Las seis familias denunciantes de los cobros irregulares de prestaciones de dependencia a usuarios de la residencia de mayores de Agüimes ya recibieron toda la devolución económica. Cada una recibió por parte del Ayuntamiento 29.184 euros tras la sentencia del pasado día 3 de septiembre de 2018 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, que falló a favor del reembolso del dinero, a lo que le acompañó el allanamiento de la Corporación municipal.
Sin embargo, la situación puede no quedar aquí ya que las familias denunciantes están estudiando la posibilidad de reclamar los intereses, según fuentes cercanas, las cuales indicaron que "aún no sabemos cuál es la cantidad exacta que reclamaríamos por los intereses, pero al parecer oscilaría entre 3.000 y 4.000 euros".
Fueron catorce las familias que tenían en la residencia de mayores algún familiar por el que pagaban al año 14.400 euros cada una, desconociendo que desde enero de 2014 tenían derecho a una subvención a través de la Ley de Dependencia con un importe anual de 23.662 euros, sin ninguna reducción en lo que pagaban.
Entonces, en junio de 2016 seis familias afectadas denunciaron esta situación irregular del Ayuntamiento, siendo alcalde Antonio Morales, quien es en la actualidad el presidente del Cabildo, y el actual regidor, Óscar Hernández, tenía a su cargo en el mandato anterior (2011-2015) las Concejalías de Hacienda y Seguridad Ciudadana.
La Corporación municipal pagaba cada mes 950 euros por cada familia con un paciente en el centro de ancianos a Mensajeros de la Paz, organización que gestiona la residencia.
Tras lo logrado por los denunciantes, varias de las ocho familias afectadas por habérseles cobrado de más y que en un principio no reclamaron, barajan ahora la opción de hacerlo.
Uno de los familiares que logró la devolución económica, que prefirió conservar el anonimato, afirmó que "teníamos claro desde un principio que si no nos movíamos, no íbamos a cobrar nada de lo que nos correspondía. Sabíamos y comprendíamos que otros afectados optaron por no denunciar, sea por miedos u otras razones".
"Pusimos la denuncia y presionamos, y fuimos a reclamar nuestros derecho al Parlamento de Canarias, en Tenerife, cuando estaban los diputados tratando este tema de la Ley de Dependencia. Otra cosa es averiguar qué se hacía con tanto dinero que el Ayuntamiento se quedaba", agregó el familiar denunciante.
El actual alcalde agüimense, Óscar Hernández, consideró ayer que "este tema ya está cerrado. Nosotros teníamos una visión y ellos otra, y ha sido un tercero, un árbitro, el que ha decidido". Respecto al caso de que reclamen los intereses, Hernández señaló que "ellos tienen derecho a reclamar y si lo hacen, pues ya se harán los informes técnicos y según éstos pues decidimos pagar o no esos intereses".
