El Cabildo de Gran Canaria gasta más de siete millones de euros en tres meses en la compra de cuatro fincas de Amurga y Guguy, que cuentan ya con una especial protección medioambiental, donde está prohibida cualquier actividad agrícola o urbanística que revalorizarían el valor de los terrenos. El presidente Antonio Morales anunció en septiembre el acuerdo con el empresario Jaime Cortezo para hacerse con una parte del paraje natural aldeano por tres millones de euros. Y ahora cierra una operación similar para invertir más de cuatro millones en tres fincas de la familia de Román Rodríguez, el exvicepresidente de la institución insular y líder de Nueva Canarias (NC).

El presidente Antonio Morales anunció el 13 de septiembre un acuerdo con Cortezo para la compra de tres millones de metros cuadrados de terreno privado en Guguy por tres millones de euros, más del doble de lo que le había costado al dueño. Morales mostró a través de un comunicado "su satisfacción por este acuerdo, que también atiende una demanda ciudadana", ya que supone dejar en manos públicas toda esta Reserva Natural Especial. Ya en 2013 el Ayuntamiento de La Aldea le ganó un pleito al inversor cuando pretendía apropiarse de terrenos municipales registrados en el siglo XIX.

Para justificar esta operación, ya que Guguy tiene una elevada protección, el Cabildo mencionó el supuesto interés de un comprador chino dispuesto a adquirirlo por seis millones de euros en enero de 2018. "El Cabildo ejerció su derecho de tanteo y retracto, sus técnicos estudiaron el valor del terreno y lo tasaron por la mitad del precio, por tres millones. Esta cuantía ha sido aceptada por su propiedad y ha quedado acordada la compraventa, cuyo procedimiento para ser formalizado ha comenzado con el objetivo de firmarla entre diciembre y enero", sostuvo Morales.

El presidente del Cabildo apeló a una supuesta demanda social para justificar la compra y convertir toda la Reserva Natural Especial de Guguy en terreno público, lo que facilitaría su declaración como Parque Nacional, junto a Inagua, Tamadaba y Roque Nublo.

La operación coincidió casi en el tiempo con la condena impuesta en enero al citado promotor inmobiliario Jaime Cortezo a dos años y medio de prisión, así como la obligación de pagar una multa de 814.585 euros por un delito contra la hacienda pública.

Ahora el Cabildo grancanario ha destinado más de cuatro millones para hacerse con tres fincas de familiares directos de Román Rodríguez. Las parcelas se localizan en el macizo de Amurga, entre San Bartolomé de Tirajana y Santa Lucía, aprobada el 28 de diciembre en un consejo extraordinario y urgente, y sin informar a los grupos de la oposición. Estos terrenos, que son propiedad de la esposa de Román Rodríguez, de sus cinco cuñados y de otros familiares, hasta un total de 22 personas, son los primeros que compra tras crear a principios de 2018 una bolsa de posibles terrenos rústicos para reforestar, con siete zonas prioritarias. Entre ellas, el corredor de Tirajana-Amurga. También se da preferencia a aquellos suelos que estén situados junto a otras fincas que ya sean de propiedad insular. Los tres terrenos de Amurga suman 466,5 hectáreas, tal y como informó LA PROVINCIA / DLP.

Antonio Morales minimizó ayer el informe técnico que entregó el viernes a los medios de comunicación y que, según dijo ese día, era el que avalaba la operación. "Este informe técnico nada tiene que ver con el expediente", declaró ayer.

Su consejero de Medio Ambiente, Miguel Ángel Rodríguez, también se preguntó por el uso de ese informe técnico con fecha de 17 de enero, dos semanas después de cerrarse la operación. "No sé por qué el presidente entregó ese informe técnico el viernes para avalar la compra, porque hay otros anteriores a la aprobación, aunque son muy similares. Sería que es el que tenía más a mano. Hay informes que avalan esta compra desde 2014. Basar la compra en este informe sería de ciencia ficción", comentó. Rodríguez también negó que hubiese existido irregularidades en el proceso, porque "yo soy el primero que iría al juzgado si veo una ilegalidad", añadió.

El consejero alegó que la valoración y el estudio está amparado por el trabajo de los técnicos, y que no se puede poner en duda su labor. "Ojalá todos tuvieran la misma claridad que este; y por eso se hizo este concurso".

Por su parte, Román Rodríguez, manifestó ayer en Cope que la compraventa fue "impoluta". "Aunque la desconocía, si lo hubiese sabido no tengo ninguna capacidad para parar algo que no es de mi competencia; ¿quién soy yo para intentar parar un asunto que es de derecho de esos particulares para concurrir a una convocatoria publica? No se compraron las fincas por el nombre de los propietarios, sino porque Medio Ambiente viene detrás de estos terrenos desde hace tiempo y es de interés".