Tres sindicatos con representación en el Cabildo de Gran Canaria han recurrido las primeras convocatorias públicas para nombrar a los directivos de la institución al considerar que "vulneran" la ley y que los requisitos exigidos a los aspirantes son "un traje a medida o convocatorias ad hoc" para elegir a determinadas personas por sus afinidades políticas, no por sus méritos.

El gobierno tripartito de Antonio Morales, según los sindicatos CCOO, Sepca y SAP, ha aprobado unas bases que "impiden la concurrencia de los funcionarios de carrera que pueden legalmente acceder a la cobertura de tales órganos directivos".

También ha puesto unas condiciones generales y especificas de acceso a plazas que "son de lo más variopinto", con diferentes requisitos en la experiencia, la antigüedad o la titulación académica. El ejemplo más llamativo es que se pida un licenciado en Filología Clásica para el cargo de director insular de Cultura.

Los sindicatos incluso citan el caso del exconsejero Raúl García Brink, de Nueva Canarias, que figura como uno de los dos únicos candidatos preseleccionados para el puesto de coordinador técnico de Desarrollo Económico, Soberanía Energética, Clima y Conocimiento. Otros tres aspirantes a ese puesto quedaron excluidos por "no acreditar experiencia en el desempeño de órganos superiores o puestos de carácter directivo". García Brink, profesor de colegio hasta que fue elegido consejero del Cabildo en 2015, no revalidó el cargo en las elecciones de 2019 y actualmente es asesor en la Vicepresidencia del Gobierno de Canarias.

Infracciones

El recurso de reposición ante el Consejo de Gobierno del Cabildo, previo a la demanda en un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, pide la anulación de las cuatro primeras convocatorias realizadas por el gobierno de Morales en este mandato, por las "manifiestas infracciones del ordenamiento jurídico" y la "vulneración de manera palmaria" de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Las tres centrales sindicales, cuyos representantes aseguraron que el recurso también tiene el apoyo de UGT, solicita asimismo "la suspensión cautelar de la ejecución de los procedimientos recurridos, al basarse la impugnación no solo en causa de nulidad de pleno derecho previstas legalmente, sino por afectar al interés público y a los derechos e intereses legítimos de los funcionarios que pudieran acceder al puesto, así como a los propios aspirantes o nombrados que no se ajustarían a los requerimientos legales y que podrían sufrir perjuicios irreparables en el desarrollo de su carrera o profesiones".

El recurso se refiere a las convocatorias para nombrar a dos coordinadores técnicos -los de Desarrollo Económico, Soberanía Energética, Clima y Conocimiento; y la de Presidencia, Modernización e Innovación Administrativa- y dos directores insulares -de Cultura y de Servicios generales-, que ya están en marcha y alguna a punto de concluir.

El recurso recoge 13 alegaciones, que van desde el plazo de presentación de solicitudes hasta las funciones "inventadas" que tendrían que realizar los altos cargos elegidos. Así, en la primera impugnación los sindicatos sostienen que "no se justifica legalmente la premura de un plazo de 10 días naturales para la presentación de solicitudes, ya que no existe ley o derecho de la UE que lo establezca, como tampoco se justificarían razones de urgencia".

Respecto a las bases de la convocatoria pública, los demandantes señalan que "son contrarias a derecho por vulnerar el derecho fundamental recogido en el artículo 23.2 de la Constitución Española a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos".

Todas las bases, recalca el recurso, "lejos de constituir un modelo general que permita la mayor concurrencia de los funcionarios de carrera (...) resultan, por el contrario, muy diferentes, fijando como requisitos de acceso aspectos que, además de que deben de ser, como mucho, méritos a valorar (nunca requisitos para presentarse), varían mucho de una a otra convocatoria, sin que queden justificadas en absoluto las diferencias, pareciendo realmente trajes a medida o convocatorias ad hoc que, incluso, llegan a incorporar la atribución a tales órganos directivos de funciones propias de otros órganos y servicios de la corporación, incluso de habilitados nacionales".

La elección de altos cargos del Cabildo de Gran Canaria ha estado envuelta en la polémica desde el anterior mandato, con acusaciones de nombramientos "a dedo" entre dirigentes de NC o del PSOE que quedaron fuera de las instituciones. Varias de las designaciones de 2015 y de años posteriores fueron denunciadas por las asociaciones profesionales y anuladas por los tribunales en primera instancia, pero el gobierno presentó recursos ante el TSJC y esos altos cargos se mantuvieron en su puesto hasta las elecciones. En este mandato, el PSOE se opuso al incremento de esos altos cargos, de 19 a 25, pero quedó en minoría frente a NC y Podemos. Una docena de esos directivos están aún sin elegir.