Morales utiliza a los letrados del Cabildo en una demanda particular por Amurga

Servicios públicos a disposición de intereses privados. El presidente Morales recurrió a los letrados del Cabildo para que interpusieran en su nombre y representación una demanda judicial en defensa de su honor al considerar que algunas noticias de este diario sobre la adquisición de los terrenos de Amurga "sobrepasan los límites" de los derechos a las libertades de información y de expresión.

Este empleo anómalo de los servicios jurídicos del Cabildo por parte de Morales para su interés particular y político ya fue advertido en un primer momento por el letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia Número 9 de Las Palmas de Gran Canaria, donde recayó la demanda contra LA PROVINCIA.

En una diligencia fechada el 26 de febrero, el presidente insular recibió un apercibimiento por presentar una demanda en defensa de sus intereses personales a través de los servicios de la letrada jefe de la Asesoría Jurídica del Cabildo, que acudió a los tribunales el pasado 21 de febrero, en plena bronca política de Morales con sus socios del PSOE y con todos los grupos de la oposición -PP, Unidos, Podemos y CC- por la polémica adquisición de las fincas de Amurga.

En esa diligencia de ordenación, a la que ha tenido acceso este periódico, se requirió al Cabildo que en el plazo de diez días se aclarara "en nombre y representación de quién se presenta la demanda" y, en su caso, se subsanaran los defectos de postulación.

"Los preceptos legales y reglamentarios habilitan a la letrada para representar y defender a la entidad local", expone en su diligencia el letrado del Juzgado capitalino, pero añade que "no hay referencia alguna para representar y defender a miembros particulares".

"En caso de tener habilitación para representar, defender y ejercitar acciones en nombre y representación de autoridades y funcionarios del Cabildo de Gran Canaria, deberá citar el precepto legal, reglamentario o jurisprudencia que así lo ampare", añadió la diligencia. Ni la letrada del Cabildo ni Morales respondieron a ese requerimiento de aclaración o subsanación de defectos.

El presidente insular se aprovechó, por lo tanto, de los servicios jurídicos del Cabildo de Gran Canaria para así no tener que abonar una defensa privada en la demanda que presentó contra LA PROVINCIA tras desvelar las polémicas operaciones relacionadas con la compraventa de los terrenos de Amurga a esos familiares de Román Rodríguez, una adquisición aprobada en un consejo de gobierno extraordinario y urgente el 28 de diciembre, sin que hubiera un peritaje oficial que verificara la extensión real de las fincas adquiridas.

El presidente insular y el consejero de Hacienda y Presidencia, Pedro Justo, anunciaron en varias ocasiones que iban a demandar a LA PROVINCIA por las informaciones sobre la compraventa de esos terrenos de Amurga, pero aseguraron que la denuncia estaría encaminada a defender a los funcionarios que participaron en ese expediente, pues a su juicio algunos medios de comunicación y los portavoces de la oposición habían atribuido hechos delictivos a esos empleados públicos.

Desmarque

Los socios de gobierno del PSOE se desmarcaron de esas acciones judiciales y los consejeros socialistas consideraron en privado que era "un error", aún sin saber que se iban a utilizar a los servicios jurídicos del Cabildo o que la demanda se iba a circunscribir únicamente al honor y la propia imagen de Morales, no al resto del gobierno insular ni a los funcionarios.

En un auto del 29 de marzo el titular del Juzgado de Primera instancia número 9 de Las Palmas de Gran Canaria, Juan Luis Egea, comunica a la letrada del Cabildo que se inadmite a trámite y se declara el archivo de la demanda presentada por Morales contra este diario como consecuencia de la confusión respecto al nombre y representación de a quién defiende la abogada de la institución insular.

En el auto el juez es claro. No hay ninguna incertidumbre respeto a que la letrada del Cabildo ostenta la representación y defensa de la institución insular. "Sobre este extremo no hay ninguna duda", expone en el auto el magistrado Egea Marrero.

