Los portavoces del Partido Popular, Unidos por Gran Canaria y Coalición Canaria, en la oposición en el Cabildo, coinciden en calificar como muy grave la ocultación al juez de un documento que demuestra que, desde el año 2016, el grupo de gobierno insular, formado por la coalición entre Nueva Canarias y el PSOE, planeaba la adquisición directa de tres fincas ubicadas en Amurga, entre cuyos propietarios se encuentra la esposa y cinco cuñados del presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez.
Este periódico publicaba en la edición de ayer lunes una información en la que detalla la aparición de un folio en el que aparece la propuesta de compra de tres fincas de los mismos propietarios por un valor que asciende a los 4,44 millones de euros en agosto de 2016, es decir, un año antes de iniciarse el procedimiento para crear una Bolsa de Fincas Rústicas para la reforestación y la implementación de políticas medioambientales. Daniel Reyes, el consejero que ha presentado la denuncia, ha solicitado que estos documentos se aporten al Juzgado.
También se pronunciaba por el caso el candidato socialista a la presidencia del Cabildo, Luis Ibarra. Considera que si por motivos de política medioambiental hubiera que añadir esas fincas al patrimonio de la corporación insular lo haría "al precio de inicio, al que ofrecía el vendedor de 0,35 euros por metro cuadrado, pero nunca a 0,87 euros como se derivó en ese expediente administrativo que entiendo que hay que anular".
Ibarra puntualiza que "si alcanzo la presidencia de la Corporación y aún no se ha abonado, lo paralizo, porque nunca se puede pagar por un precio mayor al que ofrece el vendedor".
Las tres fincas que se localizan en el Macizo de Amurga se valoraban en el año 2010 en 306.500 euros según consta en los documentos firmados ante notario en la aceptación de la herencia. Pero a medida que se va cumplimentando el expediente en el tiempo se produce un paulatino incremento de su precio, para ocho años más tarde quedar aprobado un acuerdo de compra por valor de 4.068.640 euros, que son los que se establecen en el acuerdo de adquisición ratificado por el consejo de gobierno del Cabildo, en una sesión extraordinaria y urgente del pasado mes de diciembre que, como recalca la oposición, "apenas duró diez minutos".as
Contencioso-Administrativo
De esta manera, Ibarra ratificaba lo expresado en otras ocasiones sobre el asunto. "Me mantengo en lo que ya he dicho en otras ocasiones", en el aspecto de que entiende que el procedimiento del concurso para la compraventa de las tres fincas de Amurga, "fue realizado con posterioridad a la propia decisión de adquirirlas, fue un traje a medida y me reafirmo en que el proceso supone una deslealtad al PSOE". En anteriores momentos el candidato socialista ha declarado que Morales debía haber destituido a Pedro Justo Brito, consejero de Hacienda.
Por este lote de tierra el Cabildo, presidido por Antonio Morales, y bajo la figura de un concurso público, acordó abonar 4,06 millones de euros en diciembre de 2018. Esta última decisión es objeto de un recurso impulsado por Daniel Reyes ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 6 de Las Palmas de Gran Canaria para anular la compraventa, por lo que se exigió al grupo de gobierno insular entregar al juez toda la documentación relativa al proceso administrativo actualmente en marcha.
Pero en ese expediente faltaba el citado folio, del que se conocía su existencia por el cruce de un correo electrónico interno en el que aparecen las denominaciones de tres fincas de Amurga, de los citados propietarios, con un desglose de precios y sus correspondientes "tachaduras", supuestamente realizadas durante una reunión con el consejero insular de Hacienda, Pedro Justo, algo que para lo que el consejero Daniel Reyes es clave para entender la confección de "un traje a medida" en favor de los familiares del líder de Nueva Canarias.
Portavoces
Por todos estos motivos, Carlos Ester, portavoz del Partido Popular en la corporación insular, sostiene que "evidentemente estos informes evidencian que se estaba diseñando ese traje a medida" en favor de la familia del líder de Nueva Canarias.
Para el portavoz popular, "las mentiras del señor Morales, y del Partido Socialista de Ángel Víctor Torres, que es el cooperador necesario, ofrecen la imagen de lo que no se debe hacer cuando se gestionan los recursos públicos y este documento inesperado que evidencia la ocultación al juez supone un hecho muy grave, gravísimo".
El portavoz de Unidos por Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, insistía ayer en que la compraventa de los terrenos de Amurga "es una chapuza jurídica y un error político", y subraya que ya su grupo planteó en su momento al Cabildo de Gran Canaria una revisión de oficio del procedimiento de compraventa, "algo a lo que se opuso Nueva Canarias y su socio de gobierno, el Partido Socialista, que en este tema se ha puesto de perfil".
"Una vez dicho esto", añade la misma fuente, "creo que lo que publica LA PROVINCIA agrava más aún el tema, porque lógicamente si se oculta un documento al juez el problema es aún más grave. También considero que ahora el asunto está judicializado en un contencioso-administrativo y esperamos que ahí es donde se aclararán los conflictos de carácter jurídico, pero políticamente no tiene un pase y tendrá sus consecuencias electorales, de eso no tengo duda".
El líder de Unidos por Gran Canaria no cree que en el seno de Nueva Canarias no conocieran la identidad de los vendedores de esos terrenos, porque "eran de la familia de su propio presidente y entonces estaríamos ante el secreto mejor guardado de la isla, algo que también considero muy grave', apostilla Bravo de Laguna, "ya que como no podía ser así, se tenían que haber abstenido para no viciar el procedimiento. A lo mejor en el Partido Socialista no lo sabían en aquél momento, pero ahora sí que lo saben y por lo tanto tienen que actuar en consecuencia".
De la misma opinión es Fernando Bañolas, consejero insular de Coalición Canaria. "Si esto es verdad, como supongo que lo es, me parece gravísimo ya que no solo actúan para darnos información retrasada y sesgada a la propia oposición política del Cabildo, sino que también son capaces de hacerlo con el mismo juzgado".
El portavoz nacionalista subrayaba ayer que durante el presente mandato, "he sido crítico con Antonio Morales y también con Ángel Víctor Torres, que se sienta en la Junta de Gobierno y nunca parece enterarse de nada, pero esto ya empieza a ser bastante chocante y están tardando en ofrecer explicaciones claras sobre Amurga y otras muchas cosas más".
Por último, el portavoz nacionalista, hacía referencia a los distintos pleitos emprendidos por el presidente del Cabildo contra LA PROVINCIA por desacuerdos en las informaciones, afirmando que "se empeñan en matar al mensajero y a ridiculizar a quien les pregunta y considero que la ciudadanía de Gran Canaria no se merece a un equipo de gobierno como el que está ahora mismo al frente del Cabildo".
Según defiende el consejero insular de Patrimonio, Pedro Justo, todo ese expediente de compraventa da comienzo el 7 de julio de 2017, y se activa, según explica, tras la solicitud de los técnicos de la consejería de Medio Ambiente de disponer de los terrenos para comenzar con la recuperación del paisaje y la reforestación del emblemático macizo. En este momento la compra se encuentra paralizada mientras se realizan los deslindes que no se incluyeron en el expediente de compra y NC insiste en seguir con el procedimiento cuando finalice.
