El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de Las Palmas de Gran Canaria ha admitido un recurso del grupo de Podemos en el Cabildo de Gran Canaria y ha anulado el acuerdo adoptado en el Pleno de junio de 2018 por el que se apoyaba la celebración de una consulta popular sobre la ampliación del muelle de Agaete.
La sentencia no tiene consecuencias prácticas para el Cabildo, salvo el pago de las costas procesales, pero deja en evidencia las maniobras que realizaron en aquellas fechas los grupos de NC, PSOE y PP para no pronunciarse de una forma clara sobre el polémico proyecto del puerto de Las Nieves, pues de forma "contraria a derecho" forzaron una declaración de urgencia para poder votar una moción alternativa a las dos que habían presentado de manera correcta los grupos de Podemos y de Unidos, la primera para exigir que se paralizara el macromuelle y la segunda para apoyar su construcción.
Aunque la sentencia supone un varapalo judicial a la actuación del anterior gobierno insular de Antonio Morales -formado por NC, PSOE y dos tránsfugas del partido morado-, el actual gabinete ha decidido no interponer recurso de apelación y ejecutará la resolución del Juzgado. Podemos es ahora socio del gobierno tripartito de Morales.
La anulación judicial y la propia moción votada por el Pleno del Cabildo, que según la sentencia "tiene un carácter eminentemente político", no generan ningún efecto práctico, ya que el actual Gobierno regional y la entidad Puertos Canarios han frenado la ampliación del muelle y han iniciado el proceso para anular la adjudicación de las obras.
Nulidad
La demanda contencioso-administrativa contra el Cabildo fue interpuesta por Miguel Montero, entonces portavoz de Podemos en la corporación insular, y en ella solicitó la nulidad del procedimiento utilizado por el grupo de gobierno de Morales en el Pleno del 29 de junio de 2018 para aprobar una moción de favor de una consulta a los vecinos.
Podemos y Unidos presentaron sendas mociones a ese Pleno para reclamar, respectivamente, una declaración del Cabildo a favor y en contra del macromuelle. En esas fechas, tanto NC, como PSOE y PP tenían posturas contradictorias respecto a ese proyecto. Aunque habían apoyado la obra en el Parlamento de Canarias, empezaron a dar marcha atrás ante las protestas de los colectivos ciudadanos agrupados en torno a la plataforma Agaete Sin Macromuelle.
Para no votar las propuestas concretas de Podemos y Unidos, los consejeros del grupo de gobierno, y a remolque los del PP, presentaron el día antes del Pleno sendas mociones de urgencia en apoyo a la consulta, pero sin mojarse a favor o en contra.
En un bronco debate entre todos los grupos del Pleno, tanto Montero como el portavoz de Unidos, José Miguel Bravo de Laguna, advirtieron que utilizar la declaración de urgencia es ese caso suponía un incumplimiento de dos artículos del Reglamento Orgánico del propio Cabildo.
Días después, Montero acudió al Juzgado y argumentó, según se recoge en la sentencia anulatoria, que "la existencia objetiva de urgencia implica que existan situaciones excepcionales de premura en los asuntos que se van a debatir, que tal modo que estos no admitan demora alguna, lo que no existe en ese supuesto".
El Servicio Jurídico del Cabildo se opuso a la admisión de la demanda de Montero por dos motivos. En primer lugar, por considerar que el consejero de Podemos carecía de legitimación activa al no haber votado en contra del acuerdo de la moción impugnada, pues se abstuvo. Y segundo, por tratarse de una declaración política. Según la sentencia, los juristas del Cabildo alegaron que "las mociones se deben presentar con una antelación de seis días hábiles, si bien, atendiendo a la naturaleza eminentemente política del instrumento, y para favorecer el debate, se establece un régimen flexible que permita introducir mociones por el tramite de urgencia e incluso cambiar su contenido". El juez rechazó esos argumento y el Cabildo optó por no recurrir la sentencia.
