Entre los años 2000 y 2012, la superficie de Gran Canaria afectada por la presencia de vertederos ilegales se incrementó en casi 300 hectáreas. De ellas, unas 210 se propagaron en el sureste y 80 más en el noroeste. En total, se contabilizan 286 de estos basureros en toda la isla, una cifra que se estima que pueda seguir incrementándose en los próximos años si no se diseña un plan integral que luche contra la proliferación de estos espacios y que involucre a todas las administraciones.
Un vertedero ilegal es aquella superficie de más de 2.000 metros cuadrados que contienen alguna categoría de residuos sin ningún tipo de gestión durante al menos dos años, en el caso de los no peligrosos, o de un año, en el caso de los peligrosos. Sin embargo, esta es una definición consensuada entre las diferentes administraciones, ya que uno de los principales inconvenientes de esta problemática es que no existe una definición legal que los categorice.
El autor de este estudio es el doctor en Geografía por la Universidad de Sevilla Lorenzo Quesada, un galdense que hace unos años se planteó estudiar un nuevo tipo de cartografía y desarrollar una nueva herramienta que le sirvió, en la parte práctica, para estudiar la problemática de los vertederos ilegales en las islas de Gran Canaria y La Palma. Según el geógrafo, los resultados para ambos territorios le sorprendieron porque no esperaba ver que existieran tantos espacios de este tipo. Y recalca: "Sospecho que la situación es bastante parecida para el resto de Islas".
Según pudo observar durante su trabajo de campo, estos basureros y los residuos que en ellos se encuentran no dejan de ser "un reflejo de nuestras actividades" y relatan con fidelidad "la forma en la que vivimos y cómo desarrollamos nuestro día a día". De ahí que en Gran Canaria muchos de los vertederos estén acolmatados con plásticos, ya que la actividad agrícola en la Isla se ha encaminado hacia la agricultura en invernaderos, o que haya un mayor número de corrimiento de tierras debido a los trabajos urbanísticos que se han realizado en las zonas más turísticas y en las nuevas urbanizaciones.
Precisamente, el cambio en los usos del suelo es una de las patas que explica la proliferación de este tipo de superficies en el comienzo del presente siglo. Al calor del boom inmobiliario, muchas urbanizaciones se proyectaron en todo el panorama insular, pero un porcentaje nada desdeñable de ellas se quedó a medio construir, sobreviviendo en las parcelas aquel material de obra que nadie se llevó y que ahora recuerda la explosión de esa burbuja durante los años de crisis económica que vivió el planeta a principios de esta década. Es el caso, por ejemplo, del complejo residencial proyectado en Costa Canaria, cerca del Faro de Sardina, en Gáldar, o algunas de las que se pensaron para El Doctoral, en Santa Lucía.
Otra de las razones que explican la aparición de los vertederos ilegales tiene que ver con su ubicación. Según Quesada, suelen situarse "en espacios ocultos, pero al mismo tiempo accesibles". Es decir, en las periferias de los núcleos urbanos, cerca de zonas agrícolas que han quedado en desuso o en las inmediaciones de los polígonos industriales. Este es el caso de Arinaga, en Agüimes, cuya zona industrial presenta varios focos de residuos tanto en sus alrededores como en las parcelas que, estando en su interior, todavía no se han ocupado o gestionado por sus propietarios. En la punta de Gáldar, en cambio, sobresalen los basureros relacionados con la ya extinta actividad agraria de los invernaderos.
Las zonas turísticas tampoco se salvan. En los alrededores de El Tablero y El Veril, por poner dos ejemplos, también se pueden encontrar vertederos ilegales. "Estamos hablando de que el objetivo es hacer de Gran Canaria una ecoisla, por lo que es importante quitarle todos los residuos que haya, limpiarla, embellecerla, ponerla en valor. Si está ennegrecida por residuos, no solo afecta a la imagen turística que podamos dar, sino también a la calidad y la biodiversidad", explica el doctor en Geografía.Concienciación
Para resolver esta problemática, el geógrafo tiene claro que hay que fomentar una cultura más ecológica en la sociedad. El problema para él no reside en que haya poca cantidad de puntos limpios homologados, sino en la falta de concienciación de la gente. Una de las conclusiones de su estudio muestra que, al ver que una zona está descuidada y que empiezan a proliferar residuos, el primer impulso es seguir vertiendo basura en ese lugar. "Esos vertidos pueden atraer más vertidos", resume.
Además de una campaña de concienciación integral, Quesada cree oportuno que se incrementen los fondos destinados a paliar los vertederos ilegales, que se dote de más personal y más recursos económicos al Seprona y a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural de Gobierno de Canarias. También insta a las administraciones locales a ser más "diligentes" a la hora de requerir a los propietarios de las parcelas para que se hagan cargo de las mismas. Por último, propone un "plan institucional de embellecimiento" que hagan de un espacio mal gestionado un lugar útil para la sociedad. "Gran Canaria tiene un territorio muy reducido y el espacio útil y habitable también lo es. Que los vertederos nos sirvan como un banco de suelo para darle otra utilidad, y priorizar el uso de estos espacios antes de usar otros que no están degradados", comenta.
Ahora, quiere llegar un escalón más allá. Tras delimitar y enumerar los 286 vertederos ilegales que ha podido ver en Gran Canaria, ahora Quesada busca conocer cuál es la respuesta que dan las administraciones públicas a esta cuestión y la percepción social que existe. En los últimos meses, ha hecho medio centenar de entrevistas con técnicos municipales y concejales, y un 60% de ellos aseguran que no existen problemas de este tipo en sus pueblos y ciudades. El geógrafo achaca esta respuesta a la "vergüenza que les produce admitir que en sus municipios existe cierta suciedad". No obstante, muchos de ellos desconocen muchos de los lugares a los que hace referencia su tesis doctoral. De todos, solo uno de los entrevistados reconoció que en su término municipal se había llevado a cabo alguna campaña de concienciación específica sobre la cuestión.
