El Cabildo de Gran Canaria reclama al Ayuntamiento de Agüimes 516.000 euros por el gasto farmacéutico de una treintena de usuarios en régimen de dependencia en la residencia de mayores de la Villa entre 2014 y 2017. La institución insular ha requerido esa cantidad económica al Ayuntamiento, pues considera que el Consistorio cobraba a pacientes los medicamentos al mismo tiempo que recibía una subvención económica para cubrir ese gasto y para sufragar la contratación de personal sanitario que hasta ese momento no contrató. El actual alcalde del municipio, Óscar Hernández, ha presentado alegaciones y declaró ayer a este medio que "nunca se ha cobrado por partida doble".

La corporación insular abrió esta investigación en 2017 tras encontrarse en una inspección rutinaria con lo que entienden un cobro indebido por parte del Ayuntamiento a los usuarios dependientes del centro de mayores. Considera el Cabildo que el gasto farmacéutico -medicamentos, pañales y otros equipos y accesorios necesarios para la atención a los usuarios dependientes de la residencia- ya recibe una subvención desde el Gobierno de Canarias que tramita el Cabildo. El caso está previsto que se lleve hoy, por iniciativa del Partido Popular (PP), al Pleno ordinario de la corporación insular.

Los miembros de la Unidad Técnica de Evaluación del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS), órgano dependiente del Cabildo, sospecharon que el Ayuntamiento cobraba a los pacientes por estos medicamentos y pañales en muchos casos de manera directa, mientras que en otros se sufragaban esos gastos a través de recetas de médicos de Atención Primaria del Servicio Canario de Salud (SCS).

Esta investigación y la reclamación de informes al Ayuntamiento tuvo lugar siendo la consejera de Políticas Sociales del Cabildo Elena Máñez, peso pesado del PSOE canario, que desde junio de 2018 es la delegada del Gobierno en Canarias.

"Mala situación financiera"

En el informe firmado en 2017 por Máñez "se insta al Ayuntamiento a que se proceda de oficio a reintegrar el importe del módulo sanitario [subvención] de las plazas de alto y medio rendimiento, que son un total de 30 plazas, una vez que se comprobó que no se disponía de personal médico y DUE (Diplomado Universitario de Enfermería) contratado por la residencia, así como no estaban asumiendo los gastos farmacéuticos de las plazas de alto requerimiento".

El actual alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, firmó y presentó un documento de alegaciones el 18 de enero de 2019. El regidor declaró ayer a este periódico que el Ayuntamiento "nunca ha cobrado por partida doble". Asimismo, argumentó que "no hay una cláusula del convenio entre el IAS y el Ayuntamiento en el que figure que la Corporación deba sufragar los medicamentos". Además, alegó que el pago de los 516.000 euros dejaría al municipio en "una mala situación financiera, en un desequilibrio presupuestario". Recientemente el Ayuntamiento ha pagado más de 170.000 euros a seis familias de usuarios de esta misma residencia a las que cobró las cuotas de manera indebida, entre enero de 2014 y junio de 2016.

Respecto a la exigencia de devolver esos 516.000 euros, el alcalde dijo que "debe ser el Cabildo, el que repartió la ayuda económica, el que se lo aclare al Gobierno de Canarias, que es el que se la entregó. La obligación de explicar la tiene el Cabildo con el Ejecutivo, no es nuestra, según marca el convenio entre ellos".

Este supuesto cobro ilegal ocurrió en el citado centro de mayores agüimense cuando era gestionado por el Ayuntamiento, entre los años 2014 y 2017, siendo alcalde ese primer año Antonio Morales, de Nueva Canarias (NC), quien es en la actualidad el presidente del Cabildo, y en los otros tres ejercicios el actual regidor, Óscar Hernández. Desde 2018 es gestionada la residencia por Mensajeros de la Paz.

La actual consejera de Políticas Sociales del Cabildo, Carmen Luz Vargas, declaró que la investigación se inició "al estudiar unos expedientes en los que figuraban que había unos pagos de medicamentos mediante recetas del SCS para unos usuarios en régimen de dependencia, y que el Cabildo les paga el módulo sanitario, es decir, que está subvencionada su atención y los medicamentos". "Se investiga al sospechar la existencia de posibles irregularidades. Tampoco debían de asumir el gasto farmacéutico la familia o el propio usuario mediante el copago", agregó.

Respecto a lo dicho por Óscar Hernández sobre que las explicaciones deben ser entre le Ejecutivo canario y el Cabildo, Carmen Luz Vargas respondió que "en absoluto es así, esas aclaraciones tienen que ser a tres bandas, es decir, entre las tres administraciones porque nosotros tenemos que justificar al Ejecutivo canario qué pasó con la subvención que nos entregan y repartimos a los Ayuntamientos".