Dos mil facturas impagadas por valor de 15 millones de euros, contratos públicos adjudicados sin el correspondiente proceso administrativo, devolución de subvenciones por no haberse ejecutado los planes para los que fueron concedidas, ausencia de Plan General de Ordenación, inexistencia de un plan de promoción turística del municipio o el bloqueo de grandes inversiones. Ese es el escenario que asegura el cuatripartito que se ha encontrado a su llegada al Ayuntamiento, según explicó ayer la alcaldesa, Conchi Narváez, un escenario "caótico", dijo, que se salda con una deuda de 50 millones de euros en indemnizaciones, que aumentarán, por sentencias urbanísticas derivadas de expropiaciones o reclamaciones por cambios de uso de los suelos, además de 8.800 expedientes sin resolver.

En una rueda de prensa celebrada este jueves en la que comparecieron los portavoces de las cuatro formaciones que conforman el gobierno municipal, la Corporación hizo balance de la herencia recibida porque "son muchas las irregularidades, los problemas y dificultades que nos encontramos todos los días", sostuvo Narváez, "las vamos a resolver, pero nos llevará tiempo, y no vamos a asumir responsabilidades que no nos tocan". Irregularidades que el Consistorio ya ha puesto en manos de sus servicios jurídicos. Los miembros de la Corporación acusaron al gobierno anterior, formado por AV-PP ahora en la oposición de "dejación de sus obligaciones" y de "saltarse a la torera la legalidad vigente".

Los miembros de la Corporación acusaron al gobierno anterior, formado por AV-PP ahora en la oposición de "dejación de sus obligaciones" . La situación administrativa que asegura haberse encontrado el cuatripartito es tal, que el Ayuntamiento no solo debe grandes sumas de dinero, sino que ha dejado de ingresar varios millones. Por ejemplo, el erario público ha dejado de ingresar, dijo Narváez, nueve millones de euros por concesiones administrativas y alquileres sin contrato en vigor de los edificios de patrimonio municipal.

En el área de Urbanismo, una de las concejalías más destacadas de este Ayuntamiento, se adeudan más de 50 millones de euros en indemnizaciones, que aumentarán, por sentencias urbanísticas derivadas de expropiaciones o reclamaciones por cambios de uso de los suelos.

Por otro lado, "existen más de 100 expedientes paralizados que suponen el bloqueo de inversiones que superan los 1.000 millones de euros y, en consecuencia, la imposibilidad de generar nuevas oportunidades de trabajo", manifestó. En este sentido, Marichal calificó la política urbanística llevada a cabo por la anterior corporación como "errática, arbitraria y en algunos casos temeraria".

La situación en el área de Urbanismo está al límite en un Consistorio que a un no ha aprobado el presupuesto de este año, pues en ella operan solo un jurista y dos técnico. De hecho, preguntada por las garantías que puede recibir un empresario con interés en invertir en el municipio, la alcaldesa, Conchi Narváez, sostuvo que "si un empresario quiere invetir millones no se le puede garantizar esa inversión".

En materia turística, Marichal criticó que no se haya iniciado nunca un plan de promoción del destino. "Tampoco existe un plan de nfraestructuras para mejorar los espacios públicos, ni un plan encaminado a la modernización de los espacios comerciales, ni una ordenanza de terraza que regule la imagen", aseveró Marichal, quien aseguró que el Consistorio está imposibilitado para asumir el patrocinio de eventos ya que no existe un reglamento que lo permita. "Hasta la fecha, en la mayoría de los casos, se estaban otorgando de forma irregular" , afirmó.

El también responsable del área de Festejos acusó a la anterior Corporación de gastar más de 940.000 euros en esta materia "donde más del 80% de ese gasto ha sido irregular, sin el correspondiente procedimiento de contratación, es decir, a dedo". Marichal puso como ejemplo el

Carnaval, "donde se gastaron 500.000 euros sin intermediar ningún contrato que lo ampare". El resultado de "mangonear en lo público" es que muchas empresas no hayan cobrado cuando ya han prestado el servicio, sostuvo Alejandro Marichal.

En recursos humanos, el cuatripartito asegura haber encontrado 225.000 euros pendientes de pagar a los empleados públicos y 460.000 euros en horas extraordinarias.

Por su parte, la concejala de Seguridad, Inés Rodríguez, explicó que la Policía Local tiene solo 86 agentes, lejos de los 196 de hace 10 años y aseguró que no existe stock de uniformes para los bomberos y que dos tercios de los vehículos policiales no están operativos por averías mecánicas. "Los talleres se niegan a repararlos por las deudas que el Ayuntamiento tiene con ellos", apuntó.