Los nuevos documentos sobre la compraventa de las fincas de Amurga,a incluyen el "pantallazo" de los informes negativos a la adquisión directa de los terrenos por parte del servicio de Intervención del propio Cabildo de Gran Canaria, que confirmarían que el gobierno insular de Antonio Morales planificó esa compra desde agosto de 2016 por 4,44 millones de euros, tal como se refleja en otro documento de la Consejería de Hacienda y Presidencia que no se incorporó al expediente administrativo, aunque sí se conocía su existencia por un correo electrónico entre dos departamentos de la institución.

El informe negativo emitido por el departamento de Intervención desmonta los argumentos ofrecidos por el Cabildo de que los terrenos de Amurga, entre cuyos propietarios se encuentra la esposa y cinco cuñados de Román Rodríguez, presidente de Nueva Canarias, están situados en una "zona de fácil acceso", y cuentan con un "precio inferior al de terrenos similares en la zona", ya que "no se corresponde con ninguno de los supuestos señalados en la Ley".

De esta manera, añade, "no se justificaría la existencia de ninguna de la circunstancias" establecidas en el artículo 116.4 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas para la compra directa de estos terrenos. Dicho artículo alude a cuatro excepciones para evitar el concurso público: peculiaridades de la necesidad a satisfacer, las condiciones del mercado inmobiliario, la urgencia de la adquisición resultante de acontecimientos imprevisibles o la especial idoneidad del bien. Tras la negativa de Intervención, el Cabildo creó en febrero de 2018 una Bolsa Insular de Fincas Rústicas que concluyó con la compra de estos tres terrenos por 4,06 millones de euros en lo que la oposición ha calificado como "un traje a medida".

A pesar de que el Cabildo argumentó para la compra directa que los terrenos de Amurga son "zona de fácil acceso", un informe técnico posterior de Medio Ambiente de noviembre de 2018 subraya que un tercio de los terrenos supera el 70% de pendiente. Los informes técnicos admiten "que la dificultad técnica de reforestación de la parcela es considerable". En el apartado "accesibilidad y grado de dificultad de la repoblación", un informe reconocía los problemas que conllevará acometer en buena parte de los terrenos del paraje natural tareas de repoblación en la zona, que es el principal objetivo de la Bolsa de Fincas Rústicas aprobada por el Cabildo, junto a las actuaciones ambientales. "Se trata de una extensa superficie, donde coexisten terrenos de muy poca pendiente, con terrenos de pendiente elevada. A pesar de que los terrenos muy abruptos conllevan otra valoración, cabe resaltar la difícil accesibilidad a las futuras zonas de reforestación, por una pista serpeante, no asfaltada y de longitud considerable", detallan.

El pantallazo incorpora solo un extracto del informe negativo de Intervención. Daniel Reyes, consejero denunciante, solicitará que estos documentos sean incorporados al recurso que ha interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 6 de Las Palmas de Gran Canaria para anular la compraventa, aprobado en un consejo de gobierno urgente en diciembre de 2018.

Reyes entiende que "es irrisorio que estos informes no los hayan querido aportar en el expediente" de más de 2.000 folios enviado por el Cabildo al Juzgado. "Todo lo relacionado con la compra directa se ha omitido. Es totalmente sesgado. En todo el expediente se hace referencia al pliego de condiciones, pero los expedientes no empiezan con un pliego sino con una propuesta previa, con una memoria. Y esa parte del expediente no la han querido aportar. Quiero que el juzgado vea la manera de obrar del Cabildo", explica Reyes.