La inacción del Cabildo de Gran Canaria ha llevado a Hacienda a reclamar la paralización del proyecto del parque acuático Siam Park. El Ministerio, a través de la delegación de Economía y Hacienda en Canarias, exige desde enero al Consejo Insular de Aguas que aclare el dinero que corresponde al Estado por los aprovechamientos urbanísticos en los terrenos del barranco de El Veril, donde comparte la titularidad de varios suelos con el Grupo Loro Parque, pero no ha obtenido respuesta.
Ante la falta de respuesta por parte del Consejo Insular de Aguas, organismo dependiente del Cabildo, que recibió el 8 de enero de 2019 un oficio en el que se le instaba a reclamar los intereses del Estado por el uso de suelo público por parte de Loro Parque, Hacienda se ha dirigido directamente al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.
En otro oficio fechado el 17 de octubre de 2019, al que ha tenido acceso este periódico, el Estado reclama al Consistorio sureño que "se paralice la gestión y ejecución urbanística en la transformación registral y física de las fincas afectadas, ya que estos terrenos no son de propietario único", según recoge el documento. Es decir, aunque la sociedad Loro Parque ostenta la titularidad de 174.827 metros cuadrados después de comprarlos en 2013 a la familia Del Castillo, las parcelas tienen una doble matriculación en el Registro de la Propiedad y figuran también a nombre del Estado español. Consultados por este medio, fuentes de la empresa han mostrado su sorpresa ya que desconocían esta información.
Además, el ministerio informa al Consistorio que ha iniciado los trámites para exigir la titularidad del suelo situado en el dominio público hidráulico de El Veril, que corresponde a los cauces de los barrancos del Guincho, Buenavista y Cañizo. Una maniobra que vuelve a poner en jaque la posibilidad de erigir un parque temático y un hotel de 300 habitaciones en los cuales la compañía tiene previsto invertir 60 millones de euros.
En ese espacio de dominio público hidráulico que reclama el Estado, Loro Parque acometió a finales de 2017 las obras de canalización del barranco después de obtener en julio de ese mismo año la licencia urbanística del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, trabajos en los cuales la compañía invirtió dos millones de euros. Para el uso de este espacio, Grupo Loro Parque cuenta con una concesión administrativa.
En su escrito al Consejo Insular de Aguas, no respondido, Hacienda exige además que una vez dilucidado qué zona es terreno público y cuál es privado, se pongan en marcha los trámites de desafección y posterior entrega al Estado de los aprovechamientos urbanísticos generados por las parcelas de dominio público, es decir, que se pague a la Administración por el uso de ese terreno público.
Mientras se produce esa desafección, el Ministerio de Hacienda urge al Consejo Insular de Aguas a personarse ante las administraciones públicas competentes, en este caso el Ayuntamiento de San Bartolomé de rajana y el Cabildo de GranCria, para defender los intereses urbanísticos del Estado derivados de la incorporación de estos terrenos de dominio público en el Plan de Mondernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de El Veril. Asimismo, le exige que reclame, como gestor del dominio público hidráulico, la constitución de la Junta de Compensación.
En el segundo oficio, el dirigido al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, el Ministerio de Hacienda, apremia a la Corporación municipal a que estime a la Administración General del Estado como titular de parte de las parcelas ubicadas en el barranco de El Veril de la localidad tirajanera. "En la redacción del preceptivo proyecto de compensación/reparcelación ha de figurar el derecho al aprovechamiento que le corresponde, su ubicación así como la distribución de cargas y beneficios al tratarse de un ámbito de actuación con varios propietarios", señala el oficio.
Cinco años después
La reclamación del Ministerio llega justo cinco años después de que el Estado diese vía libre a la construcción del parque acuático al no presentar alegaciones al proyecto de la familia Kiessling, que se tramitó en el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, a pesar de conocer que era copropietario de los terrenos ubicados en El Veril. Al no presentar alegaciones, el organismo encargado de la gestión hidráulica en la Isla entendió en 2014 que el Estado despejaba el camino al inversor alemán para que promoviese el parque acuático y el hotel.
Las exigencias del Ministerio de Hacienda suponen un varapalo a la intención del actual gobierno de San Bartolomé de Tirajana de agilizar el expediente administrativo para otorgar la licencia de obra a Loro Parque, al constituir una de las inversiones estratégicas para el desarrollo del municipio.
El propio empresario alemán Wolfgang Kiessling, propietario de Loro Parque, ha mostrado en numerosas ocasiones su hartazgo por una larga espera que mantiene paralizada su inversión y la ejecución del proyecto urbanístico. Y es que según la previsiones que manejaba la compañía, los trabajos de construcción del parque temático debieron estar concluidos hace dos años, en 2017, pero todavía no ha obtenido la licencia de obra.
En el trámite administrativo tuvo lugar un cruce de acusaciones entre el Cabildo y el Ayuntamiento en el que ambas instituciones se culpaban mutuamente de frenar un proyecto único para Gran Canaria. La deriva se inició primero con el hallazgo de restos arqueológicos y continuó con la construcción de una rotonda; infraestructura que validó la Fiscalía al archivar una denuncia interpuesta por el colectivo ecologista Turcón. El Ministerio se ha mostrado abierto a participar en cuantas reuniones sean necesarias para aclarar cuánto dinero le corresponde por los terrenos.
