Dos documentos internos del Cabildo de Gran Canaria reconocen que el 1% del suelo de las fincas de Amurga es de titularidad pública y que la reforestación de esos terrenos es incompatible con la existencia de un coto privado de caza que estaba activo cuando se acordó la compra y que los propietarios han pedido prorrogar durante cinco años más, lo que complica la pretensión del presidente Antonio Morales y de Nueva Canarias (NC) de seguir adelante con el actual expediente de adquisición.

La incompatibilidad entre la reforestación y el coto de caza en Amurga se recoge en un informe del servicio técnico de Medio Ambiente. El dictamen fue encargado el 15 abril de 2019, tres meses y medio después de aprobada la compra de las fincas, por el entonces consejero de Hacienda y Presidencia, Pedro Justo, después de que los grupos de la oposición le preguntaran sobre la legalidad de esa operación.

Previamente, el propio gobierno insular había frenado la firma de la compraventa con los propietarios de Amurga al desvelarse que no se había realizado el correspondiente deslinde de las tres fincas, lo que también obligó a Pedro Justo a encargar un estudio al Consejo Insular de Aguas para determinar la superficie de dominio público a descontar de las 466,5 hectáreas que se pretenden adquirir.

Esos dos informes han sido aportados por el Cabildo en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 6 de Las Palmas, que tiene abierto un procedimiento judicial tras una demanda de Daniel Reyes, consejero de Ciuca-Unidos en el anterior mandato y ahora integrado como independiente en el grupo Partido Popular.

Solicitud

Respecto al coto de caza, la Consejería de Medio Ambiente emitió dos escritos que revelan que al aprobarse la compra de Amurga no se tuvo en cuenta que esas fincas ya estaban destinadas a actividades cinegéticas. En su solicitud, el consejero de Hacienda y Presidencia le requería información sobre todos los terrenos seleccionados para reforestar en el procedimiento restringido y, en concreto, sobre tres extremos: si el coto de caza está de baja o en actividad y tipo; si cumple con los requisitos administrativos; y compatibilidad de la existencia de algún coto de caza con el destino previsto para la adquisición de las fincas en cuestión.

En respuesta, un informe técnico de Medio Ambiente del pasado17 de abril señala que "no es compatible el coto de caza con la gestión forestal pretendida al coincidir dos usos diferentes en un mismo territorio". También resalta que la zona prevista en Amurga para la plantación de los pinares endémicos canarios ocupa casi un 70% de la superficie del coto de caza.

Sobre la situación de ese coto privado, el técnico de Medio Ambiente comunica que en esa fecha, tres meses y medio posterior al acuerdo del consejo de gobierno del Cabildo, se estaba tramitando un expediente para la aprobación del nuevo Plan Técnico 2019/2024 de dicho coto de caza, con un informe desfavorable y un requerimiento a los dueños para la subsanación de varios aspectos (identificación de los propietarios de 15 hectáreas del coto o inventario de especies cinegéticas) "para que una vez comprobado que reúne los requisitos legalmente establecidos proceder a su aprobación y renovación de la matrícula".

En el otro informe de Medio Ambiente, de carácter jurídico y emitido el 18 de abril, se especificó que el titular del coto privado, Manuel González Rodríguez (cuñado del actual vicepresidente autonómico Román Rodríguez), solicitó el 15 de octubre de 2018 la aprobación del Plan Técnico para renovar la concesión del coto por otros cinco años.

"El coto privado de caza La Barrera-Amurga, con matrícula GC 10.010, se encuentra activo, cumpliendo con los trámites administrativos legalmente establecidos, contaba con Plan Técnico aprobado hasta octubre de 2018 y la correspondiente matrícula abonada", recalca el informe.

Por su parte, el estudio del Consejo Insular de Aguas sobre el deslinde de las tres fincas de Amurga detectó hasta ocho cauces que pertenecen al dominio público y que, por tanto, debieron excluirse de la superficie de la compraventa. Se trata de los barrancos de Las Palmas y Hondo; las cañadas de Los Caserones, el Caldero de Cha Úrsula y del Vilano; y otros tres afluentes sin nombre. Entre todos suman 48.107 metros cuadrados, poco más del 1% del total de los tres terrenos.

El informe de Medio Ambiente sobre el coto de caza se entregó al Juzgado durante el verano y el de los deslindes hace unas semanas, lo que obliga a volver a dar audiencia al autor de la demanda, pues al presentarla desconocía la existencia de estos documentos, y también a las partes personadas.

El gobierno de Morales aprobó la compra de Amurga el 28 de diciembre de 2018 y tasó el precio en 4,06 millones de euros. Semanas después se desveló que entre los propietarios de las fincas se encuentran la esposa y cinco cuñados de Román´Rodríguez. Tanto Morales como sus socios del PSOE en el Cabildo aseguraron que desconocían esa circunstancia.

Tras descubrirse que no se hicieron los deslindes, se paralizó la compra y los socialistas anunciaron que no apoyarán la operación si NC sigue adelante.