"En cambio, lo que produce confusión es que la demanda se presente en nombre y representación de Antonio Morales, de ahí que en la diligencia de ordenación del 26 de febrero de 2019 se requiriese a la corporación local para que aclarase o en su caso subsanase", añade el judicial. Por tanto, se evidencia de que no hay ningún precepto, reglamento o jurisprudencia que avale lo que pretendía ante los tribunales el presidente del Cabildo en su frustrada demanda contra LA PROVINCIA.

En la demanda rechazada por el Juzgado se solicitaba que se declarara "la existencia de una intromisión ilegítima en el derecho al honor, a la intimidad y la propia imagen" de Morales por parte de LA PROVINCIA y se condenara a la empresa editora a pagar una indemnización de daños y perjuicios por una cuantía de 15.000 euros, así como a "eliminar y borrar definitivamente de su hemeroteca y archivos digitales las publicaciones relacionadas en esta demanda que el Tribunal considere vulneradoras del derecho fundamental".

Además, la letrada del Cabildo, siempre en nombre de Morales, pedía que se condenara a la empresa "a la publicación a su costa de la eventual sentencia estimatoria, en su medio informativo (versiones escrita y digital) y en otros dos medios informativos de tirada autonómica (uno de ellos de similar tirada a LA PROVINCIA pero en la provincia de Santa Cruz de Tenerife)".

La resolución del magistrado es un nuevo varapalo judicial para el presidente del Cabildo, que pretendió ejercer un derecho legal -la defensa de su honor e imagen- no mediante un abogado particular sino a través del equipo jurídico de la institución insular, cuyos recursos públicos fueron puestos al servicio de los intereses particulares y políticos de Morales. La estrategia, en esta ocasión, le ha salido mal, pues un juez ha parado el aprovechamiento que hizo el presidente del Cabildo de los servicios jurídicos de la institución de la que es el máximo mandatario.

También es un nuevo disgusto para Morales en su estrategia judicial para silenciar a este periódico. La resolución que archiva la demanda de Morales contra este rotativo por las informaciones de Amurga se conoce días después de que otro Juzgado, el de Primera Instancia Número 1 de Telde, respaldara las noticias de este periódico sobre las irregularidades financieras y económicas detectadas por la Audiencia de Cuentas de Canarias en la gestión de Morales como alcalde de Agüimes.

Informaciones

La juez de Telde sostiene, en un fallo conocido el lunes, que las informaciones de LA PROVINCIA sobre Antonio Morales son veraces, de interés general y de relevancia informativa, al desvelar que cuando el ahora presidente del Cabildo de Gran Canaria ocupó la alcaldía de Agüimes se registraron graves anomalías contables, contratos irregulares, adjudicaciones a dedo, gastos sin justificar, descuadres y un descontrol interno en la gestión municipal de las arcas públicas con trece cuentas bancarias abiertas, en un contabilidad B, con pagos y abonos desconocidos.

Aparte del revés judicial, la compra de las tres fincas del Macizo de Amurga está paralizada por el propio gobierno de Morales ante la falta de los deslindes de los terrenos públicos que no pertenecen a los vendedores y las diferencias entre los socios de NC y PSOE.

La operación de Amurga también está pendiente de un recurso presentado por Daniel Reyes, consejero de Unidos por Gran Canaria, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 6 de Las Palmas de Gran Canaria, al entender que en el expediente de la compraventa de esos terrenos se han cometido numerosas irregularidades, sin descartar acudir después a la vía penal.

Las informaciones de LA PROVINCIA, que fue el periódico que desveló que entre los vendedores de Amurga se encuentran los familiares de Román Rodríguez [una circunstancia que todos los miembros del gobierno insular aseguraron desconocer], han estado fundamentadas en el expediente elaborado por el Servicio de Patrimonio del Cabildo, al que tuvieron acceso los cuatro grupos de la oposición a mediados de febrero, así como en los debates en el Pleno.

Los portavoces de los partidos opositores han coincidido en que la operación de Amurga fue "un traje a medida" para favorecer a los vendedores y han reclamado paralizar la compra.