El grupo Popular en el Cabildo de Gran Canaria ha acusado este lubes al gobierno que preside Antonio Morales “de ocultar de forma consciente y reiterada” la información solicitada hace ya más de dos meses sobre los datos de ejecución del Presupuesto 2018, así como los saldos actuales de la Institución insular en las distintas entidades bancarias.
En una nota de prensa, el portavoz del PP, Carlos Ester, explicó que su grupo solicitó el pasado 15 de enero, a través de un escrito registrado en la Secretaría General de Pleno, “copia de los últimos datos de ejecución presupuestaria 2018 del Cabildo de Gran Canaria y todos sus organismos dependientes, desagregados por capítulos, secciones y servicios”, sin que, hasta el momento, haya recibido respuesta alguna.
De igual forma, el gobierno de NC, PSOE y los dos tránsfugas sigue ocultando al principal partido de la oposición -y, por ende, a toda la ciudadanía de la Isla- el saldo de las distintas cuentas bancarias del Cabildo de Gran Canaria y sus organismos autónomos a 31 de diciembre de 2018, tal y como se le requirió mediante otro escrito registrado también el pasado 15 de enero.
Ante el incumplimiento del plazo legal para facilitar los datos requeridos, el PP reiteró su solicitud el 26 de febrero, pero tampoco fue atendida, por lo que el 8 de marzo registró un último escrito -el tercero en dos meses- dirigido esta vez a la Jefatura del Servicio de Presupuestos y Contabilidad.
Para el PP, el reiterado silencio administrativo demuestra “el menosprecio sistemático” de Antonio Morales a los grupos políticos que no forman parte del gobierno insular, así como “la vulneración constante de los derechos fundamentales de la oposición” al hurtarle la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones.
Carlos Ester afirmó que “una vez más se pone de manifiesto la falta de transparencia y el oscurantismo de un gobierno al que no le gusta rendir cuentas ante los ciudadanos, y que ha ido recortando la calidad democrática de la Institución para que no trascienda la parálisis crónica que sufre el Cabildo”.
Los populares recuerdan que tanto la Ley de Cabildos como el Reglamento Orgánico del Pleno del Cabildo de Gran Canaria amparan a todos los consejeros insulares a solicitar y obtener de la Presidencia del Cabildo, del Consejo de Gobierno y de los miembros gobernantes de la Corporación cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su labor de control y fiscalización a la acción del gobierno.
El PP argumenta además que, en virtud del artículo 97.2 de la Ley de Cabildos y el artículo 18.4 de Reglamento Orgánico del Pleno del Cabildo de Gran Canaria, las solicitudes de información deberán resolverse en un plazo no superior a cinco días naturales a contar desde su presentación. En este sentido, el PP subraya en su último escrito que el incumplimiento de ese deber acarreará responsabilidad disciplinaria por obstrucción al derecho constitucional del libre ejercicio de cargo público, como recoge el artículo 18.5 del referido Reglamento Orgánico del Pleno.
Por todo ello, y ante el intolerable ninguneo de Antonio Morales a los grupos de la oposición, “el PP advierte con emprender cuantas acciones judiciales sean necesarias para poder ejercer con todas las garantías democráticas y sin ningún tipo de cortapisa nuestra función de control y fiscalización al gobierno”.
