El gobierno insular de Antonio Morales ha encargado a una empresa privada la realización de los deslindes de las fincas de Amurga y prevé que el informe esté terminado a finales de este mes para seguir adelante con la compra de esos terrenos a familiares de Román Rodríguez, líder de Nueva Canarias (NC) y exvicepresidente de la corporación insular.

El consejero insular de Hacienda y Presidencia, Pedro Justo, explicó ayer en la Comisión de Pleno que su departamento solicitó el informe de los deslindes al Consejo Insular de Aguas y que ese organismo, a su vez, ha contratado a la consultoría que habitualmente le realiza esos trabajos. Aunque no quiso concretar fechas, Justo afirmó que esa empresa "está terminando" el encargo y subrayó que los deslindes podrían estar entregados antes de que acabe este mes de marzo.

La polémica compra de las tres parcelas del Macizo de Amurga a la esposa y cinco cuñados de Román Rodríguez, por 4,06 millones de euros, fue objeto ayer de otra batería de preguntas por parte de los grupos de la oposición, que consideran que el expediente está plagado de irregularidades y que es "un traje a la medida" para beneficiar a esos vendedores.

A preguntas de Miguel Montero, portavoz de Podemos, el consejero de Hacienda confirmó que Morales y NC siguen adelante con la compra de esos terrenos pese a que los socios del PSOE ya se han desmarcado y les han advertido de que no aprobarán esa operación cuando se vuelva a llevar al consejo de gobierno del Cabildo.

Los consejeros socialistas, en declaraciones a este periódico, dudan de que NC intente cerrar la adquisición de las fincas a los familiares de Román Rodríguez en lo que resta de mandato, pues tendrían que hacerlo en solitario, con el rechazo de todos los demás grupos del arco político y en plena campaña electoral.

Además, se ha interpuesto un recurso en un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo para intentar invalidar esa compraventa y grupos de la oposición han advertido con acudir a la vía penal al entender que el gobierno insular podría incurrir en varios delitos si finalmente realiza esa adquisición.

Daniel Reyes, consejero de Unidos por Gran Canaria y autor de la demanda judicial también aprovechó ayer la Comisión de Pleno para preguntar al consejero de Medio Ambiente, Miguel Ángel Rodríguez, en qué fecha tuvo conocimiento el Cabildo de que en las fincas de Amurga existía un coto de caza y si se ha resuelto ese arrendamiento. Ambas cuestiones quedaron sin contestar y se responderán por escrito.

Invalidar

Reyes considera que la existencia de un coto de caza dentro de los terrenos podría invalidar la compra, pues en las bases del concurso público de la Bolsa Insular de Fincas se exigía que las parcelas para reforestación estuvieran libres de cargas, es decir, de alquileres o arrendamientos a terceras personas o entidades.

A tenor de las respuestas de Pedro Justo de ayer, los partidos opositores creen que NC pretende realizar la compra de Amurga antes de las elecciones del 26 de mayo, aunque tampoco descartan que lo haga a posteriori si vuelve a gobernar con el PSOE, lo que ya supondría un asunto de conflicto en la hipotética reedición del pacto.

El candidato socialista a la presidencia del Cabildo, Luis Ibarra, ha sido uno de los principales detractores de la compra de Amurga a los familiares de Román Rodríguez y ha logrado que sus compañeros hayan pasado de defender la operación, en un primer momento, a amenazar con desmarcarse si el expediente se vuelve a llevar al consejo de gobierno.

Ángel Víctor Torres, vicepresidente del Cabildo y líder regional del PSOE, ha reprochado que los consejeros socialistas que aprobaron la compra de Amurga el 28 de diciembre, en un consejo de gobierno urgente y extraordinario, no fueran informados previamente de que el representante de los vendedores es José Victoriano González, cuñado de Román Rodríguez y exinterventor del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana y de la Mancomunidad del Sureste.

En febrero de 2018, la familia de Román Rodríguez ofertó al Cabildo sus tres fincas de Amurga por 0,35 euros el metro cuadrado, pero el gobierno insular, en un posterior procedimiento restringido, del que fueron excluidos la práctica totalidad de los concursantes, valoró los terrenos en 0,87 euros el metro cuadrado e iba a pagar 4,06 millones de euros.