El Cabildo de Gran Canaria ha reincidido en el nombramiento a dedo de los altos cargos pese a las sentencias judiciales que han anulado la designación de directivos sin el obligado procedimiento de publicidad y concurrencia. De hecho, el gobierno de Antonio Morales mantiene en su puesto a una directora del área de Igualdad cuyo nombramiento fue declarado ilegal por un Juzgado y por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). La última sentencia fue notificada a la institución el 30 de enero de 2019, hace casi cuatro meses.
El gobierno insular de Antonio Morales, según criticaron ayer representantes de los trabajadores, no solo "desoye" esas resoluciones judiciales, sino que reincide en las irregularidades al elegir a dedo, en el consejo del pasado 13 de mayo, a un nuevo director de Política Social y Accesibilidad.
El nombramiento como responsable de ese departamento de Mauricio Roque González, exconcejal socialista en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del pasado lunes 20 de mayo, solo seis días antes de las elecciones al Cabildo.
Según las mismas fuentes, el gobierno de NC-PSOE repite un sistema de selección de altos cargos que ya ha provocado la anulación de los anteriores nombramientos, caso de los directores de Transportes o de Igualdad y Violencia de Género. Un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la capital también ha admitido a trámite una demanda de nulidad contra la designación de la directora insular de Transparencia, Empleo y Desarrollo Local, Susana Miras, por el presunto incumplimiento de hasta cuatro preceptos legales. Esa demanda fue interpuesta por la Asociación por la Dirección Pública Profesional de Canarias.
En el caso de la directora insular de Igualdad y Violencia de Género, Marta Jiménez Jaén, su nombramiento fue anulado el 25 de abril de 2018 por su sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 4 de Las Palmas de Gran Canaria. El Cabildo presentó un recurso de apelación al entender que su procedimiento está permitido por el Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración (ROGA) del propio Cabildo, pero la Sala del TSJC desestimó el recurso y confirmó la anulación en otra sentencia del 29 de enero de este año, notificada un día después por el registro de la Asesoría Jurídica del Cabildo.
Sin embargo, el gobierno insular la mantiene en su puesto desde entonces, con un sueldo de 53.485 euros brutos anuales. Jiménez Jaén fue nombrada en julio de 2017, ya a mitad del mandato del pacto NC-PSOE, pero el acto fue recurrido por el Gobierno de Canarias por no cumplirse la obligación de publicidad y concurrencia.
A juicio de los profesionales de la administración pública, no solo "resulta incomprensible" que se mantenga el nombramiento de la directora insular de Igualdad -el Gobierno de Canarias no ha requerido todavía la ejecución forzosa del fallo judicial-, sino que también se eligiera a dedo, en octubre de 2018, a la directora de Transparencia, Empleo y Desarrollo Local, cuando el Cabildo ya había recibido varias sentencias judiciales que declaraban ilegal el procedimiento utilizado. "Y lo más grave, que el consejo de gobierno vuelva a nombrar a dedo al director de Política Social y Accesibilidad a dos semanas de las elecciones, en vez de elegir a un funcionario del Cabildo hasta que se constituya el nuevo gobierno a finales del mes de junio", apuntó otra fuente de los trabajadores.
La consejera de Política Social, Carmen Luz Vargas, justificó el nombramiento de Mauricio Roque por la necesidad de cubrir esa plaza de forma rápida, pues desde el 30 de abril no hay ni director insular ni jefe de servicio en ese departamento. "Se ha hecho como todos los nombramientos anteriores en todas las consejerías y en base al ROGA, pues en caso contrario no podría cubrir esa plaza hasta el mes de agosto y para entonces ya no haría falta", explicó.
La anterior directora, Victoria González, dimitió en abril al incorporarse como jefe de servicio, por otra sentencia judicial, un funcionario de la institución.
