El Cabildo de Gran Canaria se ha visto obligado a frenar la compra de tierras en el Macizo de Amurga para realizar un informe pericial obligatorio de la superficie de las tres fincas que pretende adquirir a los familiares de Román Rodríguez, líder de Nueva Canarias (NC), lo que retrasará la operación durante meses, el tiempo necesario para realizar esos estudios de campo.
Se calcula que dentro de esas parcelas pueden contabilizarse entre 15.000 y 20.000 metros cuadrados que están reconocidos como bienes de dominio público (varios barrancos y senderos), cuya definición en un informe pericial obliga a retrotraer el expediente al momento en que se debieron incluir esos deslindes y pasar nuevamente por el consejo de gobierno del Cabildo, según explicaron ayer fuentes de la corporación insular.
El informe pericial debe encargarse a una empresa de ingeniería, lo que implica una tramitación de unos dos meses, ya que la contratación debe salir a exposición pública. El coste de ese estudio ronda los 15.000 euros.
Ante las informaciones de este periódico respecto al incumplimiento del Artículo 11 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y de las iniciativas de los grupos de la oposición para que el Consejo Insular de Aguas y el Servicio de Medio Ambiente informen sobre los deslindes practicados en esas tres fincas, el gobierno de Antonio Morales emitió ayer un comunicado en el que anunció que ha encargado al Consejo Insular de Aguas un informe específico sobre dominios públicos en Amurga, Pico Viento y Peralillo para incorporar a sus cinco expedientes de adquisición, "un documento que nunca hasta ahora ha sido incluido en las compras de fincas rústicas y con el que la Institución insular pretende maximizar las precauciones".
En los estudios topográficos incluidos en estos expedientes de compra, precisó el gobierno insular, "no consta dominio público alguno; en cuanto a los registros catastrales tampoco consta dominio público en los tres expedientes referentes a Amurga y sí en el caso de Pico Viento y Peralillo". Y con relación a los deslindes de dominio público, "no figura ninguno en los cinco expedientes, si bien el Cabildo ha encargado este informe para todos los casos con el objeto de reforzar la solidez de los cinco expedientes".
"En cualquier caso, de existir algún elemento susceptible de ser deslindado como dominio público, ello no afectaría a la marcha de las compras, sino que implicaría que el Consejo Insular de Aguas realizara un expediente de deslinde que sería incorporado al expediente de adquisición correspondiente", concluyó la nota del Cabildo.
Metros cuadrados
Fuentes de la corporación comentaron que la práctica habitual hasta ahora era la de comprar primero las fincas y después realizar los deslindes de dominio público, algo que no se puede repetir en el caso de Amurga porque el acuerdo de adquisición es por metros cuadrados de terreno, en concreto 4.665.010 metros.
Las tres fincas de la polémica son propiedad de 22 personas, aunque la mitad de la superficie pertenece a la esposa y cinco cuñados de Román Rodríguez. En el caso de que el gobierno de Morales apruebe un nuevo acuerdo de compra, a la valoración de 4,06 millones de euros, habría que restarle la cantidad de metros cuadrados que son de dominio público.
Los grupos de la oposición del Cabildo han denunciado que el expediente está plagado de irregularidades y que es "un traje a medida" para favorecer a esos propietarios, por lo que exigen la paralización de la compra.
Además, el consejero Daniel Reyes, del grupo Unidos, ha interpuesto un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 6 de Las Palmas de Gran Canaria y ha advertido con acudir a la vía penal si el gobierno de Morales no da marcha atrás en la compra.
Carlos Ester, portavoz del PP, principal partido de la oposición en el Cabildo, consideró ayer que "el anuncio de seguir adelante con la compra de esas tres fincas tras la realización de esos informes periciales agrava más la situación legal en la que NC y PSOE van a dejar a la institución y demuestra la gran desesperación de Antonio Morales por cerrar cuanto antes esa operación", sentenció.
