El Cabildo aprobará en diciembre la ordenanza sobre precios públicos por el uso del pabellón Gran Canaria Arena y las instalaciones deportivas de Siete Palmas, por lo que espera que esas tasas entren en vigor a finales de enero de 2020 y pongan fin a la polémica por la utilización de esos espacios para conciertos y otras actividades lúdicas.

En paralelo, el Instituto Insular de Deportes ha reclamado a los promotores las cantidades que se adeudan por las celebraciones de los últimos años, según explicó a este periódico el consejero de Deportes del Cabildo, Norberto Francisco Castellano, quien precisó que las actuaciones previstas hasta fin de año, así como el concierto de Izal programado para el 10 de enero, se van a mantener con el procedimiento de cobro utilizado hasta ahora, aunque se pedirá a los organizadores que aporten por adelantado el cien por cien de los gastos ocasionados, no la mitad del dinero como hasta ahora.

Castellano adelantó que, siguiendo las recomendaciones de los Servicios Jurídicos del Cabildo y del bufete de abogados que se encargó de la defensa del Instituto de Deportes en la denuncia interpuesta por el exconsejero Fernando Bañolas, se ha elaborado una ordenanza de precios públicos y se aprobará en el Pleno del Cabildo del mes de diciembre. Puesto que es necesario abrir un periodo de exposición pública de 30 días tras la publicación en el Boletín de la Provincia, esa nueva normativa entrará en vigor a finales de enero.

El consejero declaró que el Cabildo no pretende "hacer negocios" con sus instalaciones deportivas y seguirá apoyando la celebración de conciertos musicales y otros eventos, pero con una regulación fija de los precios para que los promotores paguen en su integridad los gastos de luz, agua y personal de servicio.

Resarcimiento

La falta de precios públicos, la diferencia de criterios a la hora de cobrar a los organizadores y el descubrimiento de que numerosos promotores adeudan las cantidades acordadas al alquilar el Gran Canaria Arena generaron una tormenta política al final del anterior mandato, que concluyó con una denuncia del consejero nacionalista Fernando Bañolas contra el entonces presidente del Instituto Insular de Deportes y actual jefe del Gobierno de Canarias, el socialista Ángel Víctor Torres. Esa denuncia fue archivada por el Juzgado de Instrucción Número 1 de Las Palmas de Gran Canaria al no apreciar delitos en las actuaciones de los responsables de Deportes del Cabildo.

Bañolas decidió no recurrir el auto del magistrado Alberto Puebla al considerar que su demanda había logrado el objetivo de evitar que aumentara el agujero económico en ese organismo del Cabildo y que se reclamen las cantidades pendientes a los organizadores.

Así, el Instituto Insular de Deportes requirió por burofax a varias empresas las cantidades no ingresadas por el uso de esas instalaciones, pero el actual consejero aseguró que desconoce el montante de lo ingresado hasta ahora por falta de personal en el departamento jurídico del Instituto de Deportes.

El proyecto de ordenanza, que ya se encuentra en información pública, señala que el establecimiento de precios "tiene como objetivos principales no solo asegurar la viabilidad y el correcto funcionamiento de todos los servicios que se prestan en las instalaciones a través de los ingresos que los precios públicos han de procurar, sino también alumbrar trasparencia y seguridad jurídica respecto de la realización de actividades y usos de naturaleza lucrativa en tales instalaciones, en particular en referencia a la situación que le precede".

El abono del dinero por el uso de los pabellones se realizará de forma fraccionada en tres pagos. Los primeros 2.000 euros deberán abonarse dentro de los tres días naturales siguientes al de la confirmación por parte del Instituto de la reserva para la celebración del evento. En caso de no realizarse el ingreso de este primer pago en ese plazo, la reserva quedará sin efecto alguno.

El resto del importe hasta el 50% del importe del precio público inicialmente fijado (desde 2.000 euros? hasta el 50% del importe total) deberá abonarse dentro de los siete días naturales anteriores al del momento de celebración del evento. En tanto no se realice dicho pago y se tenga constancia del mismo, el interesado no podrá acceder a las instalaciones de las que se trate. El importe del segundo plazo se obtendrá teniendo en cuenta el número total de entradas puestas a la venta por el promotor.

Por último, la liquidación definitiva a favor del Instituto se realizará redactado el plan de autoprotección del evento en el que conste el aforo definitivo. Este plan se ha de presentar en las reuniones de seguridad que se celebran siempre entre 24 a 72 horas antes del mismo. Por tanto, el pago de la tercera fracción hasta completar el total del precio público establecido se hará al menos 48 horas antes de la celebración del mismo.

"Con carácter general, la totalidad del importe del precio público deberá abonarse por completo con anterioridad al uso, prestación del servicio o realización de la actividad, aplicándose el importe de la reserva inicial, al pago del precio que corresponda", añade la ordenanza.