Cortesía más que cordialidad, compostura más que afecto. Y algún que otro momento de tensión entre los portavoces de Podemos, Partido Popular y Grupo Mixto al gobierno presidido por Antonio Morales fueron la tónica del último pleno ordinario del Cabildo de Gran Canaria de este mandato, aunque podría celebrarse una postrera sesión extraordinaria para aprobar actas pendientes. La despedida deja abiertas heridas que, si bien algunos de sus protagonistas no estarán en la próxima Corporación insular, seguirán siendo motivo de nuevos enfrentamientos en el cuatrienio 2019-2023 con sus sucesores.

La ejecución del presupuesto, acusaciones de clientelismo a Nueva Canarias y preguntas sobre la central hidroeléctrica Chira-Soria, la residencia de mayores de Agüimes o Amurga volvieron a escucharse en el salón de plenos de la Casa Palacio insular en los algo más de 20 minutos de su duración. Tampoco aflojaron los portavoces de Partido Popular y Podemos en sus críticas al presidente cabildicio en sus declaraciones después del pleno, calificando su gestión de plagada de escándalos y prepotencia, al tiempo que auguran un cambio en el sillón presidencial. Para Antonio Moralesno es más que una reacción por no saber perder y destacó que la ciudadanía quiere que la corporación que preside siga siendo progresista, mientras que Ángel Víctor Torres, uno de sus socios de gobierno, alabó el trabajo realizado por su partido, el PSOE, y no vinculó las negociaciones en las instituciones con un pacto en cascada, sino que se irá "paso a paso".

No faltaron las felicitaciones de los partidos de la oposición a Morales -quien las agradeció- por su victoria el 26 de mayo, pero con retranca. José Miguel Bravo de Laguna, por Unidos por Gran Canaria; Carlos Ester, por el Partido Popular, y Fernando Bañolas, por el Grupo Mixto, no perdieron la ocasión para recalcar que el presidente insular iniciará con ese cargo el próximo mandato, pero con el matiz de "provisionalmente" si los socialistas, con el mismo número de consejeros, encabezan una moción de censura a su socio.

Bañolas, que no sigue como consejero del Cabildo y vuelve al Ayuntamiento de Guía, criticó en una de sus preguntas la tardanza en la presentación de la liquidación presupuestaria de 2018, aunque avanzó que "solo han ejecutado el 80,6 del presupuesto pese a que abrieron las compuertas para sacar millones sin tino y se han quedado dos millones por debajo del techo de gasto ordenado por el Ministerio de Hacienda".

Asimismo, reiteró que "el programa de inversiones financieramente sostenibles (IFS) solo han sido modificaciones de crédito a dedo, pero los 66 millones presupuestados se han quedado en 15, sin que se sepa adónde han ido a parar los 41 millones que faltan. Han vuelto a mentir". Morales se limitó a responder que se está trabajando en el expediente y derivó su contestación por escrito. Una postura que motivó que Bañolas abandonara el pleno molesto y alegando "que no debía haber venido para esto"

Miguel Montero recordó que siguen habiendo anuncios de prostitución en algunos medios y preguntó sobre la comisión que se anunció sobre Roque Ceniciento, pero a esta y otras preguntas derivó sus respuestas el presidente por escrito.

Bravo de Laguna sí reprochó al grupo de gobierno que informara tan tarde -hoy mismo- del acuerdo con el Ministerio de Defensa sobre el uso como ruta senderista y de visitas en la zona militar de La Isleta, ya que el acuerdo es de enero de este año. Silencio presidencial.

Con Carlos Ester, portavoz del Partido Popular, se dieron los momentos más tensos de la sesión, sobre todo cuando preguntó sobre si iba a paralizar la compra de Amurga, sobre la residencia de mayores de Agüimes y otras cuestiones que Morales liquidó entre el silencio y las respuesta por escrito.