La ejecutiva insular del PSOE de Gran Canaria se reunió ayer para tratar, entre otros asuntos, la polémica adquisición de las tres fincas de Amurga y fijar la posición del partido en la comisión de seguimiento del pacto con Nueva Canarias, que se reunirá en los primeros días de la próxima semana para abordar las discrepancias en torno a esa actuación.
Fuentes de la dirección socialista aseguraron que el PSOE acudirá a ese encuentro "como una piña", para despejar las dudas sobre las declaraciones ambivalentes de Ángel Víctor Torres, vicepresidente primero y portavoz del PSOE en Cabildo, y de Sebastián Franquis y Luis Ibarra, secretario insular del partido y candidato en las próximas elecciones, respecto a conveniencia de realizar un gasto de más de cuatro millones de euros cuando esos mismos propietarios habían ofrecido los terrenos por mucho menso dinero.
Tras la ejecutiva insular de ayer, a la que asistieron los cinco consejeros del gobierno insular -Torres, Gilberto Díaz, María Isabel Santana, Juan Francisco Trujillo y Carmen Luz Vargas-, las mismas fuentes consideraron que las dudas surgidas ayer sobre los informes periciales puede ser una oportunidad para suspender de forma cautelar la compra de los terrenos y aclarar la polémica en torno a esa operación.
Los consejeros socialistas han asegurado hasta ahora que no se podía frenar la compra de Amurga porque el procedimiento administrativo era "correcto" e "impecable", pero ahora el gobierno de Antonio Morales se puede ver abocado a realizar los deslindes que no figuran en el expediente, lo que retrasará la adquisición durante semanas o meses.
Las mismas fuentes descartaron que se produzca una división interna cuando se vote el próximo viernes la solicitud de reprobar al consejero Pedro Justo.
