Nueva Canarias (NC) y el PSOE, socios de gobierno en el Cabildo de Gran Canaria, llevarán la compra de las fincas de Amurga a un nuevo consejo de gobierno, una vez se revise el expediente para incluir los informes que faltan, y será en ese momento cuando cada grupo político decidirá si apoya o rechaza la adquisición de los terrenos de la familia de Román Rodríguez por 4,06 millones de euros.
La comisión de seguimiento del pacto NC-PSOE ´se reunió en la mañana de ayer para abordar sus diferencias sobre Amurga y, tras varias horas de incertidumbre sobre el resultado de ese encuentro, emitió un comunicado en el que resaltó que se respetará la decisión de los miembros del consejo de gobierno y de las formaciones políticas que lo conforman, lo que en el caso de los socialistas equivale a dejar en el aire la compra de las tres fincas de los los familiares del líder de NC.
En la reunión mantenida por los representantes de NC y PSOE, "al objeto de tratar, en el marco de la situación política general y la gestión del Cabildo de Gran Canaria, lo relativo al procedimiento de adquisición de las tres fincas en la zona de Amurga por parte del Cabildo de Gran Canaria, con la finalidad de seguir incrementando la superficie pública con interés medioambiental y de reforestación", se adoptaron tres conclusiones, explicó la nota conjunta de ambos partidos.
En el primer punto, se ratificó la decisión del consejero insular de Hacienda y Presidencia, Pedro Justo Brito, de "solicitar al Consejo Insular de Aguas la determinación de los deslindes necesarios para disponer de la información precisa sobre posibles suelos públicos en el ámbito de las fincas afectadas".
Deslindes
"Igualmente, se ha requerido de los Servicios Jurídicos del Cabildo el correspondiente informe jurídico acerca del procedimiento a seguir, una vez se hayan efectuado dichos deslindes, si procediera", apuntó.
En el segundo punto, que los propios socios del pacto consideraron clave sobre el futuro de la operación de compraventa de Amurga, la comisión de seguimiento del pacto explicó que "desde que se disponga de la información requerida, el expediente de adquisición se llevará al consejo de gobierno al objeto de realizar los ajustes precisos, garantizando siempre el respeto a la legalidad y la transparencia en todas las decisiones y respetándose la decisión de sus miembros y de las formaciones políticas que lo conforman".
En el tercer epígrafe del acuerdo, relativo a la propuesta de reprobación planteada por el portavoz del grupo político Podemos, Miguel Montero, ambas fuerzas políticas destacan que se atienen a lo establecido en el Pacto de Gobierno al principio del mandato del Cabildo de Gran Canaria, que textualmente dice en su punto 4 lo siguiente: lealtad entre las fuerzas políticas, no apoyando moción de censura o propuesta de reprobación a ningún miembro del Gobierno durante el mandato Insular". Esa cláusula "ya se ha aplicado en otras propuestas de reprobación a miembros del grupo de Gobierno durante el presente mandato", recordó el comunicado.
Aunque el grupo Socialista del Cabildo ha defendido la legalidad del expediente de la compra, el propio vicepresidente de la corporación insular y líder del PSOE en las Islas, Ángel Víctor Torres, admitió desde el principio de la polémica que se tenía que haber informado al consejo de gobierno y a los partidos de la oposición que los terrenos son de la familia de Román Rodríguez. De haberlo sabido, insinuó, los consejeros del PSOE quizá no habrían aprobado la adquisición el pasado 28 de diciembre.
Luis Ibarra, candidato de los socialistas a la Presidencia del Cabildo en las próximas elecciones del 26 de mayo, sí ha rechazado claramente la operación, por entender que el expediente es "un traje a medida" para comprar solamente esos terrenos de Amurga, e incluso pidió la destitución del consejero Pedro Justo Brito por su gestión en este asunto. Las declaraciones de Ibarra fueron refrendadas por Sebastián Franquis, secretario general del PSOE de Gran Canaria, quien promovió la reunión de la comisión de seguimiento del pacto.
Con posterioridad a la convocatoria de ese foro, se constató que en el expediente falta un informe pericial obligatorio sobre la superficie de las tres fincas.
