La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria se encuentra estudiando el caso sobre el suicidio de un empresario argentino que ocurrió en 1996 en el Sur de la Isla, tras surgir la sospecha de que en realidad pudo ser asesinado por la que entonces era su esposa, la cual, además, 16 años después de enviudar, fue condenada a 18 años de prisión por acabar con la vida de una amiga y compañera de trabajo.
El empresario argentino Juan Antonio Álvarez, de 41 años, fue encontrado sin vida en su chalé en Sonnenland, en San Bartolomé de Tirajana, el 22 de noviembre de 1996. El cuerpo sin vida del hombre yacía en el suelo con una toalla, lo que era compatible con que se hubiese duchado antes del deceso y después de jugar un partido de pádel con sus amigos.
La autopsia reveló que la causa de la muerte fue la ingesta de un fosfato que se encuentra presente en productos de limpieza y fertilizantes, por lo que el caso fue cerrado como suicidio.
Su viuda, María de los Ángeles Molina, conocida como Angie, dijo a la policía que existía la posibilidad de que en la vivienda se hubiese producido un robo o que su marido por accidente se hubiese tomado un producto para limpiar lavadoras que ella solía colocar en la cocina, tras "confundirlo con sal de frutas".
Tras conocerse la condena de Angie, 16 años después del fallecimiento de su esposo, el criminólogo y presidente de la asociación para la lucha contra el crimen Laxshmi, Félix Ríos, presentó un informe forense en el que destacaba que la homicida pudo rellenar una de las cápsulas de vitamina que se tomaba su pareja, por lo que el Juzgado de Instrucción 3 de San Bartolomé de Tirajana reabrió el caso el 20 de mayo de 2016 y lo archivo de forma provisional en septiembre de 2018.
Sin embargo, la Audiencia Provincial estudia el recurso presentado por la abogada Yaremi Padrón, en representación de Ríos y personada como acusación popular, ya que entienden que cuando se recabaron las pruebas no se hizo de manera minuciosa, no se sacaron fotografías y además fueron destruidas tras finalizar la instrucción del caso. "Hay indicios suficientes para determinar que ella lo mató", asegura la letrada.
Entre esos indicios está que la procesada matriculó a la hija que tuvo con Álvarez en una escuela de Barcelona dos meses antes de la muerte de él y en la zona a la que posteriormente se mudó, así como un billete de barco con el que la homicida convicta ya tenía pensado llevarse su coche. "Los amigos del fallecido también reseñan que es imposible que él se hubiese suicidado, lo que nos da una razón más para investigar el caso", resaltó Padrón.
Juan Álvarez dejó una herencia de 40 millones de pesetas y un seguro de vida que su viuda no pudo cobrar al tratarse de un suicidio, aunque ella dijo a la policía que podía tratarse de un robo ya que le faltaba la cartera de su esposo y un reloj costoso, pero en el momento de ser detenida por el homicidio de su supuesta amiga, los agentes consiguieron en su domicilio la billetera de Álvarez.
Condenada
María de los Ángeles Molina fue condenada por el homicidio de su amiga y empleada Ana Páez Capitán, ocurrido el 19 de febrero de 2008 en Barcelona. La hoy convicta simuló que la víctima había fallecido a consecuencia de un juego sexual, para ello pagó 20 euros a dos gigolós para que le dieran el semen que posteriormente arrojó sobre el cuerpo de Páez.
El crimen perfecto, como lo denominaron en ese momento, fue planificado por Angie durante dos años, la homicida sustrajo el DNI de la víctima, adquirió una peluca de color negro y contrató un seguro de vida y diversos préstamos bancarios valorados en más de un millón de euros a nombre de su amiga. Cuando llegó el momento de cobrarlo, la mujer invitó a Páez a comer en un piso que previamente alquiló y le puso en la bebida una sustancia que la adormeció, acto seguido la asfixió con una bolsa de plástico, la desnudó y preparó la escena. Pero falló algo y es que en el lugar se dejó la peluca con la que se había hecho pasar por Ana Páez, la misma que utilizó después del crimen y con la que fue captada por las cámaras de un cajero automático tras retirar 600 euros de la cuenta de la víctima, el mismo día que la mató. Además la policía consiguió la documentación de Páez en la vivienda del novio de la procesada.
Para cobrar el seguro de vida, Angie colocó de beneficiaria a otra mujer a la que también le había sustraído el DNI en una tienda de fotocopias en la que la procesada era cliente asidua.
La Audiencia de Barcelona la condenó en el año 2012 por un delito de asesinato a 18 años de cárcel y por otro de falsedad documental en concurso con estafa a cuatro años de prisión. Sin embargo, el Tribunal Supremo rebajó la condena al calificarlo como homicidio por no quedar comprobado si la víctima se defendió o no.
Durante el juicio llevado a cabo en contra de Angie, la homicida utilizó de coartada la muerte de su madre que había ocurrido un año antes del crimen, la condenada dijo que no podía ser ella la que mató a Páez porque estaba en Zaragoza recogiendo las cenizas de su progenitora, que, además, también contaba con un seguro de vida cuya única beneficiaria era la encausada.
Ahora la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas será la que determine si el caso se debe archivar o si existen indicios suficientes para llevar a la procesada a juicio y determinar si el homicidio de Ana Páez es o no, el primer y único crimen cometido por Angie.
