El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó ayer el plan hidrológico de segundo ciclo de Gran Canaria, que se suma a los ya aprobados del resto de las islas en cumplimiento de la Directiva Marco del Agua europea en la mitad temporal de dichos segundos ciclos (2015-2021). Gran Canaria era la única isla que no contaba con este documento de gestión del agua aprobado, ya que el Ejecutivo canario desde el pasado mes de septiembre había dado el visto bueno a los de las otras islas y los había remitido al Gobierno central.

Además, el proceso de planificación y diálogo con los consejos insulares de aguas está permitiendo que se estén iniciando los trabajos de los de tercer ciclo de planificación hidrológica (2021-2025), de hecho todos están ya aprobados de manera inicial por los respectivos consejos insulares, según informó ayer el Ejecutivo regional.

La Dirección General de Aguas de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, en coordinación con la de Medio Ambiente y Política Territorial, asumió temporalmente en junio de 2017 las competencias para desarrollar estos trabajos, al objeto de cumplir con las exigencias europeas al respecto.

Por su parte, los trabajos, desarrollados de forma coordinada con los cabildos insulares, tienen como objetivo adaptar los planes de cada una de las cuencas hidrológicas de Canarias (siete) a las normativas estatal y autonómica que, a su vez, incorporaron la Directiva Marco del Agua, de 2000.

El Ejecutivo autonómico planteó en marzo de 2017 a los cabildos insulares, a través de su federación (Fecai), la asunción de competencias de redacción de los planes hidrológicos de segundo ciclo, hecho que se concretó en junio. En el mes de julio de aquel año se adjudicó a Tragsatec por 1,5 millones de euros la redacción de dichos planes.

Estos documentos contienen información de tipo medio ambiental, de la situación actual, tanto en calidad como en cantidad, de las aguas subterráneas, de superficie y costeras, así como necesidades de consumo tanto humanas como para los diferentes sectores económicos y objetivos ambientales para los próximos años. Asimismo, se contemplan las diferentes infraestructuras a realizar para cumplir estos objetivos tanto en acuíferos, como canalizaciones, producción de agua para consumo humano y agrícola así como la depuración y la reutilización.

Esos proyectos que tiene previsto llevar a cabo el Cabildo insular suponen una inversión de 300 millones de euros. Entre esas obras a realizar figuran la depuradora de Jinámar por 4,6 millones de euros, la depuradora de Cabo Verde (Moya) el emisario submarino de Bocabarranco en Gáldar, la mejora de la red de distribución de aguas regeneradas desde Jinámar a la red Las Palmas-Sur o la rehabilitación de la conducción La Data a Gambuesa-Ayagaures.

La Comisión Europea mantiene varios procedimientos de infracción contra España por retrasos en la aplicación de la legislación de aguas. Canarias se encuentra a la cola en el cumplimiento de estas directrices por los planes hidrológicos y la toma de medidas para reducir la contaminación de las aguas fecales que van al mar.