Los ayuntamientos quieren y necesitan invertir el dinero acumulado en las entidades bancarias en la mejora de los servicios públicos y en la atención a la ciudadanía. Los alcaldes de los municipios de Gran Canaria clamaron ayer contra la vigencia de la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012, que bloquea en los bancos cientos de millones de euros, y reclamaron que el Gobierno estatal abandone su "tutela" sobre ellos y aplique una flexibilización de esta normativa que permita a las corporaciones locales disponer de los recursos económicos. Y todo no solo para garantizar el bienestar de la ciudadanía, sino para evitar que el sector bancario imponga importantes comisiones a los ayuntamientos por salvaguardar su dinero.
En un acto celebrado ayer en el Club LA PROVINCIA para conmemorar las cuatro décadas de las primeras elecciones municipales bajo el lema '40 años de los ayuntamientos democráticos', los alcaldes de Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Gáldar, Mogán y Moya, Augusto Hidalgo, Héctor Suárez, Teodoro Sosa, Onalia Bueno y Raúl Afonso, respectivamente, en representación del resto de regidores también presentes, criticaron que la mejora de la situación económica durante los últimos años no haya caminado aparejada a un reequilibrio en el techo de gasto de las corporaciones locales.
Para el alcalde de la capital grancanaria, los ajustes económicos durante la crisis provocaron que a los ayuntamientos "se nos declarase la incapacidad mental transitoria" al considerar el Estado que no eran capaces de ajustarse el cinturón sin necesidad de aplicar una normativa tan restrictiva. "Las arcas municipales están a rebosar y los ciudadanos están esperando que se tomen decisiones que no se pueden tomar; en el futuro se verá que ha sido un desperdicio", manifestó Hidalgo.
Por su parte, el gestor teldense, Héctor Suárez, solicitó más flexibilidad presupuestaria "para quitarnos el lastre de 1979" en relación a la precaria situación en que se encontraban los municipios durante aquella época en cuanto a servicios públicos e infraestructuras, eje central de la mesa redonda. "Necesitamos que el Estado deje de tratarnos como a menores de edad", señaló Suárez.
Mientras, para el alcalde galdense Teodoro Sosa, los efectos de las restricciones de la Ley de Estabilidad Presupuestria y las limitaciones en la tasa de reposición en los ayuntamientos "vamos a pagarlos en 10 años cuando nos quedemos sin funcionarios". "Espero que haya un cambio de actitud; los ayuntamientos no somos enemigos, sino colaboradores necesarios", manifestó Sosa, "necesitamos que dejen de tutelarnos".
Los alcaldes se expresaron en este sentido durante la celebración de una mesa redonda moderada por el periodista José Mendoza en el marco del evento '40 años de los ayuntamientos democráticos', que arrancó con una proyección audiovisual, un discurso inaugural del director de LA PROVINCIA/DLP, Antonio Cacereño, sobre la transformación de Gran Canaria durante las cuatro décadas de municipalismo y una ponencia del alcalde capitalino, Augusto Hidalgo.
Anillo insular
La disponibilidad de los cientos de millones de euros de los ayuntamientos españoles que se acumulan en los bancos sin posibilidad de uso son los que facilitarían, dijeron los alcaldes, asumir los retos a los que se enfrentan los municipios durante los próximos años, desafíos que en Gran Canaria pasan por el desarrollo de una movilidad sostenible, por afrontar el envejecimiento y la despoblación, resolver el problema de la falta de vivienda o lograr la plena igualdad de la mujer rural.
Durante su intervención, la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, comentó que el futuro de la comarca sur debe estar encaminado al cierre del anillo insular entre su municipio y La Aldea con una circunvalación que rodee el casco y dé salida a la cantidad de aldeanos que se trasladan a trabajar a las zonas turísticas. "Además revitalizaría el casco con una zona comercial abierta porque ahora es solo dormitorio".
Mogán, explicó la regidora, también afronta el reto de la vivienda residencial, ya que el modelo vacacional ha supuesto un obstáculo para los residentes, al cual se suma la falta de suelo disponible.
En el caso de Gáldar, Teodoro Sosa explicó que su municipio y en general toda la comarca norte se enfrenta a un fuerte envejecimiento de la población y por ello apostó por abordar la situación sociosanitaria de la Isla. "Los ayuntamientos deben facilitar a los mayores el envejecimiento cerca de sus familias con centros de día más potentes, residencias asequibles y servicios de ayuda a domicilio más especializados".
A Gáldar también se le viene por delante el reto del empleo y por ello Sosa propone encaminar las políticas en torno a la creación de pequeñas zonas industriales y comerciales para que se genere economía local y se desahogue además a la economía municipal.
Una tesis que apoyó Héctor Suárez, en su caso en relación a las grandes áreas industriales. "Nuestro reto es la movilidad y debemos hacer un esfuerzo visceral", afirmó, y ese desafío pasa por conectar las zonas industriales. "Hemos crecido en torno a la GC-1 pero hay zonas industriales potentes que necesitan servicios adecuados, y una movilidad adecuada nos permitirá la diversificación por ejemplo hacia la economía azul", añadió.
Raúl Afonso señaló que el futuro pasa por la mejora de las infraestructuras básicas en un municipio cuyos barrios se encuentran diseminados. Esas mejoras deberán darse no solo en el plano de la movilidad, sino también en la implementación de alcantarillado en barrios a los cuales aún este servicio no ha llegado.
Despoblación y envejecimiento
Cuidar el medio ambiente, continuó Afonso durante su intervención, será clave para que Moya continúe recibiendo turistas interesados en la ecología o en el desarrollo económico del municipio en espacios como las queserías. La localidad deberá afrontar también la despoblación, ya que ha caído de los 10.000 a los 7.700 habitantes en los últimos años, y el envejecimiento. "La igualdad de la mujer rural será un aspecto clave a implementar en el municipio", destacó Afonso.
Una capital tan desarrollada como es Las Palmas de Gran Canaria, sin embargo, se marca como objetivo crecer como ciudad, explicó Hidalgo, y eso no significa crecer en población, "sino hacerlo de forma sostenible e impulsando la calidad de vida de los ciudadanos mejorando primero las condiciones de desigualdad que se generan". "Las Palmas de Gran Canaria debe tener proyección internacional y ser pujante sin perecer desde el punto de vista medioambiental; para ello el uso de las nuevas tecnologías es clave", manifestó.
Todos los alcaldes que intervinieron en la mesa redonda coincidieron en que la sostenibilidad debe jugar un papel fundamental en las políticas del futuro con medidas como el fomento de las energías renovables y la puesta en marcha del ciclo integral del agua. Sobre todo en una isla con importante falta de recursos.
Al acto acudieron todos los alcaldes a excepción de Dámaso Arencibia, alcalde de Valleseco, Francisco Perera, de Tejeda, y Santiago Rodríguez, de Santa Lucía de Tirajana, que no pudieron asistir por obligaciones con sus ayuntamientos.
