, Unidos, Podemos y CC sospechan que el informe dado a conocer el viernes por el presidente se encargó a los técnicos de Medio Ambiente después de que algunos consejeros empezaran a solicitar información sobre los propietarios que figuran en el expediente de la compraventa. Tampoco entienden que se haya registrado como "informe técnico" en el Servicio de Patrimonio 21 días después de haberse tomado el acuerdo de compra.
El acta del consejo de gobierno del 28 de diciembre, que se hizo pública la semana pasada, cita dos informes previos a la aprobación de la compra, pero hasta ahora no se han dado a conocer. El primero es del Servicio de Patrimonio del Cabildo, de fecha 16 de octubre de 2018, relativo a las tres fincas propiedad de José Victoriano González y 21 copropietarios más, con el requerimiento de documentación a los vendedores el 31 de octubre y la aportación de la misma el 16 de noviembre.
El segundo informe es del Servicio de Medio Ambiente, con la valoración económica de las tres fincas, por un total de 4.068.640 euros, y se emitió el 11 de diciembre. Dos días después, el 13 de diciembre, los propietarios mostraron su conformidad con el precio ofrecido por el Cabildo.
El informe de Medio Ambiente posterior a la compra tiene cinco folios y comienza con los antecedentes, donde se relata que en octubre de 2014 llegó al Cabildo un escrito "ofreciendo en venta varias parcelas en la zona alta del Macizo de Amurga". En febrero 2015 se emitió un primer dictamen a Patrimonio en el que se concluía que "es de interés para su adquisición bajo un precio estipulado según los baremos que se manejan en el Servicio de Medio Ambiente".
Este último informe de la Consejería, que en ninguno momento hace referencia a la identidad de los propietarios, prosigue con un apartado sobre el interés ambiental, donde se citan las especies vegetales existentes, algunas en peligro de extinción. Luego se describen las características de las tres parcelas (Amurga, Umbría de Fataga y Lomo Gordo), el interés arqueológico y, por último, el procedimiento de la creación de la Bolsa Insular de Fincas Rústicas.
