Con la perspectiva que dan las jornadas transcurridas desde la extinción de los dos incendios en las cumbres centrales de Gran Canaria (Artenara y Cazadores), consideramos que es el momento de empezar a realizar aportaciones de medidas concretas que acaso, y entre otras que se consideren certeras, habría que tener en cuenta a efectos de mejorar desde el inmediato futuro las relaciones del hombre con el medio, en un tema recurrente, pero de honda sensibilidad social y patrimonial.

Las redes sociales han sido los foros de desahogo de la emotividad de la ciudadanía y de muchos isleños que no han permanecido indiferentes ante tamaña catástrofe. El análisis del magma allí expresado podríamos clasificarlo en tres bloques: 1) Quienes cargan las culpas contra la administración pública (Cabildo y políticos en general); 2) Quienes atizan sus iras contra los técnicos de medio ambiente (incluyendo el uso de medios aéreos de extinción); y 3) Quienes de una manera implacable y furibunda maltratan la imprudencia de un paisano. Todo hay que leerlo y oírlo. Cada uno puede tener razón, su razón, y están en lo lícito de verterlo públicamente.

Sin embargo, tenemos que empezar a superar un esquema que en cada ocasión se repite de manera circular: Se produce un incendio; se aplica un protocolo de actuación con los mejores recursos disponibles; se valoran los daños del área afectada y se establece el procedimiento administrativo para resarcir los perjuicios ocasionados. Todo muy lógico y plausible, pero todo con una inercia de gestión que hasta ahora no ha contemplado pasos innovadores ni imaginativos para prever ni afrontar un tema de tamaña envergadura.

Ni que decir tiene que estos no son momentos para la retórica (leemos: "lágrimas de sangre y cenizas", y otras perlas.) ni para poemas vacuos ni canciones parranderas ni lágrimas sensibleras ante árboles centenarios. No. Aquí se imponen sucesivas reflexiones a muchas bandas, en las que primen la participación y la formación de la ciudadanía. Es decir, una relación democrática, en la precisa extensión del término, con nuestros montes y pinares. Dice Jacques Delors en La Educación encierra un tesoro, informe a la Unesco de la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI, de la que fue presidente, que "la participación es el principal parámetro de calidad y de cohesión social". Este principio es válido para cualquier sector de una comunidad.

En varias ocasiones, y ya hace muchos años, tras sucesos como el ocurrido en los últimos días, hemos expuesto la necesidad de crear un escenario de participación concreto, flexible y con proyección de futuro como podría ser la figura del Consejo forestal municipal. Esta propuesta, hecha pública en medios de comunicación ( Piedra lunar, septiembre 2007 y mayo 2009), y en jornadas de patrimonio local, ha caído en saco roto, ante la mitificación de una administración de tecnócratas que parece que son los que tienen la solución, teniendo como línea prioritaria el protagonismo y el proteccionismo a ultranza de todo lo que tiene olor a naturaleza. Ellos, los técnicos medioambientales, son los que parece que han fundado las cumbres; los dueños de las retamas y escobones; los amos de las cañas y palmeras de barrancos y barranquillos; los jefes de los pinos y senderos; los sabios que marcan las directrices de las plantaciones; los que crean una flotilla de vehículos cuatro por cuatro... que, entre otras tareas (hablamos de un pasado no lejano), desplazaban a algunos agentes a tomar café en el bar de la tertulia; los que niegan la solicitud del Consejo Insular de Patrimonio Histórico (órgano del propio Cabildo) para culminar con una alfombra de piedra de 20 metros cuadrados en el entorno de la Cruz de los Moriscos, cuya restauración costó 13.000 euros a la Consejería de Cultura del propio Cabildo, alegando que el punto etnográfico se halla en el Paisaje Protegido de las Cumbres. En fin, el gran chiringuito administrativo, el poder de cuello blanco, sin que ningún profano pueda asomarse a las páginas de los libros de texto que se estudian en las Escuelas de Ingenieros Superiores e Ingenieros Técnicos de Montes. Con benevolencia y sin pretender ninguna descortesía por nuestra parte, con respeto a la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, esta es una forma heterogénea de meter el dedo en la llaga.

En medio, los consejeros responsables, figuras políticas del partido de turno, convidadas a sentarse en un despacho de manera rotativa cada cuatro años, caídos en el asiento sin saber siquiera poner de acuerdo a los benditos cazadores de la isla como usuarios del territorio, u obviar durante cuatro años, toda una legislatura (hablamos del pasado), las reuniones preceptivas de los órganos que regulan las directrices de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. Ante este panorama, es lógico que el isleño (campesino o urbanita) exprese su ira cuando aflora el volcán de un incendio.

Sin embargo, queremos centrarnos en el pragmatismo. Para empezar, hemos de partir de varios principios: El pinar es un ente vivo que es propiedad colectiva; ofrece infinidad de satisfacciones visuales y sensaciones emotivas; es necesario como si fuera el alma del territorio; alberga una multiplicidad de vida de pájaros y aves; atrae la lluvia horizontal enredada entre nieblas algodonosas. Sin embargo, en su misterio vegetal encierra un potencial de fuego que se expresa caprichosamente para dejarnos desolados.

El pinar isleño es de todos los canarios, y todos tenemos que reflexionar conjuntamente en esta propiedad social, que nace, crece y vive en la intemperie. Por ello, tenemos que acogerlo, acariciarlo como un niño y mimarlo con afecto personal para entregarlo a las generaciones venideras en la cadena del tiempo que configura nuestra identidad. Y esto es responsabilidad y compromiso de todos. Pero, ¿cómo hacerlo?

La creación de un escenario de participación en cada uno de los municipios con masa boscosa es el punto de partida. Este foro sería un Consejo Forestal Municipal, órgano creado por el Ayuntamiento, aprobado por el pleno de la Corporación, de estructura muy sencilla, con la relación de miembros representantes de diversos sectores sociales de la localidad, que recoja las características de su funcionamiento. A través de este órgano consultivo, de carácter abierto y prácticamente asambleario, con la garantía representativa de los partidos políticos que configuren el consistorio, se canalizarían las iniciativas de los usuarios del bosque y del ámbito de pinares y la naturaleza que afecta al municipio: agricultores, ganaderos, empresarios locales, asociaciones de vecinos, sociedades deportivas y culturales, cazadores, senderistas, turismo rural, técnicos y agentes de medio ambiente, ecologistas, etc. La función formal del ayuntamiento se concretaría en la realización de la convocatoria, establecer un orden del día que recoja propuestas previamente comunicadas, presidir y coordinar la reunión, garantizar el levantamiento de un acta de conclusiones y canalizar las propias conclusiones a los órganos competentes, tanto municipales como supramunicipales.

El objetivo de todo ello, factible y sin coste económico, es la puesta en marcha de un escenario o plataforma para propiciar el compromiso de los ciudadanos con su entorno medioambiental, a la vez que se profundiza de manera progresiva en la formación como usuarios de los hermosos paisajes isleños que la naturaleza ha puesto a nuestro alcance.

José Antonio Luján. Cronista Oficial de Artenara