El Plan Territorial Parcial PTP-15 es una realidad 14 años después de su inicio y supondrá una mejora en la red viaria del norte de Gran Canaria y una solución para el realojo de las casi 300 familias afectadas por la Ley de Costas, que amenaza con tumbar las viviendas construidas en dominio público en Quintanilla, San Andrés, Bocabarranco, El Roque y San Felipe. Un corredor independiente de alta velocidad que mantiene el trazado diseñado después de las sentencias judiciales, la propuesta de un puente o soterramiento entre Bañaderos y El Puetillo y la creación de un máximo de 900 plazas turísticas en hoteles de cuatro estrellas y superior para potenciar los valores naturales y paisajísticos son algunos de los hitos de este plan, que desbloquea la red viaria de la comarca norte.
La consejera de Política Territorial, Inés Miranda, presentó ayer este plan junto con el del parque aeroportuario, que cosidera primordiales para el desarrollo de Gran Canaria, y que en el caso del PTP-15 culmina un trabajo iniciado en 2005, que fue retomado en este mandato por la esta consejería del Cabildo. Un planeamiento que, según expuso la titular de Política Territorial, ha sufrido diversas vicisitudes que obligaron a su paralización y a su rediseño después de un largo contencioso judicial. Deberá pasar la evaluación del Órgano Ambiental Insular para posteriormente ser aprobado de forma definitiva por el pleno cabildicio.
Miranda explicó que fue paralizado en 2011 tras una sentencia del Tribunal Supremo que anuló el Plan Territorial Especial 14 del Gobierno de Canarias en relación al corredor de la GC-2, conocido como la variante de Bañaderos. Por ello, a petición del Ejecutivo regional y de la Mancomunidad fue retomado para incluir el trazado de la carretera, es decir, la zonificación por la que debe pasar. El PTP-15 fue aprobado inicialmente en mayo de 2018 y su proceso de exposición pública y consultas interadministrativas finalizaron en octubre del año pasado. Después de esta tramitación, en el Cabildo se ha llegado a un consenso con los ayuntamientos afectados, Arucas y Moya.
Este último mantiene su propuesta de la construcción de varios túneles, pero tendrá que esperar a la revisión del Plan Insular de Ordenación (PIO), que sí los contempla. El PTP-15 sí le permite la creación de falsos túneles, pero esta medida es ya una cuestión que debe decidir el Ayuntamiento, ya que, según se informó en la presentación del planeamiento, la corporación insular no entra en las soluciones técnicas, sino en la culminación del trazado, que contempla un corredor de 11 kilómetros que permita más velocidad en la nueva GC-2, desde La Aldea a la capital grancanaria.
De hecho, este corredor mantiene en su mayor parte el actual trazado, a excepción de una variación entre Bañaderos y el barranco de Azuaje. Una modificación que se produce para propiciar el realojo de las casi 300 familias afectadas por la Ley de Costas y evitar un traslado alejado que provoque su desarraigo.
Asimismo, este documento propone la construcción entre Bañaderos y El Puertillo de un puente o un soterramiento, aunque la decisión final dependerá de los estudios previos al proyecto de construcción que promueva el Gobierno de Canarias. El Plan, según expuso Inés Miranda, ni condiciona ni obstaculiza ninguna solución para ejecutar la carretera, sino que las facilita, ya que la propuesta técnica corresponderá al Gobierno de Canarias. "Nosotros no entramos en las soluciones técnicas, sino que dejamos preparado para las inversiones y proyectos el trazado consensuado", añadió.
El PTP-15 también contempla una carretera paralela para permitir la conexión entre los núcleos del litoral, que entre El Puertillo y El Roque será de carácter urbano para vehículos, bicicletas y peatones.
La aplicación de la Ley de Costas en el litoral norteño, recordó Miranda, ya fijó el deslinde marítimo en los municipios españoles entre 2004 y 2005. Este plan prevé la ordenación de suelo para propiciar que los ayuntamientos puedan reservar suelo para los realojos de los vecinos afectados. En este caso, son casi 300 familias residentes en los núcleos de Quintanilla, San Andrés, Bocabarranco, El Roque y San Felipe, aunque recalcó que el Cabildo no es responsable del realojo ni de la expropiación.
Asimismo, el plan ofrece la implantación de establecimientos hoteleros con categoría de cuatro estrellas y superior para la reactivación económica de la zona y que estén vinculado a resaltar el valor de sus recursos naturales y paisajísticos. Contempla como límite 900 plazas turísticas en todo el ámbito.
