El Cabildo de Gran Canaria aprobó ayer una modificación presupuestaria de urgencia para destinar a ayudas por el incendio los 4,06 millones de euros consignados este año para la compra de terrenos en Amurga. La corporación insular había aprobado en un Pleno extraordinario del pasado 5 de septiembre que dedicará de manera inmediata una partida inicial de cinco millones de euros a paliar los daños sufridos por los incendios. Y 4,06 de esos cinco millones proceden del dinero que estaba destinado en el presupuesto de 2019 de la consejería de Patrimonio a la adquisición de fincas en Amurga, según se acordó ayer en las comisiones de pleno.
Esta modificación presupuestaria no altera las intenciones de NC con Amurga y de hecho sigue adelante el procedimiento administrativo para realizar el informe de los deslindes que faltan. Sin embargo, tras esta modificación presupuestaria queda aparcada su adquisición, al menos en los presupuestos de este año. "El procedimiento está en marcha, y cuando esté culminado veremos si existe mayoría o no", explicó Antonio Morales en una entrevista reciente a este medio. "No podemos renunciar a algo que hicimos en conciencia. Es necesario dotar de suelo público a esta isla para seguir reforestando", añadió. "Requeriremos de los servicios jurídicos, de un proyecto que reúne todas las condiciones técnicas, administrativas o jurídicas si la paralizamos. Y que cada uno asuma sus consecuencias. Y saldrá o no si hay mayoría", continuó.
La adquisición de estos terrenos generó un enorme cisma en el pacto entre Nueva Canarias y PSOE en el tramo final del último mandato. Y aún hoy los líderes de dos de los tres partidos que forman el grupo de gobierno muestran opiniones discordantes. "Antonio Morales ha hablado de continuar con el expediente de Amurga y nosotros hemos sido diáfanos en nuestra postura y él sabe cuál es. El PSOE votará que no a ese expediente y eso es algo que tiene que valorar y saber si dispone de mayoría para sacarlo adelante", aseguró Miguel Ángel Pérez, futuro vicepresidente del PSOE en la corporación insular tras la marcha de Luis Ibarra a la Autoridad Portuaria. Las discrepancias entre Morales e Ibarra, que fue cabeza de lista por el PSOE, provocaron, según el socialista, "que se rompiera la relación entre ambos".
Aunque fue aprobada en el consejo de gobierno celebrado el 28 de diciembre de 2018, la compra quedó aplazada debido a que faltaban los deslindes, un informe que se encuentra realizando en la actualidad el Consejo Insular de Aguas y en la corporación confiaban en tenerlo "en breve".
En las tres fincas se calcula que pueden existir entre 15.000 y 20.000 metros cuadrados que están reconocidos como bienes de dominio público. Y ese informe pericial, cuando esté concluido, obliga a retrotraer el expediente al momento en que se debieron incluir esos deslindes y pasar nuevamente por el consejo de gobierno.
Oposición
El Partido Popular, principal partido de la oposición en el Cabildo de Gran Canaria, se abstuvo ayer en la modificación de crédito "porque no está el expediente completo pero estamos encantados de que ese dinero se consigne a la ayuda a los afectados", aseguró Marco Aurelio Pérez, líder de los populares.
Los cinco millones irán destinados a los daños, ya sean en viviendas, ganadería, agricultura o pequeñas industrias y empresas. Esta cantidad será directamente transferida a los ayuntamientos de los municipios afectados para agilizar el procedimiento administrativo y que llegue a los ciudadanos afectados lo más rápido posible.
El 30 por ciento de estos cincos millones de euros se distribuirán a ayudas en viviendas que sean primera residencia, el 15 por ciento para las de segunda residencia, el 45 por ciento para daños agrícolas y ganaderos, y el 10 por ciento restante para industrias y empresas.
