En el correo interno del 30 de agosto de 2017, que ayer blandió la oposición en el pleno del Cabildo, se aprecia cómo el coste de estos terrenos ya estaba tasado en "más de 4.000.000 euros" sin que se hubiera creado la Bolsa insular de fincas, que dio lugar a un procedimiento restringido de selección para la compra de suelo rústico en zonas preferentes para reforestar la Isla. Ese procedimiento se inició el 31 de julio de 2018, once meses después de la fecha del correo, y se dotó casualmente con 4.100.000 euros en los presupuestos de la corporación insular. Para la oposición en el Cabildo no parece una coincidencia.

El coste de los terrenos de Amurga fue finalmente de 4,06 millones de euros, una partida muy similar a la consignada en las cuentas del Cabildo de Gran Canaria del año 2018, señala Fernando Bañolas, consejero de CC. Tanto Antonio Morales, presidente del Cabildo, como Pedro Justo Brito, consejero de Hacienda, ambos de NC, aseguran que el proceso fue "impoluto". La adquisición de las tres fincas de Amurga de los familiares de Román Rodríguez, presidente de NC, se produjo tras un procedimiento administrativo de libre concurrencia iniciado en enero de 2018, al que concurrieron 87 propuestas. Ante tal cantidad se seleccionaron siete zonas preferentes donde pervivieron siete propuestas, y es entonces cuando se inicia el procedimiento restringido en julio del año pasado. La familia del presidente de Nueva Canarias se había presentado en febrero a la Bolsa con una oferta indicativa de venta de 0,35 euros el metro cuadrado. El 22 de marzo, presentó un nuevo escrito ofertando esos mismos terrenos por 0,78 euros. Finalmente en el Consejo de Gobierno de 28 de diciembre de 2018 se aprueba la compra de los terrenos de Amurga a un precio de 0,87 euros el metro cuadrado tras la valoración de Medio Ambiente. Fue un consejo extraordinario y urgente en el que se dio vía libre a la adquisición por 4,06 millones de euros de 466,501 hectáreas. Tanto la mujer como los cuñados de Román Rodríguez percibirán 339.053,33 euros por el 8,3% de la titularidad.

Según se desprende del correo interno, el consejero de Hacienda, Pedro Justo Brito, necesitaba ya en agosto de 2017 "una respuesta de cara a preparar una modificación presupuestaria para el pleno de septiembre de 2017 por un importe de algo más de cuatro millones de euros para la compra de esos terrenos (si se incluyera la finca Amurga II)". Para la oposición denota que el procedimiento público posterior fue un traje "hecho a medida" para adquirir estos terrenos dado los reparos de la Intervención insular a que se compraran de forma directa, y cuestionan cómo se permitió que el precio fuera aumentando. "¿Alguien tiene alguna duda de que en el escrito del 22 de marzo de 2018 los propietarios se están refiriendo claramente al precio final de los terrenos?", preguntó CC.