El gobierno insular de Antonio Morales anunció ayer que revisará el expediente de la compra de los terrenos de Amurga para comprobar si se han realizado los informes periciales sobre la superficie de las tres fincas que se van a adquirir a los familiares de Román Rodríguez, líder de Nueva Canarias (NC).
El consejero insular de Hacienda y Presidencia, Pedro Justo Brito, admitió ayer que han surgido "dudas" de que se hayan cumplido todos los requisitos legales en la compra de esas tierras, en concreto las obligaciones recogidas en el Artículo 11 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, que exige, además de los trámites contemplados en la normativa general sobre contratación, la realización de "un informe previo pericial".
Tres partidos políticos de la oposición -PP, Unidos y CC- no han encontrado esos informes en el expediente de Amurga, por lo que han presentado una moción y dos solicitudes para que el Consejo Insular de Aguas y el Servicio de Medio Ambiente del Cabildo informen sobre la posible existencia de bienes de dominio público en esas tres fincas, como cauces de barrancos, senderos, caminos reales o infraestructuras hidráulicas. Y en el caso de que no se hayan realizado los peritajes correspondientes, que "se den las órdenes oportunas para que se practiquen los deslindes".
Pedro Justo Brito declaró ayer a este periódico que "en el expediente hay un estudio del deslinde general de las tres fincas y también un estudio cotejado, tanto con el Registro de la Propiedad como con el Catastro", pero aseguró desconocer si se ha cumplido el requisito del informe pericial.
"A mí me generó una duda porque no sabía si eso estaba comprobado; le he pedido a mis servicios [de Patrimonio] que lo miren para averiguar si hay algún problema con eso; no me han respondido todavía, pero lo voy a mirar", explicó el consejero.
Comisión del Cabildo
Tras asistir ayer a mediodía a una comisión del Cabildo, Pedro Justo quiso precisar que "el gobierno va a comprobar si se ha cumplido con el trámite concreto, porque lo que define no es el deslinde general, sino si dentro de las fincas hay alguna zona que sea de dominio público, si se ha visto y si se ha medido".
"Que nosotros sepamos", puntualizó el responsable de Hacienda, "el Consejo Insular de Aguas no tenía ningún deslinde ni ningún reconocimiento de las fincas, pero vamos a comprobarlo y en función de lo que haya veremos los que hacemos".
Por tanto, añadió Pedro Justo, se va a realizar una comprobación "con el detalle que se precisa en los deslindes" para ver si hay bienes de dominio público dentro de las fincas. "En el Consejo Insular de Aguas no tienen nada allí marcado, pero todo lo que haya que mirar se mirará", concluyó.
Casi a la misma hora que el consejero realizaba estas declaraciones, los grupos del PP, Unidos y CC registraban dos nuevas solicitudes al presidente Antonio Morales para que el Consejo Insular de Aguas y el Servicio de Medio Ambiente informen de los deslindes practicados en las fincas Amurga, Umbría de Fataga y Lomo Gordo, propiedad de la esposa de Román Rodríguez, de cinco cuñados y de otras 16 personas. El Cabildo ha acordado adquirir esos terrenos por 4,06 millones de euros y la mitad de ese dinero se pagará a los familiares directos del máximo dirigente de Nueva Canarias.
Esos tres grupos opositores han presentado una moción, que se votará en el Pleno del Cabildo de la próxima semana, en la que advierten de la posible existencia de bienes de dominio público en los terrenos de esa familia y proponen la "realización urgente de los deslindes".
Los portavoces Carlos Ester (PP), José Miguel Bravo de Laguna (Unidos) y Fernando Bañolas (CC) también reclaman que "mientras no se produzcan estos deslindes, se paralice" la compra acordada por el gobierno insular de Morales el pasado 28 de diciembre de 2019.
Frente a las críticas de toda la oposición del Cabildo y de algunos dirigentes del PSOE, que coinciden en que en el expediente de Amurga se ha hecho "un traje a medida" para comprar las parcelas de la familia de Román Rodríguez, tanto el presidente Morales como los demás miembros del gobierno insular han sostenido hasta ahora que el procedimiento administrativo ha sido "impecable", "impoluto" o "perfecto".
Sin embargo, ayer ya existían dudas respecto al cumplimiento de esa normativa de las entidades públicas locales, que en su artículo 11 señala textualmente: "La adquisición de bienes a título oneroso exigirá el cumplimiento de los requisitos contemplados en la normativa reguladora de la contratación de las Corporaciones locales. Tratándose de inmuebles se exigirá, además, informe previo pericial, y siendo bienes de valor histórico o artístico se requerirá el informe del órgano estatal o autonómico competente, siempre que su importe exceda del 1 por 100 de los recursos ordinarios del Presupuesto de la Corporación o del límite general establecido para la contratación directa en materia de suministros".
La oposición en el Cabildo no ha encontrado ningún informe pericial en el expediente y creen que el gobierno insular de NC y PSOE debe frenar la compra para evitar que el asunto acabe en los tribunales.
