El Cabildo oculta documentos de la tramitación interna sobre Amurga

Dirigentes socialistas como Luis Ibarra y Sebastián Franquis también han criticado la operación de Amurga y han solicitado la convocatoria de la comisión de seguimiento del pacto NC-PSOE para que los nacionalistas ofrezcan más explicaciones de las que han dado hasta ahora. Fuentes del grupo Socialista en el Cabildo ven poco probable una reprobación al consejero de Hacienda y Presidencia, Pedro Justo, pero el candidato del PSOE Luis Ibarra se mantiene en la idea de que debe ser destituido por su actuación en la compra de los terrenos.

Solicitud

Todos los partidos de la oposición reclamaron el acceso a esos informes en el Pleno del Cabildo del pasado lunes y el grupo Podemos incluso lo solicitó oficialmente ese mismo día por el Registro de la corporación, pero no ha recibido contestación y su portavoz, Miguel Montero, teme que "el gobierno de Nueva Canarias y el PSOE busque alguna excusa para no entregar esos documentos porque son el 'san- to grial' de toda esta oscura operación".

En ese correo electrónico de una funcionaria de Patrimonio a otros dos departamentos del Cabildo, incluido en el expediente de Amurga, refleja que desde el año 2016 se estaba intentando comprar de forma directa las fincas de la familia de Román Rodríguez y se detalla que el documento adjunto al e-mails incluye seis pdf: el listado de zonas/fincas a adquirir en su caso; la Memoria del Servicio de Medio Ambiente de febrero de 2015; informes jurídicos y técnicos del Servicio de Patrimonio; un "pantallazo" sobre la fiscalización negativa a la compra directa de 30 de noviembre de 2016 de Amurga I y II; un informe de Medio Ambiente de fecha 7 de diciembre de 2016; y "un pliego de prescripciones técnicas de fecha 11 de julio de 2017 para la compra por el procedimiento de concurrencia pública en el que incluyen la zona de Amurga (pendiente de que el Servicio de Patrimonio realice el resto del condicionado y modelo de solicitud de participación)".

Al final de su escrito, la funcionaria señala textualmente: "Disculpen las tachaduras, pero las hicimos en la reunión con el consejero y no encontré el documento en limpio".

Los grupos políticos del Cabildo, pese a las reiteradas solicitudes, aún no han podido acceder a algunos de esos seis documentos adjuntos que se describen en el correo electrónico, lo que aumenta sus sospechas sobre la compra de esos terrenos.

Miguel Montero afirmó ayer que "lo que viene a decir ese documento interno es que todo el procedimiento de la bolsa de fincas rústicas es para comprar esos terrenos de la familia de Rodríguez porque los propios técnicos del Cabildo no les dejaron comprarlas a dedo".

El correo, a su juicio, "establece la cronología, el momento y hasta la cantidad; y deja una cosa más clara todavía, que Pedro Justo Brito no solo miente, sino que miente muy mal; al final les hemos ido pillando en todas sus mentiras y queda saber quién asume esta responsabilidad porque lo que pone en el correo no lo pueden negar".

El portavoz de Podemos está convencido de que el consejero al que hace referencia el correo es Pedro Justo. "Con seguridad, es la jefa de servicio de Planeamiento que está dentro de su consejería y están hablando de las bases. Habla de tachaduras porque el propio consejero cambió las bases. Lo deducimos porque el pdf donde viene todo eso no nos lo han dado, no está incorporado al expediente, no está foliado. Pero la persona que manda ese correo dice claramente qué contiene. Sé que otros consejeros lo han visto y hay que preguntarse por qué no se lo han pasado a Luis Ibarra. Me preocupa que su propio partido le esté dando la información con cuentagotas aunque él está siendo bastante claro. Hasta ahora no se sabe a quién hay que escuchar en el PSOE, si a Torres, a Franquis o a Ibarra. Los dos últimos están diciendo prácticamente lo mismo, el único que no dice lo mismo es Ángel Víctor Torres, cuyo sueldo depende de que Antonio Morales lo mantenga", comentó.

Montero también consideró que el documento que está reclamando demostraría la implicación política en la operación de Amurga. "Es un correo -puntualizó- entre técnicos que son excelentes profesionales y se están mandando los antecedentes, demuestra que la intención del grupo de gobierno es adquirir justamente esas parcelas y por la cantidad por la que se compró al final; es normal que haya comunicaciones entre técnicos, pero nos extraña que esté con copia al director general, por lo que la parte política está claramente informada y participa en la toma de decisiones. Es una de las mentiras que se les cae, otra más, la de que todo esto lo habían hecho los técnicos".

José Miguel Bravo de Laguna, expresidente del Cabildo y actual portavoz de Unidos, opinó que "lo que ya se ha visto del expediente es motivo más que suficiente para suspender la adquisición de esas fincas, al menos de forma cautelar".

Operación

"Está claro que todos los grupos de la oposición y una parte del PSOE coinciden en que esta operación ha estado teledirigida desde el principio y es un traje a medida para los propietarios de los terrenos, pero políticamente también me parece una grave deslealtad de Nueva Canarias hacia sus socios del PSOE, pues sí nos creemos que estaban en 'babia' cuando aprobaron la compra", señaló Bravo de Laguna, quien consideró que fue "una negligencia" no conocer a quién se le estaban comprando las tierras porque los cargos públicos están obligados a abstenerse en un procedimiento administrativo cuando existe amistad o enemistad manifiesta con la otra parte.

Morales y otros consejeros de NC, según Bravo de Laguna, debieron abstenerse porque conocían al promotor de la compraventa, José Victoriano González Rodríguez, cuñado de Román Rodríguez y exinterventor del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana y de la Mancomunidad del Sureste.

Bravo de Laguna tampoco comparte el argumento del gobierno de Morales de que no se puede frenar la adquisición de Amurga porque se incurriría en una posible prevaricación. "¿Cómo pueden decir los dirigentes de NC y PSOE que no se puede paralizar esa compra de terrenos, que ni siquiera se ha firmado todavía, y al mismo tiempo están pidiendo que se paralice la construcción del muelle de Agaete, que ya está adjudicado y cuenta fondos europeos", se preguntó el portavoz de Unidos.

"Si hay voluntad política se puede parar; no estamos pidiendo que se revoque o que se anule la compra, sino que se suspenda hasta que se aclaren todas estas cuestiones, por lo que no entendemos estas prisas en cerrar la operación", apuntó.

Carlos Ester, portavoz del PP, también propuso la paralización cautelar "hasta que se arroje luz sobre todo el expediente" y, en concreto, sobre estos nuevos documentos que aparecen en el correo electrónico de la funcionaria de Patrimonio.

"El caso Amurga tiene tantas sombras, mentiras y contradicciones como todo el mandato de Antonio Morales", declaró Ester, quien consideró que al existir ya un recurso en los tribunales "lo lógico es paralizar cautelarmente la firma de la compra hasta que el Juzgado decida si lo admite a trámite o lo archiva".

Por último, el portavoz de Coalición Canaria, Fernando Bañolas, denunció la "falta de transparencia del grupo de gobierno de Antonio Morales al ocultar esos documentos a los partidos de la oposición" e insistió en que "en Amurga se ha hecho un traje a medida para los familiares de Román Rodríguez con el dinero del contribuyente".