El Ayuntamiento de Gáldar ha ganado al banco Santander la demanda interpuesta por los denominados contratos swaps, por lo que la entidad financiera debe ingresar en las arcas municipales 721.459 euros, más los intereses legales y las costas procesales. El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, mostraba su "enorme satisfacción" tras conocer la sentencia emitida por el Juzgado de Primera Instancia de Guía, y ha explicado que con ese fallo se da nulidad a los contratos firmados al banco. Esta modalidad de préstamo entra dentro de los 'productos complejos', que suponen un compromiso entre las partes para el intercambio de dinero en fechas futuras, y según la misma fuente, fueron exigidos por la entidad financiera en dos ocasiones, primero en 2004 y luego en plena crisis, en 2010.

"El banco presionó en ambas ocasiones al Ayuntamiento" para su firma, ya que en caso contrario "no se renovarían los préstamos que por entonces estaban vencidos, lo que en la práctica hubiera supuesto la quiebra económica de la tesorería local". En julio de 2016, el grupo de gobierno inició acciones legales alegando "vicios en el consentimiento" al considerar que la entidad bancaria no había ofrecido toda la información de los riesgos de estos productos financieros y los daños económicos que podrían ocasionarle.

Ahora la sentencia declara que a todos los efectos el Ayuntamiento tiene la condición de cliente minorista y que por tal motivo el banco "debió cumplir escrupulosamente con los deberes de información y asesoramiento legal para la celebración de este tipo de contratos".

Y de hecho se subraya en la sentencia "que en el presente caso no consta que la entidad financiera cumpliera con sus deberes de información y lealtad en la contratación de este producto de riesgo, entregando exclusivamente el contrato y un anexo con los escenarios posibles", según informa el Ayuntamiento.

"Todo ello", añade la nota, "en un lenguaje de difícil comprensión lógico-matemática incluso para expertos financieros, y además en un periodo inmediato a la firma de los documentos" . Para Sosa el proceso ha supuesto una lucha de "David contra Goliat, un conflicto en el que el Ayuntamiento nunca ha tirado la toalla y que ha supuesto un gran esfuerzo por defender los intereses del consistorio" .