El Cabildo de Gran Canaria ha suspendido durante tres años al exjefe de sus Servicios Jurídicos, Carlos Trujillo Morales, por una falta disciplinaria "muy grave", según confirmaron ayer fuentes del gobierno insular, que precisaron que la sanción se ha empezado a cumplir a principios de este mes de octubre y finalizará en la misma fecha del año 2022.
Se cierra así un expediente que se inició hace tres años, cuando Trujillo dimitió de su cargo como director de la Asesoría Jurídica de la institución sin haber presentado su declaración de bienes y actividades. Días después se conoció que durante años había simultaneado su trabajo en el Cabildo con la de abogado de varias empresas, personas particulares y hasta otras administraciones, lo que está expresamente prohibido por la ley de incompatibilidades de los funcionarios públicos.
Tras esas revelaciones y una denuncia anónima, presuntamente presentada por otros funcionarios del Cabildo, el presidente de la corporación, Antonio Morales, anunció el 28 de noviembre de 2016 la apertura de una investigación "interna y reservada".
Esas indagaciones desembocaron en un expediente disciplinario que ha tardado tres años en resolverse, después de que el primer instructor renunciara al encargo y se tuviera que recurrir a un letrado del Consejo Consultivo de Canarias, Fernando Ríos, para continuarlo.
La resolución final, explicaron las mismas fuentes, es la suspensión de funciones durante ese periodo por una "falta disciplinaria muy grave", consistente en el incumplimiento de la normativa sobre incompatibilidades, pues desde 1993 ejerció la abogacía privada de forma paralela a su trabajo sin tener autorización.
Expedientes
Se da así la paradoja de que el máximo responsable de velar por la legalidad y seguridad jurídica en las actuaciones del Cabildo incumplió durante más de veinte años la normativa que le afectaba a él mismo. Además, con la ignorancia o el consentimiento de los sucesivos presidentes insulares y de sus compañeros de departamento. De hecho, también se ha abierto expediente disciplinario a otros dos letrados de los Servicios Jurídicos, familiares suyos, por similares actividades.
Entre los años 2002 y 2016, siendo jefe de los Servicios Jurídicos del Cabildo, Trujillo intervino en al menos 37 procedimientos judiciales ajenos a su trabajo, con clientes como las empresas Cofarca, BP, Mobil Oil o Yumeno Basho S.L., así como con decenas de particulares. En ese periodo litigó contra la Comunidad Autónoma de Canarias, el Ayuntamiento de la capital grancanaria, varios organismos del Estado o el Colegio Oficial de Farmacéuticos.
El régimen de incompatibilidades para los funcionarios públicos es muy estricto, aún más para los cargos de director del área jurídica, y la compatibilidad se concede en pocas ocasiones, como para dar clases en la Universidad fuera de su horario laboral.
Esas autorizaciones de compatibilidad, que deben ser aprobadas por el Pleno del Cabildo, llevan aparejada una reducción del sueldo por la eliminación de los complementos retributivos. En el caso de Trujillo, como nunca hubo un permiso reglado, tampoco se le aplicó jamás la disminución del salario.
La situación de Trujillo en el Cabildo se complicó al negarse en 2016 a presentar su declaración de bienes y actividades, tal como exige la Ley de Transparencia a todos los representantes políticos y altos cargos. En vez de dar a conocer su patrimonio y sus actividades privadas, optó por renunciar a la jefatura de los Servicios Jurídicos y quedarse como funcionario. Alegó "motivos de salud" y estuvo de baja laboral hasta hace un año.
Preguntado en aquellas fechas, Trujillo reconoció a este periódico que ejerció la abogacía en el despacho de su familia desde que obtuvo la plaza de funcionario en el Cabildo, en julio de 1993. Desde entonces, aseguró, solicitó la compatibilidad, pero el gobierno insular nunca le contestó y él entendió que se le autorizaba por silencio administrativo positivo. Respecto a su dimisión sin presentar la declaración de bienes, señaló que lo hacía por motivos de salud.
Reincorporación
El 5 de diciembre de 2016, el gobierno insular de Antonio Morales eligió a Isabel Julios como nueva directora de la Asesoría Jurídica. Aunque la designación fue de forma temporal, y de hecho en la página de Transparencia ese puesto aparece como "vacante", Julios ha dirigido ese departamento hasta ahora.
Pese al expediente disciplinario y las bajas laborales, el gobierno de Morales, en diciembre de 2017, propuso a Trujillo como uno de los cinco miembros de la Comisión de Evaluación Ambiental de Gran Canaria. Tras las quejas de la oposición y los retrasos por otros motivos, su nombre desapareció de ese listado.
Trujillo también fue designado como letrado de la corporación en los procedimientos judiciales por los concursos del mantenimiento de las carreteras. Las sentencias han sido contrarias al Cabildo y tendrá que pagar entre 3,5 y 6 millones de euros a las empresas denunciantes.
